PRIMERA PARTE.

CAPITULO I.

El narcotráfico como un fenómeno transnacional.

Antecedentes.

La masificación y la internacionalización del uso de drogas, su represión y su cambio en adicción son fenómenos relativamente recientes. Surgieron en los dos últimos siglos, producto de la convergencia e interrelación de una serie de fuerzas y procesos que caracterizan a la modernidad. La expansión colonial de las potencias europeas y luego de los Estados Unidos de Norteamérica, y sus conflictos por la primacía en la economía mundial, jugaron un papel preponderante y significativo en la incorporación del opio y otras drogas en el tráfico y el consumo en Asia, Europa, Norteamérica y el resto del Hemisferio Occidental, desde mediados del siglo XVII.

A partir del siglo XIX se evidencia en Europa Occidental y en los Estados Unidos de Norteamérica un marcado interés por las sustancias psicoactivas. Las necesidades de algunos grupos convergen e interactúan con las posibilidades que otros grupos crezcan dentro de un contexto que favorece la demanda y el consumo, la producción y distribución de estas sustancias. Las fuerzas y tendencias preexistentes en el consumo y el tráfico de drogas, sus modalidades y procesos, se amplían y diversifican, presentando ya, los rasgos de la fase contemporánea.

Desde fines del siglo XIX hasta la segunda guerra mundial, se constituye e impone definitivamente una economía mundial, estructurada por una nueva división internacional del trabajo y por estrechos lazos y fuertes flujos de personas, bienes y servicios, capital, transportes, comunicaciones e información. Esta economía global se manifesta quebrantada por la división entre el núcleo central de países industrializados y la enorme periferia de países subdesarrollados y dependientes. Drogadicción y narcotráfico reflejan esta fractura por la doble especialización de los países avanzados como grandes centros de consumo y de organización criminal, y de países en vias de desarrollo como áreas de producción y de coparticipación intermediadora y subordinada en el tráfico. Durante gran parte del siglo XIX prevalece en los Estados Unidos de Norteamérica una situación de “Laissez-Faire” (de dejar hacer) liberal en cuanto a estupefacientes y psicotropicos, que pueden ser producidos, distribuidos y usados sin restricciones.

El tráfico de heroína desde el Extremo Oriente hasta los mercados de Europa y Estados Unidos de Norteamérica, y el de cocaína por grupos latinoamericanos, nacen y se desarrollan bajo una forma transnacional, adquiriendo una realidad y una lógica propias, expandiendose, crea sus espacios, retroactúa sobre sus condicionantes, forma parte de ellos y los modifica. El campesinado, empresarios y profesionales, desempleados, marginados, delincuentes y guerrilleros, de países en vias de desarrollo, se incorporan a un ciclo internacional, que también integran y hegemonizan naciones y formas económicas avanzadas, en redes y constelaciones más o menos extensas e integradas.

En estas condiciones, el tráfico de drogas se integra en el proceso de internacionalización de las fuerzas productivas, con manifestaciones en la producción, la distribución, la comercialización, el transporte, las comunicaciones, el financiamiento, el consumo y como generador de violencia. El tráfico de drogas avanza desde lo internacional hacia los espacios internos de los países, que en un movimiento inverso lo lleva a trascender las fronteras nacionales y a operar en la Región Latinoamericana, en Europa y virtualmente en todo el mundo.

Desde principios del siglo XX (1914), el gobierno y la sociedad de los Estados Unidos de Norteamérica inician la estrategia y la política de represión prioritaria como respuesta al consumo y al tráfico de drogas, esta estrategia y política establecerá una fase de continuo incremento de la fascinación por la droga y de la masificación del adicto, del consumo y de la demanda. El establecimiento de la ley Harrison, impone controles a la importación, elaboración y distribución de opio y opiaceos, así como de otras drogas, confiriendole al Estado la obligación de proteger la salud pública, autorizando a distinguir entre fármacos bienhechores y fármacos nocivos y, por consiguiente, a imponer ilegalizaciones, persecusiones y sanciones .

