COLEGIO INTERAMERICANO DE DEFENSA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

CLASE XXXIX

MONOGRAFÍA

Terrorismo, narcotráfico y narcoterrorismo en el Perú: experiencias

Cnel Abt, Luis C. Perú
INTRODUCCION

El Perú vivió los últimos 25 años, los peores momentos de su historia republicana, pues a la aguda crisis económica y social que azotaba al país, se sumó la acción criminal de los grupos terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, quienes mediante la muerte y el terror pusieron en peligro la existencia misma del estado. El costo económico y social que tuvo que pagar el pueblo peruano fue muy alto. Tal vez se puedan cuantificar algunas cifras, como los más de 25 mil millones de dólares en pérdidas materiales por acción de los grupos terroristas, los que pretendiendo socavar aun más la ya malograda economía, destruían toda obra símbolo de desarrollo, como son las 1707 torres de alta tensión derribadas, los 175 puentes destruidos, entidades bancarias, grifos, centros agropecuarios, etc., dinamitados. Sin embargo lo que nunca se podrá cuantificar, es lo que la historia ahora registra como uno de sus hechos más dolorosos; esto es, la injusta muerte de más de 25 mil inocentes peruanos de manos de los delincuentes terroristas, cuyas secuelas todavía estamos sufriendo; pues la sociedad peruana sometida a vivir cerca de 15 años en medio de la violencia, el miedo y el terror, no puede aún recuperarse de ese efecto traumático.

Por fatal coincidencia otro nuevo fenómeno: el narcotráfico, se encargaría de poner en peligro la vida democrática del país, y en una alianza antipatria con el terrorismo, aparecieron como una nueva amenaza: El Narcoterrorismo, al cual el Estado también tuvo que enfrentar.

La delincuencia terrorista se presentó en el Perú como un movimiento criminal atípico, no tenía comparación alguna con las formas de terrorismo aparecidas hasta entonces en América Latina. A mediados de los años 90 el terrorismo y el narcotráfico prácticamente estaban a punto de destruir el sistema democrático del Perú. Infelizmente el tratamiento inicial del problema “terrorismo” no fue el más adecuado, no existió ni la decisión política ni la estrategia adecuada para enfrentarlo, de ahí su rápido y acelerado desarrollo.

En 1992, se tomó la decisión de combatir frontalmente a los grupos terroristas y narcotraficantes, que tanto daño habían causado al país; la Estrategia de Pacificación diseñada, comenzó rápidamente a dar sus resultados, cambiando así el curso de la historia. Esta tuvo como virtud, la de contar con la voluntad política del Jefe de Estado de asumir con mayor convencimiento y decisión que los anteriores gobernantes la lucha contra el terrorismo; además de contar con propósitos estratégicos definidos, que se expresaron primeramente en el diseño de una estrategia integral que dejó de privilegiar el factor militar, la centralización de las decisiones, la conformación de un Comando Unificado de Pacificación, la dación de un marco legal adecuado al tipo de guerra que se libraba y por último en una remozada y eficaz comunidad de inteligencia que priorizó como objetivos a las cúpulas terroristas, sus planes y su organización.

La decisión política de desarrollar una estrategia de lucha contra el terrorismo y el narcotrerrorismo no podía de ningún modo, carecer de una estructura jurídica compatible con la situación que vivía el país, consecuente con el tipo de guerra que se desarrollaba y capaz de solventar con eficacia la conducta del Estado y de sus instituciones contra estos delincuentes. Este andamiaje legal dotó al sistema jurídico de leyes como la que creó los tribunales sin rostro, la ley sobre el delito de terrorismo, la ley de arrepentimiento, etc., todas ellas coadyuvaron a lograr un clima de paz y estabilidad en el país.

Debemos además resaltar el rol decisivo que le cupo cumplir a las Rondas Campesinas en la derrota de la delincuencia terrorista en importantes sectores del ámbito rural. Las Rondas Campesinas, organizaciones de la población que voluntariamente decidieron agruparse para defenderse de los crímenes de los delincuentes terroristas y narcoterroristas, constituyen hoy en día un ejemplo de cómo la población en defensa de sus intereses y los del Estado pueden espontánea y libremente organizarse, y dentro de un ordenamiento jurídico luchar conjuntamente.

En suma, se pretende realizar en una apretada síntesis, un recuento de todo el proceso en la lucha contra el terrorismo, narcotráfico y narcoterrorismo llevado a cabo en el Perú; resaltando los aspectos medulares de la aplicación de la Estrategia de Pacificación en los campos Político y Militar.

PRIMERA PARTE

ANTECEDENTES

El Perú en la década del 80 al 90

El 28 de Julio de 1980, cuando el presidente constitucional de la república de aquella fecha, Arquitecto Fernando Belaunde Terry, leía su discurso que por mandato constitucional debía realizar desde el Congreso de la República, con motivo del día de la Independencia, delincuentes terroristas de Sendero Luminoso dinamitaron la primera torre de alta tensión –de una serie de más de mil setecientas que derribarían a lo largo de su criminal accionar en el país- interrumpiendo el fluido eléctrico en gran parte de la ciudad de Lima, capital de la república; dando inicio de esta manera a su demencial plan de destrucción, muerte y terror en contra del pueblo peruano.

