DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
CLASE XXXVIII
MONOGRAFIA
IMPLICANCIAS
DEL NARCOTRAFICO EN EL MEDIO AMBIENTE DE
AMERICA LATINA
CURSANTE
DR. HECTOR GRELA CARBAJAL
Médico Internista – Toxicólogo
Ministerio de Defensa – Uruguay
WASHINGTON, D.C., MAYO DE 1999
UN
INTENTO DE EVALUACION DEL TRAFICO DE DROGAS ILICITAS EN EL CONTINENTE
En la
primavera de 1980 un subcomité del Congreso de los Estados Unidos afirmo que
las actividades criminales organizadas, en particular el narcotráfico, se
habían convertido en un problema de seguridad nacional.
Por primera vez el subcomité de investigaciones admitió que la seguridad de
Estados Unidos era amenazada por una curiosa forma de subversión que no era
militar, ni ideológica, sino económica. Cuando el Presidente Reagan declaro su
“guerra” a las drogas a principio de los 80, Estados Unidos estableció una
nueva era de la diplomacia de la droga en su política exterior hacia América
Latina.
En una encuesta del New York Times/CBS News en marzo de 1988, el 48% de los
encuestados indicó que el tráfico de drogas era el asunto más importante de la
política exterior que enfrenta el país, contra un 22% para Centroamérica, 13%
para el control armamentista y 9% para el terrorismo. Cuando se preguntó si era más importante poner un alto al tráfico
de drogas o apoyar a los líderes centroamericanos contra el comunismo, fue
igualmente revelada que el 63% expresó la opinión de que detener el tráfico de
drogas era la máxima prioridad, mientras que solo el 21% creía que detener el
comunismo era lo más importante.
Durante 1988 varios factores se combinaron para renovar el interés en los
Estados Unidos con respecto a las drogas: la explosiva epidemia del crack y la
cocaína, acompañada por el incremento de la violencia y de las muertes
relacionadas con las drogas en muchas ciudades americanas, la preminencia dada
a las drogas por la campaña de la primera dama, Nancy Reagan – Just Say
No- y por el candidato demócrata Jesse
Jackson, durante la campaña presidencial, así como muchos políticos de ambos
partidos que le añadieron visibilidad adicional al asunto; el arresto, extradición
y juicio de un conocido capo de la droga Carlos Lehder; la acusación contra el
hombre fuerte de Panamá, Manuel Noriega y su continuo desafío a
Washington. Por último, la creciente
conciencia de los círculos políticos de Estados Unidos y de América Latina
acerca del potencial desestabilizante de los narcotraficantes en ésta,
reafirmaron el problema de la droga como un asunto de seguridad nacional en
Estados Unidos y en todo el hemisferio.
Siete países latinoamericanos y del Caribe dan razón del grueso de
marihuana, cocaína y heroína contrabandeadas a Estados Unidos desde el
hemisferio occidental cada año. Cerca del 90% de toda la marihuana importada
que entra al mercado de este país proviene de Colombia, Jamaica y México,
destacándose una producción local en ascenso.
De acuerdo e información oficial y a través del Centro de Inteligencia
de El Paso, en 1996 se confiscaron 478 toneladas métricas a lo largo de la
frontera del suroeste, lo que representa un incremento del 50% frente a
1995. La marihuana es la droga ilegal
más prevaleciente en los Estados Unidos, estimándose que 10 millones de
personas son consumidores activos de la misma.
Virtualmente toda la cocaína (1996-97. 400 toneladas métricas) que se ha
introducido clandestinamente se cultiva predominantemente en Colombia, Perú y
Bolivia, aunque han emergido también como productores de coca, Brasil, Paraguay
y Argentina, en menor escala.
Las actividades regionales de lucha contra la producción de drogas ilícitas
y en particular de la coca, materia prima de la cocaína, han logrado una
reducción neta del 9.6% en la producción total de coca en la región a través de
los últimos dos años.
Durante los últimos años, Estados Unidos, Colombia y Perú han concentrado
sus esfuerzos de interdicción en las aeronaves cargadas de drogas que vuelan entre
las regiones de cultivo de coca en Perú y Bolivia y los laboratorios de
elaboración en Colombia.
Como resultado de esta campaña y de los proyectos de desarrollo que
proporcionan alternativas económicas a los cultivadores de coca se ha
verificado una reducción en la producción de un 40% en el Perú y de un 15% en
Bolivia en los últimos dos años (97-98).
El progreso experimentado en estos dos países ha sido lamentablemente
contrarrestado por una expansión del 56% en el cultivo de coca en Colombia
durante el mismo período. Esta
expansión ocurrió principalmente en zonas controladas por la guerrilla y las
fuerzas paramilitares. Las campañas de
fumigación aérea con herbicidas sobre zonas muy amplias, pretende contrarrestar
esa tendencia, lo que no es novedoso y será motivo de análisis más adelante.
Se estima que en Estados Unidos 1996, hay 3.5 millones de personas
consumidoras crónicas de cocaína, y 1.7 millones de consumidores actuales.
Se entiende por “consumidor actual”, la persona que consumió una droga
ilegal, en el mes precedente a la entrevista y un “consumidor crónico” es una
persona que consume drogas ilegales en 51 o más días del año antes de la
entrevista.
México y Colombia son productores de heroína que llega al mercado
norteamericano para cubrir el consumo de 320.000 consumidores ocasionales y
850.000 consumidores crónicos.
La creciente disponibilidad de heroína de elevada pureza ha hecho que la
aspiración y el consumo en forma de cigarrillos sea ahora la modalidad más
comun de uso, a lo que se agrega un mayor consumo. Se ha sugerido en efecto, que la heroína esta siendo cada vez más
asequible en ciudades de los Estados Unidos.
La de alta pureza proviene de Asia y de Colombia y abunda en la mayoría
de las regiones del país. La heroína de
alquitrán negro mexicano, de pureza inferior, es más común en el suroeste.
Las organizaciones de narcotraficantes tratan de “lavar” 57.000 millones de
dólares al año, gastados en el mercado de drogas ilegales de los Estados
Unidos. Cuan profundo penetran las
organizaciones criminales dedicadas a la droga y cuanto se benefician de la
cadena de distribución por debajo del nivel al por mayor no se sabe, pero por
ejemplo, una organización criminal transnacional, como el Cartel de Medellín,
probablemente gana entre 4 y 6 millones de dólares anualmente en el tráfico de
cocaína, menos de la mitad del cual es repatriado.
El presupuesto nacional para Control de Drogas en los Estados Unidos
asciende para el año fiscal 1999 a 17.100 millones de dólares, del que se destinan
45 millones para apoyar a los países de la Cuenca Andina que participan en las
operaciones de interdicción y ejecución de la ley contra las drogas
ilícitas. Esta actividad pretende
ampliar los programas de erradicación de cultivos y desarrollos alternativos.
Los datos manejados hasta el momento, no lo han sido en forma antojadiza,
deben servir para ordenar una línea de pensamiento que desarrollaremos a
continuación, apoyada en hechos constatados en la investigación realizada. Ello impone estudiar fragmentariamente 30
años del fenómeno del tráfico de drogas ilícitas y su corolario de errores y
horrores para desembocar en el Encare Actude, asumido por los distintos países,
multilateral, más nacional y más ajustado al derecho internacional.
El 15 de julio de 1986, el gobierno de Estados Unidos envió una unidad de
combate del ejército (a la brigada de infantería 193, estacionada en Panamá)
con helicópteros Black Hawks a Bolivia para llevar a cabo la operación “Blast
Furnace” dirigida a localizar y destruir laboratorios y centros de producción
de cocaína. Tres meses antes, en abril,
Ronald Reagan había firmado la Directiva Presidencial número 221, declarando
que las drogas constituían una amenaza letal contra la seguridad norteamericana
y ampliando el papel de los militares en la lucha antinarcóticos.
En forma paralela, en el Congreso estadounidense se desarrollaban debates
en torno a la ley antinarcóticos de 1986; en medio de crecientes reclamos y
presiones se buscaba involucrar más directamente a la fuerzas armadas de
Estados Unidos en “la guerra contra las drogas”.
Se hace entonces evidente el viraje hacia una estrategia más punitiva y
represiva contra las drogas por parte del gobierno norteamericano; serán así la
criminalización y la militarización las
notas predominantes de la ofensiva estadounidense contra los narcóticos a
partir de ese año. Ambas tendencias
venían evolucionando desde comienzos de la década de los ochenta, pero se
escalarán.