A pesar de la ley Harrison, en los Estados Unidos de Norteamérica continuó el incremento del consumo masivo, la delicuencia y el mercado negro de narcóticos. La ilegalización crea el tráfico ilícito, que a su vez coproduce y refuerza la adicción. Tráfico y adicción integran una constelación que se autorefuerza con una variedad de delincuencia y genera otras formas conexas o derivadas, y tambien fenómenos aberrantes y socialmente negativos, iniciandose una campaña contra usuarios y traficantes,involucrandose prohibicionistas con fundamentalismos ideológicos y por ambiciones políticas y cálculos electorales. Así como los policías con el afan de logar ascensos, enriquecerse por la corrupción y la extorsión, inventan delitos, e incrementan la persecución. La campaña destruye la alternativa de suministros legales, remplazando una funcion social –profesional- por un negocio de traficantes y delicuentes. La persecución y altos precios incrementan el número de adictos y obligan a muchos de ellos a traficar para subsistir y satisfacer su adicción.

En 1918 en los Estados Unidos de Norteamérica se creó la decimo octava Enmienda Constitucional, la cual prohibía la elaboración, venta o transporte de licores intoxicantes dentro de su territorio, así como su importación y exportación, creandose en 1919 la ley Volstead para reforzar la Enmienda. Sin embargo, el regimen de la prohibición no dió los resultados esperados, y en cambio generó y reforzó en gran medida, el contrabando en gran escala, la elaboración ilícita, el alcoholismo,la multiplicación de violencia a la ley y su descrédito, la complicidad de tráficantes y consumidores, el ascenso del crimen organizado en Norteamérica, en forma de mafia, su entrelazamiento con el mundo oficial y la sociedad legal, con gobernantes y políticos, con la empresa privada y también su posterior implicación en el narcotráfico.

La ilegalidad de algunas de las drogas, generó desde 1920 un crecimiento en el tráfico clandestino en y desde ciertos países asiaticos y latinoamericanos, al ser productores de materia prima para la heroína, la morfína y la cocaína viendose afectados por su creciente prohibición. Ellos van cubriendo las necesidades y las demandas de su floreciente mercado de consumo, al cual se le limitaba y suprimía la oferta. Al abandonar los países pobres de Asia, Marsella con la “conexion francesa”, los inmigrantes italianos en los Estados Unidos de Norteamérica, las mafias siciliana y norteamericana, así como los países latinoamericanos proveedores de coca y marihuana quienes incrementarón su participación en el narcotráfico en función de la demanda ascendente de los consumidores y tráficantes de Estados Unidos de Norteamérica principalmente, sobre todo en los años 1960 y 1970.

En las decadas de 1950 y 1960, mafiosos sicilianos importaban heroína a los Estados Unidos de Norteamérica y se comprometían cada vez más en el suministro regular a su mercado interno. El opio cultivado en el sudeste asiatico, transportado a Turquia, los Balcanes y Europa Occidental para ser refinado como heroína pura en Sicilia, para posteriormente ser distribuida principalmente a Europa Occidental y a los Estados Unidos de Norteamérica. El tráfico de heroína en manos de un reducido grupo de organizaciones les permitió gozar del control de un sector del mercado norteamericano, proporcionandoles poder económico –financiamiento- y las ventajas de contar con personal entrenado para la violencia, capacidad de corrupción e intimidación, de la inacción y la protección en ámbitos políticos, policiales y judiciales.

El crecimiento acelerado del negocio de las drogas, la política de prohibición y represión de los Estado Unidos de Norteamérica y otros países altamente desarrollados, se convirtieron en catalizadores para que el narcotráfico ascendiera y se expandiera hacia países latinoamericanos como productores, abastecedores y de transito. Dentro de los Países latinoamericanos que surgen primeramente se pueden citar a Bolivia, Perú y Colombia, siendo este último país quien según Kaplan[1] se vuelve prototipo de un narcotráfico identificable como constelación de fuerzas, procesos, y resultados de tipo económico, social, cultural, político, estatal y militar,con dimensiones y entrelazamientos nacionales e internacionales.

Con el debilitamiento del empresariado y del crecimiento económico de Medellín-Antoquia en Colombia en 1970, el desempleo, la caida de ingresos y penuria fiscal, se tradujo en inseguridad, violencia y criminalidad, lo cual favoreció al contrabando y al narcotráfico, debido a que la clase empresarial es atraida por el narcotráfico quien le compra empresas y propiedades. Especializados en el tráfico de cocaína, los nuevos empresarios de Medellín y Antoquia adquirían hoja y pasta de coca en Perú y Bolivia, cultivandola también en Colombia, donde la elaboran en instalaciones clandestinas. La cocaína transpotada por via marítima, aérea y terrestre, con escalas en países de Centroamérica, México y el Caribe utilizando una diversidad de métodos, tiene como objetivo los mercados de consumo de Estados Unidos de Norteamérica y Europa.