Pocos días después, el mismo Jefe de Estado calificó dicho acto como un hecho delictuoso, realizado por abigeos y delincuentes comunes. !! Que lejos de la realidad estábamos los peruanos para calificar oportunamente a quienes se constituirían posteriormente en el movimiento terrorista más sanguinario de la nuestra historia !!

En la década del 80 y los primeros años de 1990, Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) estuvieron a punto de hacer colapsar la institucionalidad del país. Los coches bombas arteramente colocados dentro de la población y que dejaban día a día una secuela de muerte y dolor, habían producido una psicosis de terror colectiva prácticamente incontrolable; mientras los “paros armados” detenían los mecanismos de producción del país y obligaban a las Fuerzas Armadas a asumir una conducta defensiva sin autoridad.

Inician así los grupos terroristas el camino hacia la destrucción del Estado Peruano, planteándose para desarrollar sus objetivos una etapa de crecimiento y desarrollo pacífico para lo cual les era imperativo introducirse en la estructura política y social de la sociedad peruana. Ello les permitió tener presencia en determinadas instituciones culturales y sociales del país, en los grupos llamados de izquierda -en los que incluso tuvieron progresiva presencia política vía electoral- y en las organizaciones gremiales que con equivocado concepto reivindicacionista de absurdos derechos dentro de nuestra realidad, usó en forma indiscriminada las huelgas, paros y toma de locales como actos de presión. El plagio, cupos de guerra, juicios populares, la intimidación, asesinatos, emboscadas, paros armados y coches bomba, fueron la fiel expresión de su accionar, destinado a mantener en zozobra a la población. Las torres de alta tensión eran sistemáticamente dinamitadas, con la finalidad de poner en jaque la producción energética, causar pánico, zozobra y malestar en la población, ejecutar en la oscuridad de la noche atentados contra edificios públicos, comisarías y cuanto organismo representativo del Estado existiera y finalmente mermar la ya malograda base económica del país, para debilitarla aún más.

A esto se sumaban los crímenes selectivos y colectivos, de los que eran blanco las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, jueces y ciudadanos de todas condiciones. El desorden, la violencia, la pérdida del principio de autoridad y el terror en las universidades, era el denominador común. Mediante la amenaza o la muerte se realizaba el sometimiento intelectual de esta irracional ideología, a los estudiantes que no se sometían a sus criminales propósitos, habiendo logrando los terroristas enquistarse en el corazón mismo de los centros universitarios, lo que les permitió controlar prácticamente todo el desarrollo de las actividades; valiéndose de la presencia de integrantes de estas organizaciones criminales infiltrados como profesores o alumnos.

Los grupos terroristas mediante la violencia homicida y en convivencia abierta con el narcotráfico –del que se convirtió en su brazo armado- trataron de destruir el sistema democrático del Perú.

Llegamos al año 90 en medio de una crisis moral y económica sin precedentes, después de la muerte de más de 25 mil peruanos, entre ciudadanos y autoridades civiles y militares; y la destrucción del poder productivo en más de 25 mil millones de dólares de manos de los grupos terroristas, a la que se sumó una hiperinflación galopante e incontrolable. El orden jurídico del Estado había perdido jerarquía, y las instituciones eran poco menos que organizaciones, donde la distancia de los conceptos de lo bueno y lo malo se había estrechado tanto que inexplicablemente la corrupción era la “norma” que le daba vida.

Esta era la situación política, social y jurídica del país, con un Estado débil todavía, cuya soberanía interna por la falta de autoridad, estaba permanentemente en riesgo por las innumerables “zonas liberadas” que había logrado controlar el terrorismo, y además económicamente agobiado por la hiperinflación galopante e incontrolable; todo esto ante la mirada e indiferencia de la comunidad internacional.

La realidad era patente, no había gobernabilidad, la inexistencia de valores nacionales ponía en riesgo a la nación organizada y la frustración conducía hacia una insalvable decadencia moral de la sociedad peruana, donde la imágen burocrática, ineficiente y corrupta del aparato estatal era poco menos que el caldo de cultivo de la violencia y la destrucción.

Con esta situación aun desalentadora, el país se preparaba para afrontar un proceso eleccionario presidencial, claro está, en medio del terror, la muerte, el caos y la incertidumbre. Sin embargo, el pueblo peruano supo responder a pesar de ese panorama al reto que la historia le planteaba, y demostrando su reconocida vocación democrática asistió masivamente a las urnas a ejercer su derecho al voto, a pesar de las reiteradas amenazas de los delincuentes terroristas; manifestando de esa manera su rechazo a la violencia. Un candidato políticamente desconocido logró el triunfo en una segunda vuelta electoral, el Ing. Alberto Fujimori Fujimori, fue elegido Presidente Constitucional del Perú por un período de cinco años.