La nueva ley antinarcóticos de 1986 incrementó el criterio de penalización
para el tráfico, distribución y consumo de drogas. El operativo “Blast Furnace” implicó un salto cualitativo y
cuantitativo en cuanto a la metodología de acción militar en el combate contra
los narcóticos. En una línea similar de
“replanteamiento” del papel funcional de las fuerzas armadas en el combate
contra los narcóticos para lograr más “efectividad” y menos “tensiones” entre
la población civil local y los militares, se escuchaban pronunciamientos en
Estados Unidos.
De acuerdo con la ley antinarcóticos de 1986 y con un Executive Order del
Presidente Reagan del 5 de mayo de 1987, se debía convocar a una comisión que
prepara un nforme para el primer mandatario en torno a cómo y con qué
instrumentos, confrontar el fenómeno de las drogas.
Se reunieron 127 personas del sector público y privado, expertos en salud y
justicia, congresistas, banqueros, educadores, sindicalistas y deportistas
entre otros. Este grupo presidido por
Louis Herrington, evaluó distintas iniciativas y produjo un informe final.
Una de sus recomendaciones principales en el área de la erradicación, y
respecto a la política estadounidense frente a los países productores, indicaba
lo siguiente –“concentrar los recursos para la erradicación en la destrucción
de centros de refinamiento y laboratorios de procesamiento en vez de la
destrucción de cultivos ilícitos y agregaba “no apoyar” la sustitución
de cultivos o programas de reemplazo de cultivos en el exterior con fondos de
Estados Unidos. En esta misma dirección
de “reubicar” el rol de las FF.AA. en la lucha antinarcóticos, se pronunció,
director asistente para operaciones de la D.E.A..
Por su parte, el Pentágono ha expresado sistemáticamente su renuncia a
verse implicado en la guerra a las drogas, en parte a causa de la preocupación
de que este desviara los fondos de su misión militar central de defender los
intereses de los Estados Unidos en el exterior y en parte por la preocupación
de que una extensión del rol militar podría exponer a las FF.AA de Estados
unidos a influencias corruptoras (1987
Gaspar Weinberger “Our Troops shouldn’t Be Drug Cops”).
En el terreno internacional 1988 será un año crítico para comprender la
evolución de la lucha antinarcóticos en Estados Unidos. Durante la campaña electoral los sondeos de
opinión mostraron que uno de los temas centrales, lo constituía el problema de
las drogas. Para ese año el Congreso
estadounidense estudiaba una nueva ley antinarcóticos. Y en esta cuestión, todos los actores
relevantes del proceso de toma de decisiones norteamericanas se mostraban
favorables con una “línea dura”.
Si desde Harry Truman hasta Ronald Reagan, nadie –en el Legislativo o el
Ejecutivo- quería parecer “soft” con relación al comunismo, en la década de los
ochenta quería ser identificado como “blando” en la “guerra contra las drogas”.
En síntesis, lentamente tomo preeminencia la política oficial
norteamericana que veía dibujándose años antes: escalar la militarización de la
lucha contra las drogas. Con el ascenso
al poder del Presidente George Bush esta tendencia se ahondó.
Para el segundo semestre de 1988, los indicadores acerca de como se venía
en Estados Unidos la “salida” al problema de los narcóticos, en particular en
Colombia, eran demostrativos de la creciente “visión Bélica” de este
asunto. La ley antinarcóticos aprobada
por el Congreso ese año, incluía 15 millones de dólares de asistencia para las
FF.AA de Colombia y 5 millones para la protección de jueces.
Hacía octubre, Thomas Mc Namara que se desempeñaba como Director de Antiterrorismo
y Narcóticos del Consejo de Seguridad Nacional, fue designado como embajador
norteamericano en Bogotá.
Para 1989, ya se había aprobado una asistencia militar norteamericana
superior a la de años anteriores y el Eximbank, es decir el Export-Import Bank
de Estados Unidos, garantizó 200 millones de dólares en préstamos para Colombia
destinados a la compra de material bélico, algo inusual en este banco que
concede garantías de créditos para exportaciones.
El gran tema era llevar “la guerra: al sitio medular del presunto origen
del problema, según la concepción dominante en los Estados Unidos. De allí el salto espectacular en el envío
estadounidense de material de guerra a Colombia; mientras en 1985 los recursos
de ayuda militar alcanzaban 800 mil dólares en 1989 llegan a 72 millones de
dólares, es decir un incremento del 900%.
Además el Plan Bennett contra las drogas anunciado por el Presidente Bush
(9/set/1989) propuso y decretó 76 millones de dólares en asistencia militar
adicional durante 1990.
Cuando el 18 de setiembre el Secretario de Defensa de Estados Unidos,
Richard Cheney declaró que el combate contra la drogas sería una misión de
seguridad nacional prioritaria para el Departamento de Defensa, quedaba sellada
la estrategia de militarización de “guerra contra los narcóticos”, en especial
por sus efectos para los países andinos en general y para Colombia en
particular.
El 20 de diciembre de 1989, el ejecutivo norteamericano ordenaba la
invasión a Panamá. El enfrentamiento
bélico contra las drogas, cobraba su primera víctima: no era el General Manuel
Noriega, sino el principio de no intervención-
Sin duda lo realizado, más allá de las mejores intenciones, era un acto
contra el Derecho Internacional.
Las administraciones de Carter y de Reagan toleraron a Noriega durante años
porque era un “elemento útil” a pesar de la creciente evidencia de que estaba
implicado con el narcotráfico. Fuentes
de inteligencia de Estados Unidos vinculaban al General Noriega con el tráfico
de drogas desde 1972.
Un estudio de 1985 revelado Estado fue tibia, el Pentágono no quiso
perturbar el equilibrio y la CIA se opuso activamente a hacer cualquier
cosa. Muchas manos en un plato…
En 1986 el Vicepresidente George Bush habló de un “verdadero vínculo entre
drogas y terrorismo”. En 1987 los
delegados de Estados Unidos en la Conferencia de Ejércitos Americanos,
celebrada en Argentina, sugieren la unión de ejércitos latinoamericanos contra
el “narcoterrorismo”.
En mayo de 1989, el Instituto de Estudios Estratégicos con sede en Londres
informa que “el narcoterrorismo esta a la par del comunismo como amenaza a los
intereses occidentales en América Latina.
Así “los Estados Unidos debe
realizar todo esfuerzo “para … “lograr el acuerdo de establecer y operar una
fuerza antinarcóticos en el hemisferio occidental…” y están dispuestos a
suministrar el equipo, entrenamiento y recursos financieros, para apoyar el
establecimiento y operación de esta fuerza antinarcóticos” (Ley de Drogas
Norteamericanas de noviembre de 1988).
OTROS INSTRUMENTOS DE LA
POLITICA ANTIDROGAS DE LAS ADMINISTRACIONES NORTEAMERICANAS APLICADAS EN LATINO
AMERICA
La fumigación con fiticidas (herbicidas) ha sido uno de los temas más
controvertidos en la lucha contra la erradicación de cultivos ilícitos, en
razón de la toxicidad de los mismos para el ser humano y por su acción
destructiva de los ecosistemas.
Hacía 1978, Colombia se había convertido en el primer productor y
exportador de marihuana con destino a Estados Unidos. Se calculaba para la época que existían entre 25.000 y 30.000
hectáreas cultivadas.
Paralelamente durante la administración Carter, las piezas claves de la
política antinarcóticos internacional de Estados Unidos, eran la interdicción y
la erradicación.
La desrupción del contrabando de drogas ilícitas tenía una dimensión de
problema de frontera: evitar su ingreso a territorio norteamericano y
comprometer a los países productores y aquellos utilizados como fuente de
tránsito, en la tarea de mejorar los sistemas de control y la represión de la
salida de drogas.
Desde los 70, el esfuerzo por erradicar manualmente las plantaciones de
marihuana ya no era percibido en Washington como suficiente y positivo. La Casa Blanca y el Congreso comenzaron a
coincidir en la necesidad de utilizar herbicidas para terminar con los
cultivos, tanto de marihuana como de opio.
La presión del Presidente Carter para hacer más firme el compromiso
gubernamental colombiano contra las drogas ilícitas, se incrementó visiblemente
en el segundo semestre de 1978.