Transnacionalización.

El Estado-nación evoluciona hacia otras conformaciones organizativas, observandose muchas transformaciones. Los sistemas políticos, son variables dependientes de las características del orden mundial por lo que los Estados se han acomodado a los cambios vigentes; a la vez que los cambios en la conformación de los Estados -estatus - provocan cambios en el sistema y el orden mundial. Podemos decir que el Estado-nación está sometido a presiones externas de carácter ideológico y de orden estructural. Los factores ideológicos han sufrido variaciones. Durante la etapa bipolar, funcionaba alrededor de pugnas entre dos ideologías alternativas. Con la finalización de la guerra fria, la resultante ha sido el predominio de un mundo globalizado y de la ideología neoliberal que compulsa al Estado -sus gobiernos- a minimizarse en aras de la rentabilidad del sector privado -generador- de estas demandas y presiones. El valor más preciado en los últimos cincuenta años, dado el conflicto Este-Oeste, fue la seguridad, por lo que el Estado-nación, garante de la seguridad, estaba empeñado privilegiando este factor, por sobre cualquiera otro de carácter económico. Actualmente, al no manifestarse pugnas ideologicas, la rentabilidad requiere la mayor libertad de acción económica. Por lo tanto, el Estado ha generado pautas favorables al funcionamiento y los intereses del sector privado, productor, inversor y comercializador. El sector privado -particularmente el transnacional- ha sido el principal interesado en la disminución del rol del Estado y el principal generador de su reforma.

El Estado-nación, está siendo penetrado y condicionado por actores transnacionales, ya que funciones que tenía y actores que se encontraban en su interior bajo su control como empresas, bancos, etc; en otros casos se trata de nuevos fenómenos como el narcotráfico. El control de los procesos productivos, del flujo financiero y el manejo de inversiones; el manejo de las tomas de decisiones en temas como medio ambiente, derechos humanos y narcotráfico, se ha visto socavado por intereses transnacionales. El alto grado de penetración de los Estados-nación, por actores transnacionales, que los reorienta en el sentido de sus intereses, impiden que se alcancen los objetivos nacionales. Salvo Estados muy poderosos, como Estados Unidos, que han establecido un modus vivendi entre el sector público gubernamental y el sector privado, que les ha permitido historicamente coexistir y operar en beneficio mutuo, así como a algunos otros Estados; en la gran mayoría de los casos -América Latina es un ejemplo- el sector privado ha operado como un factor de poder, a veces para imponer conductas al Estado.

El orden mundial es diseñado por unos pocos actores preponderantes, siguiendo las pautas de la nueva estructura. No obstante, actualmente son muchos los que intervienen. El mundo se ha atomizado - vuelto heterogéneo al transnacionalizarse- y el poder se “difunde”. El Estado en el siglo XIX se centraba en el aspecto de la soberanía territorial. Hacia fines del siglo XX crecientemente considera los aspectos étnicos y tecnológicos como factor diferencial, más que el aspecto territorial. Tal vez, las nuevas tendencias se orientan en el sentido de que, a diferencia del pasado, actualmente, las relaciones mundiales son protagonizadas por un creciente número de centros de poder, cuya actuación externa tiende a satisfacer una gama de objetivos mucho más amplia que en el pasado, no sólo a través del Estado-nación, sino también de la sociedad civil organizada; se desenvuelve en torno a una agenda más compleja y menos jerarquizada; son manejadas por nuevos y múltiples agentes, distintos del Estado-nación que ponen en juego recursos de poder no tradicionales en un contexto donde los ejes de relacionamiento e interéses son mucho más numerosos, cambiantes y entrelazados que antes.

Se puede observar que actualmente los Estados-nación y los actores transnacionales operan de distinta forma en el sistema mundial, ya que mientras las relaciones entre los Estados se dan principalmente en el campo diplomatico-militar-económico, siguiendo criterios de interrelacionamiento que privílegian la soberanía, las relaciones transnacionales centran la acción de los distintos actores en otros segmentos de la realidad, que tienen que ver con el campo económico, social, ecológico, cultural, y forman una trama de relaciones que existen por sí misma como una realidad transfronteriza y fuera de todo esquema territorial-soberano. Pero también existen actividades vinculadas a lo estrategico-militar de carácter transnacional toda vez que opera el narcotráfico, la guerrilla, o los grupos étnicos y religiosos que propenden a la fragmentación del Estado en defensa de sus interéses. La tendencia transnacionalista ha incrementado una estrategia de diversificación geográfica de la producción que se orienta a la creación de regiones productivas, independientemente de las fronteras nacionales. Estas acciones de las empresas transnacionales estan regionalizando la economía mundial, operando en el sistema mundial como nuevos actores que, en la mayoría de los casos, superan la incidencia que en el mismo tienen los Estados-nación.