Al inicio de su mandato, el nuevo gobierno encontró un país sumido en una crisis sin precedentes. Desde el punto de vista financiero su economía se encontraba destruida. Había una inflación astronómica, las reservas de moneda extranjera eran negativas en más de cien millones de dólares; la recaudación fiscal, prácticamente en cero había sido sustituida por la emisión inorgánica permanente, los precios y salarios se elevaban continuamente. El crédito del Estado y de los particulares en el exterior no existía. El Fondo Monetario Internacional (FMI) había declarado al país como inelegible. Políticamente la situación también era muy delicada; el Presidente Fujimori ganó las elecciones de 1990 en una segunda vuelta electoral, pero el Parlamento, elegido en la primera vuelta estaba controlado por los partidos políticos de oposición y los grupos de izquierda. La representación gobiernista en el Parlamento era numerosa, sin experiencia y sin mayoría propia en ambas Cámaras.

El terrorismo era una fuerza creciente que se hacía incontrolable: se había aliado con el narcotráfico y controlaba a esas alturas gran parte del territorio nacional. Así, los ingresos de divisas dependían de la venta ilícita de drogas. El narcotráfico prácticamente controlaba el valor de la moneda.

Los esfuerzos del Poder Ejecutivo se veían bloqueados desde el Congreso por una oposición política irresponsable, que anteponía sus intereses personales y partidarios a los intereses nacionales. Denotando una carencia de realismo, los grupos políticos se obstinaban en mantener un sin número de empresas estatales que dejaban pérdidas por millones de dólares anuales; bloqueando además toda iniciativa al Ejecutivo para endurecer la lucha contra el terrorismo, imponer austeridad económica y moralizar la administración pública.

Pero eso no era todo, vivíamos un aislamiento internacional producto de posiciones políticas demagógicas. El mundo señalaba al Perú con calificativos de “país inelegible” y “país peligroso”, que denotaba una vez más la indiferencia cruel con que la comunidad internacional se “solidarizaba” con el drama de entonces.

El avance del terrorismo y el narcotráfico al concluir 1991, puso en peligro la existencia misma del Estado Peruano. El Poder Judicial estaba a merced tanto de los políticos tradicionales como de los delincuentes terroristas y narcotraficantes. Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru desarrollaban un bien montado aparato publicitario, meticulosamente ideado como parte del proceso que se habían impuesto para copar al Estado, visualizando como paso previo su desprestigio en el exterior; para ello se vincularon con movimientos y organizaciones internacionales de similar ideología. Cualquier actitud de las Fuerzas Armadas o de la Policía contra el terrorismo era denunciada como violación de los derechos humanos. Esto por supuesto encontraba eco en el Parlamento el que a su vez, servía de caja de resonancia a las denuncias hechas desde el extranjero. Los grupos terroristas, radicalizaban cada vez más su accionar, a tal punto que el pueblo se había acostumbrado a convivir con la violencia; el número de muertos aumentaba día a día en forma alarmante; los secuestros, asesinatos, coches bombas y apagones eran una “cosa normal”.

La actitud complaciente del Parlamento, del Poder Judicial y del Ministerio Público estimuló la acción terrorista y provocó el rechazo y la indignación de la población. Los criminales que causaban la muerte de miles de personas, que destruían el patrimonio nacional y que envilecían a la población con el vicio gozaban de impunidad. La justicia era un valor deteriorado.

El país se encontró ante una disyuntiva de la cual dependía su futuro: o se reorganizaba la estructura política y administrativa de gobierno para salvar la democracia, o se dejaba todo igual y se permitía el triunfo del terrorismo.

El año 1992 constituyó para la historia del Perú un año neurálgico en su vida política. La historia lo registrará como el año más dramático y el más angustiante para el estado de derecho de la sociedad peruana, porque sobrevivía o tenía que derrumbarse para dar paso al poder de un nuevo régimen político cuya meta, en lo esencial, era destruir los valores históricos que sustentaban esta nación. Este año fue el punto culminante de nuestro desangramiento; los analistas señalaban al mundo que “un país del sur del continente, está incendiado en estos momentos. Perú, una gran nación, que si bien es cierto hace años era un país con muchos problemas, que tenía posibilidades, que estaba en vías de crecimiento y tenía un futuro; hoy está a punto de desaparecer...” [1]. Aproximado o no el diagnóstico, el Perú de entonces, de 1992, vivía sin esperanzas sus últimos estertores de vida política.

Como consecuencia de las políticas económicas y principalmente por los efectos destructivos de la acción terrorista, la inflación alcanzó en 1990 el 7,650% y la producción cayó en promedio en más del 7% con relación a 1985. Nuestras reservas se habían dilapidado, llegando a ser negativas en varios cientos de millones de dólares a 1988 y de apenas 112 a 690 millones en 1990-91.

No existía inversión extranjera ni capacidad de endeudamiento, con una hiperinflación y la producción en caida drástica, nos presentaban ante la comunidad financiera como un país quebrado, inelegible y de riesgo; eramos un país peligroso. Era obvio este calificativo, con una situación económica así como la descrita.

Estábamos enjuiciados prácticamente por toda la comunidad financiera. Con la banca comercial teníamos aproximadamente 25 juicios por vencimiento de plazos de reconocimientos de sus derechos, lo que nos hacía perder credibilidad y por tanto el financiamiento de dicha fuente.