Junto a Carter, el Director de la D.E.A. (Drug Enforcement Administration),
Peter Bensinger, comenzó a insistir en la necesidad de mano dura contra el
tráfico de drogas, fenómeno que definió como de “seguridad nacional” para
Colombia; lo cual irritó a funcionarios nacionales que verán en esa opinión una
muy poco delicada intromisión en asuntos internos.
En Latinoamérica la táctica de erradicar por vía de desfoliantes se
manifestó en dos casos: México y Jamaica.
En particular en México, la llamada “Operación Cóndor”, diseñada a
mediados de los 70, condujo a la erradicación de las plantaciones de marihuana
(acompañadas de labores de interdicción México-norteamericana) lo cual fue
presentado como “éxito” resonante en la lucha contra las drogas.
De hecho los resultados iniciales parecieron muy alentadores: reducción del
área cultivada, disminución de las exportaciones a Estados Unidos e
interrupción temporal de los canales de acceso al mercado norteamericano.
Para finales de la década la proporción de oferta de marihuana mexicana en
Estados Unidos se redujo al 10%; sin embargo para mediados de los 80 volvió a
representar el 35%.
Un factor que ayudó a la caída de las importaciones de marihuana mexicana
fue la actitud del consumidor norteamericano al tratar de evitar la droga
rociada con parquat, capaz de inducir severos problemas de salud.
El auge marihuanero en Jamaica data desde 1980, año en que tomo las riendas
gubernamentales Edward Seaga –el decía “debemos darnos cuenta de que la ganja
es un producto primario de exportación en Jamaica, cuyas posibilidades de
exportación son aún mayores que las de bauxita”.
La “excelente” experiencia mexicana y la de la “operación Bucanero” en
Jamaica, motivaron al gobierno norteamericano a persuadir a Colombia de seguir
aquellos ejemplos.
En aquel momento en el propio seno de la sociedad norteamericana se suscitó
un debate en torno al uso del paraquat y la polémica en cuanto al costo de su
utilización (se calcula que para la operación mexicana, el aporte fue superior
a los 12 millones de dólares).
Por otra parte hacia 1979-80 aún estaba en vigencia la Enmienda Percy a
nivel del Congreso estadounidense, de acuerdo con lo cual se impedía la
asistencia externa de recursos norteamericanos, para ser usados en la
aplicación de herbicidas prohibidos
domésticamente.
En resumen, el gobierno colombiano de la época, la comisión que este nombró
con calificados científicos para estudiar y evaluar la utilización de
herbicidas y la decisión posterior del Consejo Nacional de Estupefacientes se
rehusaron a poner en marcha un programa masivo de erradicación con paraquat,
pese a la insistencia de la administración de Carter.
Aunque en 1981, el legislativo norteamericano derogó la enmienda Percy y
las presiones del gobierno del ahora presidente Reagan, se redoblaron en
materia de fumigación química, Colombia no cambió su conducta. En realidad el ejecutivo colombiano tenía
muchos elementos a su favor para probar “su mano dura” contra las drogas, y su
estrecha colaboración con Washington en varias dimensiones de la lucha
antidrogas (administración Turbay Ayala).
Durante la administración Betancourt Cuartas, después de negativas previas,
el 22 de marzo de 1984, el gobierno conservador modificó su posición y para
evitar la polémica que había generado la eventual utilización del paraquat, se
opto por otro producto –el glifosato-.
En síntesis en pleno uso de la autodeterminación, se adoptaba la sugerencia
norteamericana de fumigar, pero se contemplaba una opción “colombiana” de
fumigación via otro desfoliante, el cual, presuntamente, causaba menos daño.
Resulta altamente ilustrativa la consulta de los Anales del Congreso
colombiano –1986- donde la argumentación científica contra la utilización de
agresivos químicos es por demoledora altamente dolorosa. Las comisiones legislativas nortemericanas
que visitaron en varias ocasiones el país reiteraban su respaldo y
reconocimiento a las labores de fumigación ejecutadas por el gobierno
colombiano.
La cobertura de fumigación con herbicidas llegó a 12.000 hectáreas. Estas acciones condujeron a que el área de
marihuana cultivada se redujera y a que las exportaciones a Estados Unidos
descendieran.
Colombia parecía seguir la “exitosa” experiencia mexicana. Los comentarios elogiosos de las autoridades
norteamericanas se multiplicaban: US Congress, Select Committee, Narcotics
Abuse and Control 1985.
Hacia 1985 según estimativos del Departamento de Estado solo se habían
cultivado en el país 8.000 hectáreas de marihuana. La oferta del producto colombiano –que había sido el 80% del
total ingresado a ese país- disminuyó al 22% para ese año.
No obstante, en 1988 Colombia habría de convertirse nuevamente en el
principal exportador de marihuana a Estados Unidos, con una producción cercana
a las 8.000 toneladas métricas.
De hecho, el “gran triunfo” fue pirrico –la fumigación había dado
resultados parciales alentadores, pero la producción ya se movía de la costa
Atlántica al departamento del Cauca, donde el rendimiento por hectárea
aumentaba de 1,1 tonelada métrica por hectárea a 3,5).
Se redujeron las dimensiones de los campos cultivados con marihuana y se
incentivó su producción, como camuflada con cultivos lícitos.
Ahora bien, si la fumigación química de marihuana en Colombia no arrojó
resultados satisfactorios ni permanentes; en el área de erradicación de coca
con herbicidas las conclusiones no fueron más alentadoras.
A partir de 1984 y con el apoyo norteamericano –la Dow Chemical
Corporation- pone a disposición para ser usado en Colombia el herbicida Garlon
4.
En 1986 se optó por discontinuar esta práctica y “coincidentemente” la
compañía del herbicida decidió rehusar su provisión a Colombia por temores
serios de que se iniciaran demandas por su utilización. Los datos en los que se podría abundar son
realmente espeluznantes y se alejan del objetivo final de este estudio véase US
General Accounting Office, Drug Control US –Supported Effort in Colombia And
Bolivia. Washington, DC. Government Printing Office 1998 y Clifford
D. May “U.S. Secretary Grows Coca To Find Way to Destroy Cocaine’s. Source The New York Times, 12 June 1988.
En 1986 el presidente Virgilio Barco hereda una situación más intrincada y
preocupante que las dos administraciones anteriores en cuanto al tráfico
ilícito de drogas.
Los ingresos del país por concepto del negocio de la cocaína se estimaban
en 2.000 millones de dólares anuales.
La renta anual de los traficantes se calculaban en US$40.000
millones. El 80% de la cocaína y el 25%
de la marihuana consumida en Estados Unidos era provista a mediados de la
década, por delincuentes colombianos.
Los indicadores de la demanda norteamericana no mostraba un descenso del
consumo (aproximadamente 30 millones de consumidores de los diversos
estupefacientes, sicotrópicos y aluginógenos).
Socialmente y de acuerdo con distintas regiones, la penetración de los
carteles era creciente. Políticamente
por medio del soborno, la intimidación, el uso directo de la fuerza y la
cooptación, la presencia y la proyección del negocio de las drogas se manifestaba
en franco ascenso y consolidación.
Además, la violencia generada por este fenómeno se multiplicó después de
la ejecución de la extradición en 1989 –y se incrementó visiblemente a través
de las organizaciones paramilitares con centros de operación en diferentes
regiones del país. La presencia de la guerrilla será tratada más adelante.
El presidente Barco preocupado por las dimensiones impresionantes que
asumía el problema, creía necesario abordar el fenómeno en todos sus aspectos.
Se pensó que la fumigación debía continuar en cuanto a la marihuana
mientras se impulsara la erradicación manual de la producción de coca. Desde el INDERENA (Instituto Nacional de
Recursos Renovables del Ambiente) Ministerio de Agricultura, se denunció la
devastación de reservas ecológicas, con pruebas incontentables. En 1987 se intensificaba la fumigación áerea
con glifosato alcanzando a 10.500 hectáreas de marihuana.
En ese momento los reclamos de la población en varias regiones donde se
llevaba a cabo la erradicación se multiplicaban, no solo por las consecuencias
ecológicas, sino también por la carencia de programas de sustitución de
cultivos, de envergadura, que hicieran frente a la pérdida de cultivos de
productos ilícitos que resultaban más rentables.