El narcotráfico como fenómeno transnacional.

Actualmente, el concepto de crimen organizado se refiere a la estructura de grandes grupos dedicados a actividades ilícitas, establecidas como grandes corporaciones de carácter agropecuario, industrial, comercial y financiero, a través de las cuales se ocultan operaciones criminales. Esta forma corporativa implica una estructura directiva, cuadros operativos, acervo tecnológico, ciclos de financiamiento, relación con otras corporaciones criminales, programas de expansión, jefaturas de proyecto, entrenamiento y desarrollo de personal, actividades de reclutamiento y control interno. En fin, todo aquello que podría tener cualquier gran corporación lícita. Se advierte, claramente, la diferencia que existe entre la organización criminal y otras formas de rudimentarias de asociación delictuosa. Los distingos no sólo tienen que ver con su alcance sino con su permanencia, con su complejidad estructural y su nefasto profesionalismo. Además, tiene otros ingredientes de distinción como su habilidad de penetrar y operar con una relativa impunidad en un buen número de países simultaneamente, su mimetismo es muy peligroso ya que en muchas latitudes, las organizaciones criminales cuentan entre sus activistas con personas dedicadas profesionalmente a giros lícitos como el comercio, la banca, la tecnología, la comunicación y la política. Esta capacidad mimética es una de sus fortalezas más inexpugnable y más estratégicas. Para ampliar lo expuesto en el parrafo anterior, podemos citar que la nueva tecnología ha servido grandemente al crimen organizado para enmascarar sus acciones, mediante el uso de transferencias financieras electronicas, acceso a internet y equipo de comunicación, con los cuales mueven imperios económicos transnacionales.

En muchos países, el crimen organizado se manifiesta en muy diversas modalidades, tales como el tráfico ilícito de armas, drogas, subversión profesional, terrorismo, espionaje, contrabando de mercancias y personas, venta de protección, comercio de órganos, tráfico de niños, prostitución robo de patrimonio histórico, lavado de dinero, manipulación del mercado financiero, corrupción, y otros delitos conexos. El tráfico de drogas en el ámbito internacional dispone de fuerzas, instrumentos y mecanismos de propaganda, diplomacia, violencia, corrupción, terror, intimidación y destrucción. Es continua su expansión y sus ramificaciones, el fenómeno se reproduce y amplifica más allá de diferenciaciones sociales, ideologicas, políticas, de regímenes y sistemas. En su expansión internacional, los objetivos de los narcotráficantes son el lucro, el poder, la seguridad, la aceptación y la legalidad entre otros.

El narcotráfico se extiende, se reorienta y se reubica, se entrelaza e integra, en un número creciente de espacios nacionales y transnacionales, utiliza la corrupción y el terror, lleva a cabo alianzas, con diversidad de fuerzas y tendencias a nivel mundial. En este proceso, el tráfico de drogas contribuye al debilitamiento del Estado, desde su interior y desde su exterior. En lo interno, crea o refuerza los factores que erosionan al Estado a través del peso y de la presencia en la economía, la política y sociedad. En lo externo, contribuye a la transferencia de los centros y poderes de decisión hacia afuera de las fronteras de los Estados; reduce o desvirtúa sus capacidades para la acción nacional y para la internacional; vuelve porosa o irrelevante las fronteras de los países; desafía o impugna la noción clásica de soberanía nacional; pone en tela de juicio la seguridad y la identidad nacional.