La delincuencia terrorista se presentó en el Perú como un movimiento criminal atípico, no tenía comparación alguna con las formas de subversión antes aparecida en América Latina.

La crisis, el terror y vacío de poder que padecía el Estado Peruano, obligó al Gobierno en el año 1991, a diseñar políticas y estrategias orientadas a recuperar la estabilidad política, jurídica y económica del país. Dentro de este marco, se comienza a perfilar el nuevo orden jurídico, sobre cuya base las Fuerzas Armadas podrían asumir su responsabilidad de garantizar la soberanía interna, para lo cual se formuló la Directiva de Planeamiento de la Defensa Nacional para la Pacificación, en calidad de instrumento normativo que aseguraría la coherencia de las acciones de los demás organismos públicos y privados en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

Sin embargo, este nuevo orden jurídico comenzaba bajo distintas formas a ser neutralizado por el Parlamento, quien promovió un revisionismo recalcitrante de dichas normas, lo que debilitaba toda posibilidad de reestructurar las bases políticas del Estado Peruano. El Congreso de espaldas a la realidad, deroga en Febrero de 1992, cerca de una docena de Decretos Legislativos, concebidos justamente para iniciar la lucha frontal contra los movimientos terroristas, y reordenar la ya malograda economía; esta situación puso al Estado Peruano al borde del abismo.

En estas circunstancias tuvo lugar en el Perú un suceso político de extraordinario significado. El 5 de Abril de 1992, el Presidente de la República instituye transitoriamente el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, cuyos objetivos fundamentales de reforma institucional visualizaban lograr la pacificación del país, dentro de un marco jurídico que garantizara la aplicación de sanciones drásticas a los terroristas, a fin de que dentro de un clima de paz y orden interno, nuestra sociedad se desarrollara adecuadamente; así como luchar frontalmente contra el narcotráfico y sus secuelas de corrupción.

SEGUNDA PARTE

LOS GRUPOS TERRORISTAS

Sendero Luminoso (SL)

Sendero Luminoso tiene sus orígenes en las canteras del Partido Comunista del Perú, el que al igual que todos los partidos comunistas del mundo, se vio influenciado allá en la década de los años 60, por la confrontación política existente entre la URSS y la República Popular China, sobre el planteamiento que hacían ambas naciones en relación la coexistencia pacífica; este hecho dio origen al nacimiento de dos corrientes contrapuestas: la pro-moscovita que consideraba la adopción del socialismo por la vía pacífica, y la pro-pekinesa que postulaba por la conquista del poder y el establecimiento del comunismo mediante la lucha armada.

Durante este período, los bloques comunistas en el Perú sufrieron una serie de reformas y escisiones, oportunidad que sirvió para que Abimael Guzmán Reynoso, un abogado y profesor de filosofía se constituyera en el líder y fundador de un nuevo partido, denominado “ Frente Estudiantil Revolucionario por el Luminoso Sendero de José Carlos Mariátegui”, posteriormente llamado Sendero Luminoso.

Abimael Guzmán, optó por la corriente pro-pekinesa, haciendo suyos los planteamientos maoistas de la “Guerra Popular” para la toma violenta del poder, y del trabajo político orientado a favor del campesinado; tal vez influenciado por sus viajes realizados a la República Popular China; el primero en el año 1965, en el que participó en las charlas para comunistas latinoamericanos que dictaba Mao Tse Tung en la escuela Político Militar de Shanghai, y posteriormente durante los años 1969 y 1975 respectivamente.

Abimael Guzmán Reynoso, fue un destacado estudiante de secundaria, habiendo concluido posteriormente estudios de filosofía y derecho, en la Universidad de Arequipa. Al término de sus estudios se dedica a la docencia, siendo reconocido por sus alumnos como un gran maestro.

Al iniciar la década de los 60, logra integrarse como catedrático de la Universidad de Huamanga (Ayacucho), hecho que no tuviera nada de particular, si no fuese por que ahí inicia el verdadero adoctrinamiento a los estudiantes universitarios, y particularmente a los futuros profesores de escuelas, de la ideología del marxismo-leninismo-maoismo, la que se encargarían de expandirla inicialmente en las sierras de Ayacucho y posteriormente a lo largo del territorio nacional. Nace aquí también la doctrina del marxismo-leninismo-maoismo-pensamiento guía del camarada Gonzalo, denominada así ya que Abimael Guzman, llamado por sus seguidores “Presidente Gonzalo” y quien ostentaba ser la “cuarta espada del comunismo mundial”, claro está después de sus tres inspiradores: Marx, Lenín y Mao; fue el ideólogo.

En 1975, Guzmán pasa a la clandestinidad, convirtiéndose a partir de esta fecha, en el eje propulsor de las “Escuelas Populares” y “Escuelas Militares”, de las que más tarde saldrían los delincuentes terroristas más sanguinarios que la historia haya conocido.