La política de erradicación-fumigación manual y áerea- no parece ofrecer
resultados prácticos y para 1989-90 su lugar en la estrategia colombiana
antidrogas pierde notablemente su gravitación.
El centro real de la guerra contra la producción y el tráfico de drogas,
se ubicará en el campo militar y en la aplicación de la extradición.
- LA EXTRADICION Y LA CERTIFICACION
Bajo la administración Turbay Ayala, se comenzó con la tarea de
confeccionar un instrumento jurídico bilateral que contemplase la posibilidad
de extraditar nacionales de uno y otro país a su contraparte.
Colombia era participe de 14 tratados de este tipo en los cuales en 10 se
prohibía la extradición de nacionales y en 4 era facultativa o no obligatoria
(Brasil, Chile, Gran Bretaña y España).
Es decir que el argumento de la soberanía estaba en juego, al menos en la
posibilidad de sentimientos nacionalistas que podrían surgir de las disputas
jurídicas. El recurso a esta
posibilidad según la opinión de los connotados juristas colombianos tenía
varias consecuencias: - implicaban una desconfianza casi total respecto a la
aplicación de las leyes en Colombia; presumía que ese instrumento habría de
contribuir decisivamente a la reducción del tráfico y consumo de drogas, abría
la posibilidad a una enorme discrecionalidad por parte del gobierno de los
Estados Unidos para determinar que ciudadanos (y por cuales delitos) podían
llegar a solicitarse en extradición; sugería que solo la ley estadounidense era
eficaz y correcta para el juzgamiento de las personas vinculadas al tráfico de
drogas; colocaba un parámetro unilateral de medida para verificar el compromiso
o no de las autoridades colombianas en la confrontación contra las drogas;
alentaba la lógica de “law enforcement” como la prioritaria para enfrenta la problemática
de las drogas; internacionalizaba –de hecho-
todos los aspectos –tanto los externos como los “nacionales” del
problema de las drogas, reduciéndose los márgenes de “acción interna” del
gobierno colombiano en esta materia; conllevaba a aceptar el:
“diagnóstico” y el “recetario” de
alternativas norteamericanas para combatir el asunto de las drogas en este y
otros terrenos de la lucha antidrogas, y ponía en entredicho el significado de
la soberanía nacional en “la guerra contra las drogas” a favor de una
racionalidad que, de facto, proponía la noción de soberanía limitada para el
tratamiento de esta cuestión.
Finalmente por medio de la ley 27 del 3 de noviembre de 1980, se le dio
sanción al tratado. El presidente Turbay debió usar todo el peso de su
capacidad de maniobra, persuasión y presión para lograr la aprobación.
El Tratado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos entró en su vigor
en marzo de 1982.
Desde el principio de la gestión presidencial de Belisario Betancourt, el
gobierno de Reagan comenzó una intensa política de persuasión y presión en
torno a la aplicación del Tratado.
Según afirmaciones del presidente Bush, la intervención del sistema penal
en la resolución de los conflictos presentados en materia de drogas no es
motivo de discusión. Las dudas se
plantean, pero a propósito de las particulares formas de administrar la
justicia en países como Colombia, Perú, Bolivia, etc.
Los argumentos que en estas “democracias débiles” la justicia es corrupta y
que por lo tanto es necesario recurrir al apoyo de las “grandes democracias” a
través de sus sistemas penales. La
figura de la extradición se convierte así, en el instrumento ideal para la
represión oportuna y eficaz. (discurso
de Bush en el tiempo 21/1/89)
El 13 de noviembre de 1983 por resolución ejecutiva 217 apoyado en
argumentos jurídicos y con el claro tono nacionalista, el presidente Belisario
Betancourt negó la extradición de Emiro de Jesús Mejía. El gobierno dejó en claro que no se había
violado el tratado existente con la decisión de no extraditar nacionales.
El embajador norteamericano en Bogotá fue enfático “si nosotros vamos a
colaborar juntos para la lucha contra esos sujetos, Colombia tiene que colaborar recíprocamente y eso
incluye la extradición”.
La molestia norteamericana hacía el manejo del problema de las drogas dado
por el gobierno Betancour, se efectivizó en el informe negativo de una Comisión
de la Cámara de Representantes, y en la traba de exportaciones de algunos
productos perecederos, y en las medidas punitivas contra aviones colombianos.
En forma concordante en nivel legislativo se adoptaron iniciativas como el
PUBLICLAW 98-169 conocida como la enmienda Hawkins – Gilman que establecía el
requisito de la presentación de un informe anual al legislativo por parte del Bureau of International Narcotics
Matters del Departamento de Estado sobre el cumplimiento y compromiso de los
países en la lucha contra las drogas.
Este informe serviría de base para cortar la asistencia a las naciones
que no demostraran notoriamente su esfuerzo y dedicación en la lucha contra las
drogas.
Como era de esperar hacia finales de 1983 y principios del 84 las
relaciones oficiales entre Colombia y Estados Unidos pasaron por uno de los
momentos más difíciles y tensos de esa década.
En 1986 Estados Unidos negó 8.7 millones de dólares en ayuda económica y
militar a Bolivia por su fracaso en la erradicación de 4.000 hectáreas de coca
a finales de 1985. (Joel Brinkley “Bolivia Asks us for Big Loan To Make Up Last
Cocaine Income- The New York Times Julio 31, 1986)
Acontecimiento de violencia extrema y en particular el asesinato del
Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla (30 abril 1984) ponen en marcha una
serie de medidas tomadas por el presidente Betancourt, que decide la aplicación
del Tratado de Extradición entregando al gobierno de los Estados Unidos cinco
traficantes, entre ellos el tristemente muy conocido capo Carlos Lehder.
A partir de ese momento, con amplios sectores de la opinión pública a
favor, la evidencia de una problemática interna creciente en cuanto a
corrupción, intimidación, violencia, consumo de drogas – el presidente
enfrentaba además dificultades adicionales en materia económica.
El Tratado de Extradición se transformaría en la piedra angular de la
política antidrogas tanto para Bogotá como para Washington. Sin duda la utilización del mismo por la
administración Betancourt, mejoró la imagen colombiana entre los secctores
decisorios en Estados Unidos.
Cuando en abril de 1985 Belisario Betancourt visita Washington, las
relaciones pasaban por un momento de armonía y distensión; Colombia logra
garantizar la consecución del denominado crédito jumbo –acompañado de la
monitoría del FMI- mientras el ejecutivo asegura el mantenimiento de la
estrategia antidrogas usada desde 1984.
La aplicación de la extradición si bien había tendido un puente entre los
dos gobiernos, no modificaría los problemas de violencia y corrupción y el
flujo de droga hacía Estados Unidos no disminuiría.
El gobierno de Virgilio Barco se queda en muy corto plazo sin el
instrumento del Tratado cuando la Suprema Corte de su país declara la
inexequibilidad de la mencionada ley para vicios en su creación y trámite.
Entre enero y junio de 1989 la violencia provocada por el sicariato del
narcótrafico produjo 1216 asesinatos de civiles y 156 de funcionarios.
El 18 de agosto de 1989 haciendo uso de “estado de sitio” el decreto 1860
autorizaba la extradición por delitos de narcotráfico y conexos, estableciendo
a tal efecto un procedimiento administrativo.
La Corte Suprema se pronunció favorablemente sobre el decreto 1860 del 3
de octubre.
La administración Barco efectuó catorce extradiciones hasta mediados de
febrero de 1990. Si bien resultaba
plausible la tesis que la extradición se había convertido en el mecanismo más
“temido” por los delincuentes de la droga, también era cierto que ese recurso
no resolvía el problema del negocio de la droga ni la violencia derivada del
mismo.
El valor de cualquier instrumento de poder se debe medir por los objetivos
que pretende lograr.
Luego de 28 extradiciones entre enero de 1985 y febrero de 1990, debería
haber sido lógico observar la eficiencia de su aplicación con relación a las
metas que se habían deseado obtener.
Una solución práctica podría haber sido elaborar algunos parámetros para
evaluar los resultados a través de ellos.
Por ejemplo:
¿Había significado la extradición, la reducción de la entrada de droga a
Estados Unidos?
¿Había tenido un efecto positivo en cuanto a la disminución del consumo de
drogas en Estados Unidos, en particular las procedentes de Colombia?