El 18 de Mayo de 1980, en Chuschi, un remoto pueblo de Ayacucho, después de casi dos décadas de adoctrinamiento, Sendero Luminoso dio inicio a la lucha armada (ILA), contra el estado peruano, quemando las ánforas electorales que iban a ser utilizadas en los comicios electorales presidenciales.

El Inicio de la Lucha Armada (ILA), como la denominó Sendero Luminoso, sólo fue el comienzo de una macabra escalada de asesinatos y destrucción, con el propósito de destruir el sistema democrático e instalar una ilusoria democracia popular de “nuevo tipo”, tal como lo propugnaba Mao Tse Tung.

La estrategia general formulada por SL, se desarrolló siguiendo los lineamientos comunistas de la guerra prolongada, aplicando la “estrategia indirecta”, que preconiza anteponer los dominios no militares sobre los militares, incidiendo en el campo ideológico y dejando la aplicación de la fuerza -como veremos más adelante- para el momento de la ofensiva estratégica.

Seguía así, el movimiento genocida Sendero Luminoso, desarrollando acelerada e invariablemente su plan trazado, para lo cual se propuso alcanzar los tres objetivos previstos:

1. Copamiento del eje andino

Constituido por las ciudades y pueblos asentados a lo largo y ancho de la Cordillera de los Andes, teniendo como centro ideológico la ciudad de Ayacucho (Universidad San Cristóbal de Huamanga y otras universidades de la capital de la República).

2. Cerco de las grandes ciudades, principalmente Lima

Aplicación de la doctrina estratégica de Mao Tse Tung, consistente en cercar las ciudades desde el campo, dándole singular importancia a Lima por las repercusiones que ofrece a nivel internacional.

3. Desarrollo de una zona económica de repliegue y sostenimiento en la región del Huallaga y las cuencas cocaleras.

En el campo militar aspiraba ingresar a la guerra de movimiento, es decir a la guerra irregular, llevada a cabo por grandes unidades de delincuentes terroristas. La guerra de guerrillas pasaba a ser secundaria y de apoyo.

En el campo político y social, aspiraba a profundizar el encuadramiento y adoctrinamiento de la población, propiciando un progresivo enfrentamiento con el Estado, hasta rebasar su autoridad.

En las zonas rurales, buscaban alcanzar la etapa del equilibrio estratégico mediante la conformación de zonas liberadas y bases de apoyo, cuyos niveles de producción de alimentos, generación de bienes y pertrechos, así como la captación de combatientes, debían ser suficientes como para enfrentar a las Fuerzas Armadas.

En las ciudades el objetivo era infiltrarse en todas las organizaciones populares y buscar la identificación con supuestos objetivos sociales.

Según previsiones de los delincuentes terroristas, para alcanzar el equilibrio estratégico, la guerra contra el terrorismo debía llevarse a tal nivel de degradación, que su objetivo era el genocidio. De allí que como estrategia estos delincuentes asesinaban masiva e indiscriminadamente a indefensos campesinos, para luego gracias a la complicidad de ciertas ONGs y a su bien montado aparato publicitario imputárselos a las Fuerzas del Orden, haciéndolas aparecer a éstas como genocidas y violadoras de los Derechos Humanos.

En aplicación de la doctrina maoísta para la conquista del poder, Sendero Luminoso orientó su lucha desde el campo hacia la ciudad, para cuyo logro no aplicó límites morales de ninguna clase, caracterizándose por la crueldad en sus acciones; donde los crímenes más inimaginables en contra de niños o mujeres en estado de gestación, cuando no en contra de autoridades civiles, militares y/o ciudadanos de toda condición, eran ejecutados casi siempre ante la presencia de sus familiares y de la comunidad en pleno, como una medida aleccionadora; y donde las mujeres terroristas demostraban ser las más sanguinarias.

Se propuso también Sendero Luminoso socavar la economía del Estado, para lo cual se valió del sabotaje como principal arma, destruyendo toda obra símbolo del desarrollo; como puentes, torres de alta tensión, centros agropecuarios de experimentación, entidades bancarias, etc., asimismo, con igual fin se trazó el objetivo de ahuyentar la inversión, para lo cual vilmente asesinaban a empresarios e inversionistas, y principalmente dentro de estos últimos, a los inversionistas extranjeros.

El empleo de indefensos niños, fue otra de las macabras modalidades utilizadas en la perpetración de sus criminales planes; utilizándolos como "carne de cañón", en las zonas minadas circundantes a las torres de alta tensión.

Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)

El origen de este movimiento terrorista se remonta al año 59, fecha en que el partido político Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) sufre un serio fraccionamiento; siendo la facción más recalcitrante llamada “APRA Rebelde” la que conjuntamente con cuadros del Partido Comunista Peruano conforman en 1962 el Movimiento de Izquierda Revolucionario II Etapa, el cual inicia en 1965 una aventura guerrillera de inspiración procubana, la cual es rápidamente sofocada por las Fuerzas del Orden.

Después de una serie de continuas reorganizaciones y escisiones, en 1982 aparecen públicamente con el nombre de Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), nombre adoptado en memoria de uno de los más preclaros precursores de nuestra independencia, el Inca José Gabriel Condorcanqui Noguera, Túpac Amaru II, quien en 1780 se rebeló en contra de la dominación española.