¿Había apuntado el fortalecimiento de la justicia colombiana el traslado de
los casos de tráfico de drogas al aparato jurídico norteamericano?
¿Había servido para desmantelar el negocio doméstico de las drogas?
¿Había resultado ventajoso su utilización para eliminar las manifestaciones
paramilitares del tráfico de drogas?
¿Había coadyubado a reducir los niveles de violencia nacional?
¿Había incidido en el debilitamiento político, social y económico del
tráfico de drogas?
¿Había ayudado a fortalecer un manejo soberano y digo del problema de las
drogas?
¿Había influido en la aparición de un concenso social y político en torno a
una lucha contra el tráfico de drogas?
¿Había propiciado en la percepción ciudadana, que su uso era una solución
factible de la problemática de la droga?
Resulta difícil encontrar algun indicador que demuestre que alguna de estas
consideraciones fueron seriamente evaluadas o siquiera contempladas.
En enero de 1990 una “comisión de notables” compuesta por los
ex-presidentes Alfonso López, Julio C. Turbay, y Misael Pastrana Borrero, el
arzobispo de Colombia Mario Revollo y otros, hicieron un llamado a los
traficantes –para liberar a secuestrados y para suspender sus embarques de
drogas hacía el exterior, gestos que los haría acreedores de un tratamiento
menos riguroso, que si insistían en procedimientos criminales.
El 16 de enero los traficantes respondieron con un comunicado que hicieron
llegar con la liberación de secuestrados – “aceptamos el triunfo del Estado …
Depondremos las armas y objetivos de lucha, nos acogemos al ordenamiento legal
vigente con la esperanza de obtener del gobierno y de la sociedad el respeto
por nuestros derechos y el reintegro a nuestras familias”.
“Nos ofrecemos como mediadores para obtener la paz con los grupos de
esmeralderos, de los llamados paramilitares, y con los grupos denominados
bandas de sicarios… hemos decidido suspender el envío de droga y entregar las
armas, los explosivos, los laboratorios, las pistas clandestinas … hemos
ordenado la suspensión de todo tipo de ejecuciones de líderes políticos,
funcionarios gubernamentales y gremiales, funcionarios judiciales, periodistas,
policías y militares.-
Se conocieron entonces opiniones del presidente Bush, insistiendo en “ganar
la guerra a los narcos”
Las declaraciones del presidente Barco al culminar la Cumbre de Cartagena
(16 feb 90) dejó en claro, que no había ni habrían diálogos.
El error estratégico crucial fue creer en la existencia de un espacio para
“derrotar el enemigo” y no para “contenerlo”.
Primó una vez más la lógica de la guerra, que solo ha servido para
retrasar el país y ampliar en forma alarmante los niveles de impunidad ante la
exacerbación de la violencia en Colombia y en otros países de Latinoamérica.
Los pueblos debieran poder al finalizar el siglo, ejercer casualmente
niveles dignos e --- de autodeterminación – y no tolerar ingerencias indebidas
en asuntos internos – que menoscaben la dignidad nacional.
Hemos visto que la certificación es un proceso unilateral para evaluación
punitiva que realiza Estados Unidos. La
misma determina que el presidente de los Estados Unidos tiene que informar
anualmente al Congreso, a más tardar el 1o. de marzo sobre el desempeño de los
países en la lucha contra las drogas.
La evaluación la realizan los ministerios competentes y agencias
especializadas como la D.E.A. y la C.I.A. y puede derivar en sanciones
económicas para el país descertificado.
-NARCOGUERRILLA –
NARCOPARAMILITARISMO Y SEGURIDAD CONTINENTAL
Desde
comienzos de los años 80 algunas autoridades norteamericanas habían comenzado a
manejar el tema de la “narcoguerrilla”.
No fue sino hasta abril de 1984 que la teoría de la narcoguerrilla se
empezó a consolidar. A mediados de
marzo de ese mismo año, la policía antinarcóticos, en la que fue calificada
como la mayor operación realizada en el mundo contra las drogas, allanó una
gigantesca planta procesadora de cocaína, ubicada en los márgenes del rio Yarí. Allí se encontraron cerca de 10 toneladas de
cocaína cuyo valor se estimo en 8.000 millones de dólares. Se aseguró que dicho laboratorio pertenecía
al clan Ochoa y a Pablo Escobar y que estaba protegido por las FARC.
Por esos
mismos días el entonces embajador de los Estados Unidos en Colombia, Lewis
Tambs, amnifestó que “las FARC tenían grandes cultivos de coca en las selvas
colombianas de cuya comercialización obtuvieron 9.000 millones, que dedicaron a
la compra de armamento”.
Un acta del
senado de los Estados Unidos de fecha 21/3/84 afirma que el embajador Tambs
informó al senador Jesse Helms que “la embajada estadounidense en Colombia
había participado con el gobierno colombiano, en la mayor captura de cocaína en
el mundo, por el valor de 1,2 billones de dólares en una planta procesadora que
estaba protegida por las guerrillas comunistas”.
Poco después,
el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en informe al senado, afirmaba
la existencia de relaciones de cooperación entre la mafia y la guerrilla.
A partir de entonces
cuando el tema laguidecía, la toma del Palacio de Justicia por el
M-19 en 1986,
volvió a darle actualidad al tema. El
Ministro de Justicia de entonces, manifestó a la opinión pública que el comando
del M-19 había sido financiado por los traficantes, con el propósito de que se
destruyeran los expedientes judiciales en que aparecían vinculados los
principales jefes mafiosos del país.
Esta
información nunca pudo ser demostrada y por el contrario la investigación
adelantada por la Procuraduría concluyó que no existía evidencia alguna sobre
la financiación del copamiento con dineros calientes, ni tampoco sobre la quema
selectiva de expedientes de narcotraficantes por parte del M-19.
Lo que si se
ha verificado es que hay regiones de cultivo donde la guerrilla ejerce el
control territorial y cobra un porcentaje del 10% a cultivadores y traficantes
a cambio de mantener la seguridad y el orden.
Estos arreglos
fueron inestables para narcotraficantes y guerrilla; en 1986 estalló una
confrontación entre la fuerza paramilitar organizada por Rodríguez Gacha y
frentes de las FARC que operan en Caquetá.
Jaime Pardo
Leal, Presidente de la UP (Unión Popular) denunció públicamente la alianza
entre miembros del narcotráfico y paramilitares en asociación con miembros
pertenecientes a ese partido político.
El asesinato
en octubre de 1987 de Pardo Leal por órdenes del Cartel de Medellín, selló
definitivamente la ruptura entre la mafia y las FARC. En suma –en la actualidad los narcotraficantes más poderosos
lideran una alianza cuya manifestación visible es la acción de grupos
paramilitares. Su existencia es la
convergencia de cuatro factores principales:
1)
La política
de contrainsurgencia encaminada a crear grupos de autodefensa financiados por
los propietarios más pudientes en regiones afectadas por las guerrillas.
2)
La ruptura
de los acuerdos de cooperación que durante 5 años mantuvieron las FARC y
algunos jefes del narcotráfico y el conflicto armado que se desató entre ellos.
3)
La creciente
financiación y dirección de los grupos paramilitares por parte de los
narcotraficantes más poderosos quienes los han orientado a tareas represivas e
intimidatorias contra la población de las regiones donde han expandido sus
territorios.
4)
La
cooperación que algunos sectores de las FFAA y policía han prestado a las
actividades de represión emprendidas por los paramilitares..
En síntesis el
MAS (Muerte a Secuestradores) ente organizado y financiado por los
narcotraficantes para enfrentar las pretensiones de los grupos guerrilleros, se
desdibujó y se convirtió después en muerte a todo el mundo” dando origen a la
modalidad delictiva conocida como los paramilitares.
Los
movimientos guerrilleros existen y actúan en distintas zonas del país no
constituyen un CARTEL de la droga de acuerdo a nuestra opinión.
-PRODUCCION DE DROGA – AFIANZAMIENTO – VIOLENCIA Y
EXPANSION TERRITORIAL
La violencia y
el afianzamiento y expansión de la producción y tráfico de drogas es un
fenómeno asimilable a casi todas la zonas productoras de Latinoamérica.
Se puede
concluir que la economía de la cocaína por ser un negocio ilegal, tiene riesgos
aumentados, pero más aún el margen de ganancia. En esas condiciones los beneficios que se obtienen con poco
capital no son comparables a los vigentes en la economía legal.