Desde un inicio, el MRTA apareció apretujado entre Izquierda Unida (IU) -por esos años la izquierda legal más grande de América del Sur- y la “máquina de guerra” senderista. Sin la base social de la una, ni la ferocidad y disciplina del otro, trató de diferenciarse de ambos, presentándose como “una guerrilla buena”, repartiendo víveres en los barrios pobres de Lima o bailando con los habitantes de los pueblos en los cuales incursionaba. Con los años, sin embargo, la lógica de la guerra se fue imponiendo y la imagen inicial se fue desdibujando.

Después de casi una década de existencia, sus más grandes lauros fueron: la toma por breves horas de algunas capitales provinciales y el espectacular escape de medio centenar de emerretistas de una cárcel de Lima a través de un túnel. A principios de dicha década, el cambio en la estrategia de las Fuerzas Armadas peruana terminó de arrinconarlos, pues los más importantes líderes fugados habían sido recapturados.

El golpe de gracia lo constituyó la capitulación del Frente Nor-Oriental, cuyos principales líderes se acogieron a la Ley de Arrepentimiento promulgada por el gobierno. A estos golpes se sumó el fin de la guerra fría, la crisis de la utopía socialista y la decisión de los movimientos armados centroamericanos de entablar negociaciones de paz.

El MRTA terminó como superviviente de un capítulo previo de la historia de América Latina y culmina una evolución que venía de tiempos atrás, convirtiéndose en un grupo especializado en secuestros y golpes de mano y contaminado por el narcotráfico.

Derrotados estratégicamente, los dirigentes nacionales todavía en libertad se ensimismaron en la preparación de dos golpes de mano: la toma del Congreso -que abortó en Noviembre de 1995- y la toma de la residencia del Embajador de Japón en el Perú, hecho con el cual regresaron casi literalmente de ultratumba al escenario nacional e internacional.

Su líder el terrorista Víctor Polay Campos, militó en el Partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), habiéndose desempeñado como Secretario de Relaciones Exteriores del Comando Universitario Aprista, lo que le dio la oportunidad para representar a su partido en varios congresos en el exterior y ser becado para seguir estudios de sociología en España y Francia; es aquí en este último país donde se interesa por los postulados del Movimiento Internacionalista Revolucionario (MIR), ligándose ideológicamente a él.

En 1978 viajó a Cuba a participar en el XI Festival Mundial de la Juventud, y en 1986 a Colombia, con la finalidad de recibir entrenamiento en el “Batallón América” que regentaba el movimiento terrorista M-19.

La estrategia general desarrollada por el movimiento terrorista Túpac Amaru, visualizaba inicialmente la toma del poder, paso necesario para la construcción del socialismo, a fin de establecer el Poder Revolucionario Popular (PRP) en el Perú.

Este movimiento terrorista, se identificaba principalmente con la estrategia “ foquista “ del Che Guevara, la cual consistía en centrar sus acciones militares en áreas geográficas bien definidas, a diferencia de SL que mantenía fuerzas itinerantes a lo largo de un gran territorio.

Su principal característica delincuencial, a parte de los asesinatos, terrorismo selectivo, etc., eran los secuestros, modalidad que utilizaban en contra de empresarios y personas adineradas, con la finalidad de obtener dinero para financiar su lucha armada. Sus víctimas eran mantenidas durante su cautiverio en las llamadas “cárceles del pueblo”, que no eran más que apretados espacios, acondicionados en el subsuelo de lujosas residencias ubicadas en los barrios residenciales de la capital del país.

TERCERA PARTE

EL NARCOTRAFICO

Antecedentes históricos

Desde hace 2000 años ha existido un uso tradicional, ritual y culturalmente legalizado de la hoja de coca en la Región Andina (uso social y cultural). La Corona Española trató de erradicar su cultivo en el Perú a partir de 1571 durante el virreinato del Virrey Toledo, y lo pudo hacer exitosamente en el territorio que actualmente ocupa Ecuador, pero a medida que se acercaba a los centros económicos (mineros) del sur del Perú y Bolivia la coca se comenzó a utilizar como elemento de pago y para permitir a los trabajadores mineros y agrarios subsistir y resistir los embates de la naturaleza, del trabajo y de la altura. Esta forma de explotación persistió en la República y en algunos lados hasta hace unos 40 años. Todo esto determinó una cierta ambigüedad en la actitud inicial y cultural de la población peruana hacia el problema de las drogas en el Perú, por la extensión de los cultivos de coca. El uso del clorhidrato de cocaína a comienzos del siglo pasado, creyéndose que tenía propiedades curativas excepcionales, comienza a crear una distorsión de sus patrones antropológicos e históricos, más aún cuando su comercialización es ilegal y se introduce a comienzos de los años 80 el uso de la pasta básica de cocaína “crack” o “bazuco” con enorme capacidad adictiva. Este proceso se agrava por la apertura de la selva peruana, la falta de control del gobierno en esas zonas, la afluencia de los campesinos luego del fracaso de la reforma agraria, la caída de los precios de productos tradicionales en el mercado internacional, la demanda por el clorhidrato de cocaína y la acción de los narcotraficantes.

El narcotráfico en la década del 70 al 90

A fines de la década del 70, cuando empezó el boom de la coca en el Perú, a nivel nacional se cultivaban aproximadamente 33 mil hectáreas de hoja de coca, de las 300 mil productivas disponibles. Para la década de los 80, los estimados sitúan las áreas cultivadas entre las 200 a 250 mil Has, lo que significa que las distintas políticas aplicadas para evitar el cultivo ilícito, fuesen represivas o no, fracasaron, pues éste se había multiplicado seis veces.

La producción nacional de hoja de coca en los 80, alcanzaba las 130 mil Toneladas Métricas (TM), de las que se obtenían 1,300 TM de Pasta Básica de Cocaína en Bruto (PBC-B) o 390 TM de Pasta Básica de Cocaína Lavada (PBC-L). Esta última era la forma más utilizada para su remisión al exterior, de cuyo total, aproximadamente 8 TM eran incautadas y 3 ó 4 quedaban en el país, las 380 TM restantes salían al exterior.

Se calcula que a un precio promedio de 1,500 dólares el kilo de PBC-L, los narcotraficantes obtenían un monto aproximado de 570 millones, sin embargo es preciso recalcar que en 1982, cuando el kilo en su nivel más alto alcanza los 6,800 dólares; los narcotraficantes con una remesa de 155 TM obtenían aproximadamente 1,050 millones de dólares.

El narcotráfico en la década del 90

Entre 1992 y 1994 los precios tanto de la hoja de coca, de la PBC y del clorhidrato de cocaína cayeron a tal punto que el kilo de PBC, que alcanzaba los 1,500 dólares se desploma hasta llegar a los 200 dólares. Sostienen algunos entendidos que el costo de producción por kilo es de 250 dólares aproximadamente.

La dificultad e inclusive, la casi imposibilidad de los fabricantes de PBC de vender su producto, debido al estricto control ejercido contra las avionetas que la transportaban, fue la causa fundamental de la caída del precio.

El desarrollo alternativo

La estrategia diseñada por el gobierno peruano en la lucha contra el narcotráfico, considera prioritariamente la ejecución de un programa sostenido de desarrollo alternativo, el cual está dado por el conjunto de acciones orientadas a sustituir el ingreso proveniente de los cultivos ilegales, por ingresos generados por una economía de mercado competitivo, ambientalmente sustentable y cuya dinámica sea capaz de incorporar a los pobres del medio rural para solucionar su situación de pobreza.

Esta posición fue mantenida durante la suscripción del Acuerdo de Cartagena de 1990 por los presidentes de Bolivia, Colombia, EEUU y Perú y ratificada en la Reunión Interamericana de expertos en 1993.

El desarrollo alternativo se propone:

- Eliminar progresivamente los cultivos ilícitos y sustituirlos por cultivos lícitos.

- Variar el origen de los ingresos, de ilícitos a lícitos, generados por una economía de mercado.

- La dinámica de la sustitución de cultivos y de ingresos debe incorporar a los sembradores a la economía de mercado resolviendo su situación de pobreza.

En 1990 el Presidente Fujimori precisó su posición señalando que la erradicación de la coca debe ir acompañada de la sustitución, pues la represión eficaz contra los campesinos, podría derivar fácilmente en una agudización de la pobreza crítica y tal vez en una guerra civil de insospechadas proporciones. El problema no es de eficacia, tampoco es solamente delincuencial sino social y político, pues de acuerdo con la realidad socioeconómica del Perú, una represión rápida y eficaz haría crecer la pobreza y consecuentemente potenciaría las luchas internas en todas sus formas.

Posición del Gobierno de los EEUU

Estrategia Andina

En 1989 el Presidente George Bush dio a conocer los lineamientos de su política antidrogas en el ámbito latinoamericano, cuyo fundamento se basaba en el reconocimiento de que el narcotráfico representaba una amenaza a la seguridad de los EEUU, por tanto era necesario fortalecer los vínculos con los países andinos para lograr una mayor eficacia en la lucha contra la producción, transporte y distribución de drogas. En este contexto, el Pentágono formula un plan estableciendo su rol en la lucha contra el narcotráfico, el cual entre otros puntos, consideraba la planificación estratégica de los programas de lucha y la provisión de recursos y entrenamiento a las fuerzas policiales y militares de los países andinos.[2]

En este mismo período se lleva a cabo la suscripción del Acuerdo de Cartagena del 15 de Febrero de 1990 y se firma el Convenio Antidrogas entre Perú y EEUU (14 May 1991), el cual consideraba entre otros, los siguientes aspectos:

- Desarrollo alternativo, ajuste estructural, prevención del uso de drogas y de la corrupción, mecanismos de apoyo internacional, seguridad e interdicción.

- Se reconoce que el narcotráfico actúa en contra de la soberanía de los países, que su magnitud amenaza la estabilidad del Estado y excede la labor policial, por lo que se decidió emplear el Poder Nacional para enfrentarlo.