La mayoría de
los campesinos que han visto en la siembra de coca por primera vez la
oportunidad de huir de la pobreza de la economía de subsistencia han recibido
siempre el pedazo más pequeño de la torta.
En cambio los exportadores, siempre y cuando puedan colocar su
“mercadería”, embolsan extraordinarias ganancias y esto aún más en tanto ellos
mismos controlan varios escalones de la cadena de producción y distribución.
Las altas
oportunidades de ingresos y ganancias y el potencial de violencia son los
principales medios para regular las relaciones internas del negocio y obliga al
silencio al gran círculo de participantes en el mismo; la guerra de los
carteles muestran que la violencia es también implantada para incidir en la
competencia.
Quien dispone
entre los traficantes, de grandes recursos económicos, dispone por lo general
de su equipo de coacción, para garantizar su seguridad así como imponer y
garantizar las condiciones del negocio.
Pero no solo
las relaciones internas del ramo son reguladas por medio del dinero y la
violencia; la corrupción, la extorsión y la violencia son implantadas para
neutralizar el embargo y la persecución penal y para crear grandes sistemas de
complicidad.
Los asesinatos
de jueces, políticos y periodistas han hecho de la economía de la cocaína y
especialmente de la individualización y persecución de los capos un tema
prohibido.
Pero no solo
los factores dinero y violencia son los que aseguran el negocio, no hay que
pasar por alto la efectividad de otros mecanismos sociales que ayudan a la
protección contra la represión política y legal – el mecenazo ejercido ante los
pobres, el doble papel de delincuentes traficantes de drogas- y capitalistas
legales enraizados en la economía legal
como socios de negocios y finalmente la posibilidad de ganar influencia en la
política, al menos como financistas y contar con apoyo político contra medidas
de represión tales como confiscación de bienes e incluso extradición.
Esta
particular ambivalencia de la situación
social es especialmente clara en su papel activo en la “guerra sucia”; actuando
como nueva clase terrateniente que con tolerancia o con apoyo activo de otros
terratenientes son centro de organizaciones como hemos visto de grupos
paramilitares.
La expansión
de la siembra de coca a través de pequeños campesinos tiene su base directa en
la atrasada infraestructura social y política de muchas regiones
latinoamericanas, lo que induce a los campesinos a una economía de
subsistencia.
El negocio del
tráfico de drogas tiene en resumen un doble impacto en el desarrollo de
conflictos sociales –como productor de una nueva fuerza opera como un canal de
ascenso social y económico para algunos grupos de población, con lo cual se
crea una via de escape a conflictos de distribución de ingresos, que de otra
forma exigirían la realización de reformas; como inversión de capital,
especialmente en tierras, asume agresivamente su rol como adversario de quienes
pretenden la realización de reformas sociales.
Como hemos
venido diciendo los márgenes de control estatal a los aspectos nacionales del
negocio del tráfico de drogas son limitados por tres ordenes de factores:
a)
la
complicidad difusa pero efectiva de propietarios de tierras, empresarios y
banqueros que aprovechan el flujo de capital proveniente del negocio,
b)
la
ineficiencia de la represión estatal que los delincuentes aseguran mediante el
soborno, cooptación e intimidación,
c)
por las
limitaciones que se derivan de la existencia de una alianza práctica y
clandestina motivada por comunes intereses ante subversivos que comparten
algunos estamentos del régimen político, algunos traficantes de drogas, grupos
y personas de las FFAA y algunos propietarios y empresarios.
Un fenómeno
distinto al del poder territorial del tráfico de drogas, es la protección de
cultivos de coca por campesinos. La
planta de coca es poco exigente en cuanto a la calidad del suelo y condiciones
climáticas; el ecosistema americano es por lo tanto apto para su cultivo,
mientras que la mayoría de los productos agrícolas sufren disminuciones
radicales de productividad luego de dos o tres años del desmonte de la selva.
La economía
campesina legal es una empresa destinada a resultados malos, por los altos
costos del transporte entre otros motivos.
Los cultivos de coca han conducido a acentuar las situaciones de
monocultivo y han causado un desordenado proceso de urbanización de algunos
poblados cuyo número de habitantes fluctúa según lo hacen los precios de la
coca.
No queremos
cerrar este capítulo sin mencionar el impacto del crecimiento de la economía
subterránea en los países productores en lo referente a la industria ilegal de
la droga.
Sin duda esta
industria ha contribuido a un incremento sustancial de los ingresos nacionales,
pero también ha generado efectos negativos que exceden a cualquiera de los
efectos positivos que pueda tener.
El auge de la droga ha lesinado el desarrollo
de las actividades agrícolas y manufactureras; ha bajado la calidad de las
inversiones, puesto que ellas han sido orientadas cada vez más hacia el corto
plazo; ha debilitado las instituciones del gobierno y ha corroído el respeto
público por su eficacia y finalmente ha socavado la capacidad de los países
para continuar por la senda de un crecimiento estable o para competir en los
mercados internacionales en el futuro.
-
IMPLICANCIAS DEL TRAFICO DE DROGAS EN LA SEGURIDAD
CONTINENTAL
En este
desarrollo entiéndase por hemisféricas, aquellas realidades que involucran a
América Latina – Canadá y los Estados Unidos; por regional, aquellas
situaciones que involucran a estados latinoamericanos y por subregional
aquellas circunstancias y realidades que implican a solo algunos de los estados
americanos, en espacios regionales circunscritos.
Existe una
diversificación de los enfoques e interpretaciones del tema de la
seguridad. Para nosotros la seguridad
existe cuando se evidencia que lo esencial en un determinado sector de la
actividad humana, está funcionando concreta y regularmente, sin perturbaciones
sensibles. Será causa de inseguridad,
la evidencia de un mal funcionamiento grave.
Más allá es, la condición de existencia y de preservación de un
organismo, para la conquista de sus fines y propósitos.
No existe
seguridad nacional sin desarrollo nacional y viceversa, pues el fortalecimiento
o debilitamiento de uno afecta en el mismo sentido al otro.
La seguridad
nacional se entiende entonces, como la capacidad o condición que tiene un
Estado para eliminar o neutralizar las vulnerabilidades y/o áreas sensibles,
que impidan el desarrollo del poder nacional para la consecución de los objetivos nacionales. La noción
de seguridad defiere entre los países; razones de seguridad para un
estado pueden significar la inseguridad para otros, luego podría decirse que la
seguridad continental o hemisférica no se corresponde con la sumatoria de las
seguridades de todos los estados del continente.
En definitiva
se puede concluir que la seguridad es la condición que se alcanza mediante un
conjunto de acciones que permitan el desarrollo armonioso de un sistema. La
seguridad es un fin, mientras que la defensa es uno de los medios para
alcanzarla.
La defensa
reconoce que hay un adversario que dispone de la capacidad para alcanzar sus
propios objetivos. Defensa sería pues
el conjunto de medidas y recursos empleados mediante la acción de la disuasión
para hacer frente a un conflicto que amenaza los objetivos de un sistema.
A nuestro
criterio, la producción y tráfico de drogas ilícitas configura un muy serio
problema que vulnera la seguridad nacional y hemisférica y debe implicar
acciones de defensa a nivel nacional, subregional y hemisférica.
A diferencia
de numerosas opiniones altamente calificadas, creemos que las FFAA podrían
desempeñar un rol fundamental en esta tarea de largo aliento, en áreas muy
específicas y a nivel subregional, ejerciendo solo tareas de intelegencia en el ámbito doméstico.
Desde la
perspectiva hemisférica, la seguridad debe ser multilateral, cooperativa y
sostenida, posibilitando el mantenimiento de los balances regionales y
subregionales. Esto requiere superar la
rígida, ineficiente y obsoleta institucionalidad hemisférica en materia de
seguridad, accediendo a subsistemas flexibles y adecuados a los nuevos
intereses latinoamericanos.
La percepción
regional de los problemas de seguridad esta basada en sus propios objetivos y
aspiraciones regionales, sus necesidades básicas y sus sistemas de valores, así
como en sus definiciones propias de lo que constituye una amenaza.
Es conocida
que en la post guerra fría se ha creado una nueva situación económica a nivel
mundial caracterizada por un aumento de la globalización económica. Esta globalización esta siendo dinamizada
por la revolución tecnológica. En
América Latina un proceso en pleno desarrollo es la decidida inserción de los
países de la región en una economía-mundo de carácter global.
Sin embargo
esta globalización también se caracteriza por su segmentación; esto es, no
arrastra o involucra a la totalidad de las dimensiones económicas, ni a todos
los países de la región o a todos los sectores sociales en cada país.
De acuerdo a
estimaciones serias, alrededor de 180 millones de personas –es decir 2 de cada
5 viven en la pobreza en América Latina; la mitad de estos –90 millones- viven
en condiciones de pobreza abyecta, es decir, con ingresos inferiores a los
necesarios para comprar alimentos imprescindibles.
Así en el
continente americano esta inserción segmentada en el proceso de globalización,
esta reordenando las estructuras y procesos económicos, políticos y sociales
domésticos e intraregionales, generando tensiones domésticas como los que se
observan actualmente en Ecuador, Perú, México, Venezuela y Colombia.
En suma el
panorama hemisférico actual muestra importantes disonancias económicas,
políticas y estratégicas.
Para los
países latinoamericanos hay un cuerpo de iniciativas concretas que apuntan a
erradicar la pobreza y discriminación; a promover y fortalecer la democracia, a
asegurar el acceso a la educación y la salud, a profundizar la integración
económica y el libre comercio y hay una decidida determinación para lograr la
plena aplicación de la estrategia antidrogas en el hemisferio, sobre la base de
principios irrenunciables que competen al respeto a la soberanía y a la
jurisdicción territorial de los estados, a la reciprocidad, a la responsabilidad
compartida, a la integridad y al equilibrio en el tratamiento del tema, de
conformidad con los respectivos ordenamientos jurídicos. Estos enunciados dejan en evidencia la
disonancia total con las concepciones de las administraciones norteamericanas
anteriores al Presidente Clinton.
La CICAD
dentro del marco de la O.E.A. es una respuesta muy clara de los gobiernos
democráticos de la región, estableciendo una estrategia antidrogas para el
hemisferio, un reglamento modelo sobre delitos de lavado relacionados con el
tráfico de drogas y otros delitos graves y un reglamento modelo para el control
de precursores y sustancias químicas, máquinas y elementos.
Por su parte
la “estrategia nacional de Estados Unidos, para el control de drogas 1996 y 1998”
es un plan auténticamente integral de largo plazo, de amplio alcance, basado en
conocimientos científicos, orientada a los resultados y democrática –lo que
implica cambios sustanciales y altamente positivos, al enfoque de
administraciones anteriores.
Las relaciones
hemisféricas asimétricas en el campo de la seguridad, constituyen un área
altamente sensible en las relaciones interamericanas, toda vez que ella
involucran a actores muy centrales en la vida política de las naciones
latinoamericanas, tales son las FF.AA.
La
movilización de las FF.AA. latinoamericanas contra organizaciones y gobiernos
de izquieda, profundizó el involucramiento de Estados Unidos en la política
latinoamericana, teniendo en las FF.AA. uno de sus principales soportes.
Posteriormente
algunos gobiernos militares a los cuales Estados Unidos prestaron apoyo y
aprobación en sus comienzos fueron condenados por administraciones
norteamericanas (ej: Carter) como violadores de los DD.HH.
Finalmente el
uso unilateral de la fuerza militar estadounidense en la región, ha sido un
factor adicional de controversia, el que sumado a elementos anteriores ha
producido un cuadro de relaciones en las cuales los temores, recelos y apoyos
se confunden generando un síndrome altamente complejo.
Para avanzar
en la materialización de nuevas relaciones interamericanas en materia de
seguridad cooperativa, es preciso reconocer el actual estado de la evaluación
estratégica de Estados Unidos, sus aplicaciones eventuales en América Latina,
las limitaciones de la acción militar de los Estados Unidos en la región y las
forma de involucramiento constructivo en el área.
En la
actualidad, es básico crear las mejores condiciones para establecer mecanismos
e instituciones eficientes y eficaces para lograr una paz hemisférica
sustentable.
Medidas
complementarias para el desarrollo de un sistema de seguridad cooperativo en el
hemisferio son, como ya lo hemos expresado –el desarrollo de regímenes
específicos de seguridad subregional, circunscritos a grupos de países, y en
torno a dimensiones o amenazas específicas.
Para avanzar
positivamente en la creación de este nuevo sistema es preciso definir la
seguridad hemisférica como multidemensional; ello implica como hemos visto la
creación de un sistema en el cual coexisten coordinados, nuevos regímenes de
seguridad.
La creación de
un sistema efectivamente multilateral significaría una renuncia explícita de
los Estados Unidos al uso unilateral de la fuerza en el hemisferio y al margen
de los mecanismos multilaterales existentes.
La
certificación como medida unilateral, también contraviene los principios que
hemos venido exponiendo.
- ANALISIS DE POSICIONES PARA LA LUCHA CONTRA EL
TRAFICO DE DROGAS ILICITAS EN SUS DIVERSAS FACETAS – ORGANIZACIONES REGIONALES.
1)
Reducción de
la oferta
La acción se
orienta frente a todas las categorías de drogas, es decir la de origen natural,
las sintéticas y las sicoactivas de origen farmacéutico, que derivan en
ilícitas al ser desviada de sus propósitos.
Propiciar programas de eliminación de cultivos, con establecimiento de
cultivos alternativos que proporcionen a los agricultores incentivos para
abandonar la práctica ilegal.
Producir la
interdicción de expediciones de droga.
Las operaciones contra laboratorios productores de clorhidrato de cocaína,
perturban las actividades de producción en una etapa crítica. Los programas de interdicción también
apuntan a perturbar vínculos de transporte y suprimir instalaciones de
elaboración de drogas.
Evitar el
desvío de productos químicos –la producción de drogas ilegales requiere enormes
volúmenes de productos químicos precursores-.
La limitación de su desvío y el seguimiento de su movimiento puede ser
de gran utilidad. CICAD ha elaborado un
reglamento modelo para el control de precursores, sustancias químicas, máquinas
y elementos.
Tratar de
interferir y detener el lavado de dinero; incorporar el reglamento modelo
(CICAD) sobre delitos de lavado relacionados con tráfico de drogas y otros
delitos graves.
El
desmantelamiento de las organizaciones delictivas y sus redes de apoyo debe ser
otro de los objetivos claves de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y
delitos conexos.
2)
El
modelo médico-jurídico
Basados en el
debate médico acerca de la nocividad de ciertas sustancias, se ha hecho especial
énfasis en aspectos como –potencial de abuso, dependencia, nocividad y
peligrosidad- bajo estos supuestos se desarrolla la teoría de la escalada según
la cual el peligro del abuso se ve acompañado en progresión sucesiva, de un
consumidor hacia drogas más peligrosas.
Si bien,
muchos de estos conceptos están en revisión, resulta indudable y sobre todo con
la evidencia de ciertas formas de consumo (mezcla indiscriminada), que
nocividad y peligrosidad son argumentos válidos para prohibirlos y que el
sistema penal es uno de los mecanismos idóneos para luchar contra las
organizaciones y personas que atentan contra la salud pública.
Adicionalmente
los gobiernos se ven en la obligación de defender sus sociedades mediante la
persecución de los traficantes extranjeros.
Se plantea entonces el problema en forma bilateral, entre “país
consumidor” y “país productor”.
Creemos que
esta denominación es inadecuada y refuerza modelos de violencia institucional,
como sucede en la clasificación entre países deudores y acreedores, países
ricos y pobres, países víctimas y victimarios, en fin, “países buenos y países
malos”. Estos conceptos tendrían que
modificarse, dado que por otra parte los fenómenos de globalización también se
dan en este terreno y no se puede negar que Estados Unidos entre otros países,
es también un importante productor de drogas ilícitas.
3)
El modelo
económico político
Se sustenta en
conceptos que también compartimos; a los aspectos de salud pública, cuando la
morbilidad y mortalidad por consumo de drogas ilícitas aumenta en forma
alarmante, se suman el impacto desorganizado de los miles de millones de
dólares que en todas las naciones propenden a la corrupción, a la violencia y
la desmoralización, que evidentemente nos daña a todos.
El peligro se
ubica además en otros campos de la vida social, facilitando el tráfico de armas de fuego, subversión,
terrorismo internacional y otras actividades criminales organizadas.