Con el fin de iniciar una lucha frontal y eficaz contra el tráfico ilícito de drogas los Presidentes acordaron avalar la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA), teniendo en consideración que “ la represión del tráfico de drogas ilícitas es una cuestión, en su esencia, de carácter policial; sin embargo, ante su magnitud y las diferentes facetas que presenta, y con su propio ordenamiento jurídico, las Fuerzas Armadas de cada uno de los países, dentro de su propio territorio y jurisdicciones nacionales, también pueden tomar parte”.[3]

Sobre la base de este convenio, el Perú modifica la Ley del Sistema de Defensa Nacional, otorgándole responsabilidad a las Fuerzas Armadas (FFAA) en la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID). Asimismo declara en estado de emergencia todos los aeropuertos y aeródromos existentes en las zonas cocaleras, encargándole a la Fuerza Aérea del Perú (FAP) el control de los mismos. También la FAP se encargaría de la interceptación de las aeronaves nacionales y extranjeras que sobrevolaran el espacio aéreo en esas zonas, siendo pasibles de derribamiento si se negaran a proporcionar la información solicitada o desacataran las disposiciones de la autoridad aérea.

Por su parte EEUU, organizó un sistema de comunicaciones empleando satélites artificiales y radares en las zonas de Centro América, el Caribe y la región andina, proporcionándole al Perú cobertura radárica mediante los aviones Awacs y Orion, además del apoyo de un radar en tierra y de 10 helicópteros.

Política del Presidente Bill Clinton

Al asumir el presidente Bill Clinton el gobierno de los EEUU, adoptó una política antidrogas diferente a la que habían seguido los republicanos, y en especial el presidente Bush. Los lineamientos generales de esta política establecían que la guerra contra el narcotráfico no debía llevarse a cabo fuera de los EEUU, sino en su interior, tratando de eliminar las causas sociales y económicas que promovían el consumo de drogas.

En esta etapa Latinoamérica se constituyó para EEUU en un ámbito secundario, ya que sus prioridades se dirigieron a Europa, a la ex URSS, al Medio Oriente y a sus propios problemas internos. Complementariamente, dentro de sus objetivos gubernamentales, la reducción de cultivos de coca, o la interdicción en los países extranjeros, no figuraba como importante; antes se encontraba la defensa de los derechos humanos, del sistema democrático y la naturaleza y el medio ambiente.

Esta nueva política se vio traducida primeramente en la reducción de la ayuda económica a los países que suscribieron el Acuerdo de Cartagena (Bolivia, Colombia y Perú), es así que de los 229 millones asignados, se les otorgó sólo 47. Así mismo, el 1º de Mayo de 1994, EEUU decide en forma unilateral, suspenderle al Perú el apoyo de información radárica que le proporcionaban los aviones-radar Awacs y Orion; manifestando su “deseo” de seguir llevando a cabo los proyectos antidrogas, condicionados a que estos debían “estar de acuerdo a las leyes internacionales y con las de EEUU”[4]. La medida había sido recomendada por el Departamento de Estado, debido a que el derribamiento de aeronaves civiles sospechosas de transportar drogas “constituía una violación de las leyes internacionales”, no queriendo correr el riesgo EEUU a enfrentar una demanda, si aviones de los países latinoamericanos derribaran una avioneta inocente basados en información incorrecta proporcionada por norteamericanos. Esto por cierto revelaba una profunda incomprensión por parte de EEUU de lo que significaba el problema del narcotráfico, al suponer que su principal componente es la siembra de coca y la producción de drogas, dejando de lado el aspecto del transporte a centros de procesamiento y de consumo.

Por el contrario, la experiencia demostró que la interdicción de aeronaves, fue la actividad más importante, desarrollada en la lucha contra el narcotráfico.

Procedencia y empleo de insumos

Los insumos empleados por los narcotraficantes para la elaboración de drogas, tienen dos fuentes de procedencia:

- Del mercado nacional, se abastecen de kerosene, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, permanganato de sodio y sal.

- Del mercado internacional, obtienen la acetona, bencina, carbonato de potasio, éter etílico y sulfúrico, sulfato de sodio y tolueno; en su mayoría producidos en EEUU y Europa.

Considerando que en las épocas de mayor producción, a nivel nacional se trataban 130,000 TM de hoja de coca, se calcula que aproximadamente se consumían:

- 26 millones de litros de kerosene

- 1.36 millones de litros de ácido sulfúrico y clorhídrico

- 1.7 millones de Kgs de carbonato de sodio o sustitutos.

- 39,000 Kgs de permanganato de potasio

- 780,000 litros de acetona

- 39,000 litros de amoníaco

Organización del narcotráfico

En el tráfico de drogas participan diversos grupos. Cada uno de ellos cumple un rol específico, desde la siembra de coca hasta la venta de drogas a los consumidores finales, en el país y en el extranjero:

- Los cárteles Son organizaciones poderosas que efectúan dos actividades principales: convertir la pasta básica en clorhidrato de cocaína y comercializarla a nivel nacional e internacional.