En esta medida
aparecen en el escenario preocupaciones de orden político, económico y social,
lo que apoya que la legislación antidrogas y antiterrorista, debe actualizarse
e internacionalizarse, identificando a estos delitos como de lesa humanidad.
Se puede
concluir que como fundamento de la consideración internacional, es insoslayable
que la producción, el tráfico y el consumo de drogas son una causa evidente de
desestabilización política, social y económica.
Hay discursos
contrarios a esta forma de pensar que según afirman se contraponen al que
denominan despectivamente el discurso oficial –que es el adoptado por la
mayoría de los gobiernos del mundo y de los actores políticos dominantes y el
característico de las convenciones internacionales sobre la materia.
Según los
detratores ese discurso oficial promueve una política criminal de derecho penal
máximo y de “guerra contra las drogas” con sus tácticas penales, políticas y
militares, que rechazan.
El segundo
discurso, la propuesta del derecho penal mínimo, afirma que el uso excesivo del
derecho penal en materia de drogas ha producido efectos nocivos para la
sociedad, la democracia y el estado de derecho. De esta forma promueve una política criminal de derecho penal
mínimo, para reducir algunos aspectos problemáticos, como el manejo de la
represión estatal y los parámetros de violencia y corrupción.
El tercer
discurso, la propuesta discriminalizadora –hace énfasis en el elemento social
como factor de desarrollo del Estado y a diferencia de los anteriores plantea
la cuestión de las drogas en términos de factores sociales negativos relacionados
directamente con la utilización de la herramienta penal y represiva.
De esta
manera, propone despenalizar el fenómeno de las drogas como el mecanismo más
eficaz (dicen) para eliminar los costos sociales ajenos a ella y propios de su
prohibición (violencia, corrupción, terrorismo) para desplazar la búsqueda de
la solución al terreno de la investigación de los problemas estructurales en
cada sociedad.
Según siguen
afirmando, muchos de los fundamentos que sostienen el discurso oficial, tales
como la problemática de la adicción, la peligrosidad del consumo, la teoría de
la escalada que se desataría con la demanda de estupefacientes, son hoy día
revaluadas, en buena parte, o en el mejor de los casos, sometidas a una fuerte
crítica por parte de los expertos en la materia.
Alexander
Shulgin es un químico estadounidense, que algunos han bautizado como el Calvin
Klein de las drogas de diseño. Ha
inventado más de 150 sustancias y para colmo de males, además ha publicado dos
libros sobre el tema: Pihkal (1991) y Tihkal (1995) donde argumenta sobre los
efectos positivos del uso “responsable” de los sicolépticos. En los 80 se hizo famoso por reinventar la
sustancia MDMA (“éxtasis”) que había sido sintetizada por un laboratorio en
1910, descartando cualquier aplicación terapéutica.
El discurso de
despenalización, materializado y ampliamente publicitado en las III Jornadas
sobre enteógenos (sustancias sicoactivas) organizado por el Instituto de
Prospectiva Antropológica de la Universidad de Barcelona, donde Shulgin fue la
“estrella” se completó con el análisis jurídico donde se refiere la falta de coherencia en la estratetegia
adoptada por el “discurso oficial” su ausencia de alternativas, desconociendo
en su momento principios básicos tales como los referentes a la necesidad de la
plena identificación del bien jurídico a tutela, la claridad sobre la nocividad
y la peligrosidad de las conductas a sancionar y el uso del sistema penal como
mecanismo de “control e intimidación” ante la inexistencia de opciones político-sociales
–para el manejo del problema (sic).
La política
criminal propugnada –continuan- resulta así contradictoria desde sus inicios,
es errática en su desarrollo y es dudosa en sus efectos sociales. Preguntan entonces ¿en qué momento hay que
“considerar solucionado” el problema de la droga? y cual es la dosis de represión “necesaria” para alcanzar esa
meta? Como en realidad el interrogante
no tiene respuesta clara, pues en la medida en que sea imposible fijar un
objetivo preciso, también es imposible e improbable determinar cuando se
resolverá satisfactoriamente el problema del tráfico de drogas y cuanta sería
la represión necesaria –según los mismos siempre más, por un proceso que auto
alimenta permanentemente.
Holanda cuenta
desde 1976 con una política pública de tolerancia con las drogas blandas. Despenalizó su consumo y aunque las drogas
denominadas duras (heroína, cocaína, éxtasis, etc) continúan siendo ilegales,
casi 25 años después, se ha transformado en el sitio de peregrinación de todos
los adictos de Europa -con la
posibilidad manifiesta de acceder a cualquier tipo de droga.
Las cifras
allí indican que éxtasis –es el sicodélico más popular y es después de la
cocaína –la droga de más consumo entre la juventud. Los estudios realizados sobre el perfil del consumo, presentan a
un joven, edad promedio 20 años, con nivel educativo medio, el consumo es
colectivo –grupal y se mezcla con otras sustancias, alcohol, tabaco, cocaína,
lo que hemos denominado “la dialéctica de la destrucción”, se materializa en
esos numerosos coffee shops de Amsterdam donde los jóvenes pueden concurrir a
consumir drogas blandas y sobre todo duras bajo la cínica complicidad de la
despenalización.
Como no pueden
faltar a la cita y a título anecdótico –finalizamos mencionando que hay ONGs
que protestan contra el “discurso oficial” alegando una violación a los DD.HH.,
ya que no se protege la libertad del consumidor de drogas.
No hay ninguna
duda que los principios democráticos, los derechos humanos y las políticas
internacionales de control de drogas se complementan mutuamente. Cada vez que se cultivan o producen en
volumen, drogas, elementos criminales poderosos, corrompen, el predominio de la
ley. En consecuencia, el
fortalecimiento de la democracia es parte integral del control internacional de
drogas.
La reducción
de la demanda debe ser un componente clave de las políticas que pretenden
enfrentar el problema de la droga. La
demanda sigue siendo una poderosa fuerza que impulsa la producción y el
tráfico. Cada país de la comunidad
global tiene la responsabilidad de abordar el tema de la demanda y disminuir
este incentivo –ello implica programas integrales que tiendan a su objetivo y
aplicación de la ley.
Los programas
nacionales de reducción de la demanda deben tener en cuenta las condiciones
culturales, sociales y económicas de los grupos de población a los que se
dirigen, pues resulta evidente que el perfil de abuso de drogas es diferente en
distintas zonas geográficas del continente.
El tratamiento
y la rehabilitación que se debe proporcionar a los consumidores configuran todo
un desafío pleno de interrogantes en cuanto a resultados sanitarios y costos.
Educar a los
jóvenes y adultos a rechazar los drogas
ilegales así como el alcohol y el tabaco, propicia aumentar la seguridad
ciudadana, reduciendo sustancialmente la criminalidad y la violencia
relacionada con las drogas. La
efectividad de esa tarea también redunda en el abatimiento de los costos
sociales y de salud que propicia el consumo ilegal de drogas.
COOPERACION MULTILATERAL PARA EL CONTROL DE DROGAS
La creciente
tendencia hacia una mayor cooperación en el hemisferio esta creando
oportunidades regionales de control de drogas, sin precedentes.
Las
instituciones y muchos de los mecanismos que se necesitan para mantener una
cooperación eficaz están instituidos o en vías de establecimiento.
La Cumbre de
las Américas celebrada en Miami en 1996, contó con 34 países democráticos que
firmaron un programa de acción que está siendo ejecutado. La Comisión Interamericana de Control del
Abuso de Drogas (CICAD) elaboró como hemos comentado, una legislación modelo
contra el lavado de dinero y el desvío de productos químicos, así como un
sistema de recopilación de datos para estadísticas sobre oferta-demanda.
Todos los países
de la Cumbre han ratificado o accedido ahora a la Convención de Naciones Unidas
contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas
y Sustancias Sicotrópicas de 1988.
La cooperación
internacional, el intercambio de información, la puesta en práctica de legislaciones
“agiornadas”, el compromiso real de una tarea permanente y sin claudicaciones,
ha de brindarnos las mejores posibilidades.
La clave para
reducir el abuso de drogas es la prevención unida al tratamiento –esto es un
reto continuo que no admite pausas y constituye una enorme tarea de largo
plazo.
Nuestro
hemisferio ha comenzado a transitar por buen camino y con buen paso.
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