La transnacionalización desgasta la distinción entre países productores y países consumidores, afecta tanto a los países productores, distribuidores, de tránsito y a los consumidores, al integrarlos en una relación de interdependencia y comunidad en la desigualdad, forzandolos a combinar los roles, las responsabilidades imputables y las consecuencias sufridas, volviéndolos al mismo tiempo en productores, intermediarios, distribuidores, de tránsito, consumidores, beneficiarios y perjudicados. La transnacionalización, es un fenómeno de relativa antiguedad; sin embargo, en los últimos años, se observa que algunos actores transnacionales tienen capacidad de generación de reglas -régimen-, por sobre la mayoría de los Estados, por lo que el derecho no tiene raíz internacional -entre naciones- ni supranacional -por sobre las naciones- sino transnacional -más allá de las naciones-. Con el fin de la guerra fria, las cuestiones estratégicas globales dejaron de tener un peso relevante y temas de orden transnacional con efectos sobre dichas cuestiones, aparecen en forma prioritaria como el control del narcotráfico.

El desafio de la humanidad, no tiene precedente en la lucha contra el crimen. Nunca antes los hombres se habian enfrentado a un fenómeno delincuencial con capacidad organizativa para operar, simultaneamente, en todo un Continente o en más de uno; con recursos que, en ocasiones, superan las posibilidades financieras de los países en los que actúa; y una penetración, en las esferas del poder y del dinero hasta ahora incomparable. Es claro, que la lucha contra el crimen organizado debe ser en forma seria y responsable, dado que no existe espacio del interés colectivo que no se vea amenazado por las organizaciones criminales del narcotráfico: la salud, la economía, la cultura, la seguridad pública, la seguridad nacional, el estado de derecho, la integración familiar y la estructura de valores, entre otros. Así mismo, por su carácter global, ya que nadie es ajeno ni inmune a sus riesgos y daños.

CAPITULO II.

La lucha contra el narcotráfico.

Tradicionalmente las organizaciones criminales actuaban en ámbitos nacionales. Pero su alcance ha trascendido hoy las fronteras de los países. En ocasiones, llegan a cuestionar la jurisdicción de los Estados. Los análisis de los expertos sobre la materia señalan que el narcotráfico afecta las instituciones de los países donde se arraiga. Por ello, es natural que el problema mundial de las drogas en la década de los noventa sea abordado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), para lograr una actualización del régimen internacional en la materia. Además, frente a la amenaza que representan las organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico y, sobre todo por su alcance transnacional, los Estados buscan promover la cooperación judicial internacional. Más allá de los arreglos bilaterales para combatir la narcodelincuencia, el multilateralismo es un recurso para fijar reglas de comportamiento e impulsar modalidades de cooperación entre los países.

En ocasiones, los Estados emprenden acciones unilaterales para combatir el narcotráfico que trascienden sus propias fronteras, erosionando con ello las posibilidades de cooperación. Como consecuencia, surge un ambiente de desconfianza entre los países del que sólo se benefician los delincuentes. Para evitarlo, la diplomacia multilateral permite definir reglas aceptables para todos los integrantes de la comunidad internacional. Así mismo, propone un enfoque comprensivo que tome en cuenta los aspectos de la oferta, la demanda y el tráfico de estupefacientes. La lucha contra el narcotráfico como un fenómeno transnacional, reviste niveles estratégicos y tácticos por parte de los países que son victimas de este mal. Como se expresó en el apartado correspondiente al carácter transnacional que tiene, ha implicado el establecimiento de políticas de cooperación internacional y de un esfuerzo integral para su combate por la diversidad de delitos conexos que trae consigo.

En el ámbito del Continente Americano, se puede citar los esfuerzos que llevan a cabo los países en su territorio para erradicar el cultivo, procesamiento, tráfico, distribución y consumo de drogas; al mismo tiempo concientes que es imperativo modernizar y mejorar las estrategias y acciones relacionadas con esta materia, decidieron formular la Estratégia Antidrogas y el Plan de Acción para la implementación de la Estrategia en el Hemisferio ( Anexo A y B), que contempla el problema desde una perspectiva global y multidisciplinaria, compartiendo la responsabilidad de abordarlo de manera integral y equilibrada, teniendo en cuenta sus capacidades y recursos. Sin embargo, se puede señalar que los resultados obtenidos no son todo lo deseable, ya que los narcotráficantes demuestran sostenidamente su flexibilidad y su capacidad de adaptación a las cambiantes condiciones del negocio y de su represión, a su ingenio, así como a los recursos económicos con que cuentan para adquirir equipos y medios de alta tecnología, a los cambiantes métodos y técnicas de contrabando y actividad ilícita que derrotan las tentativas más deliberadas y enérgicas para detenerlos.

Para explicar el porqué de los límitados resultados, primeramente se hace necesario abordarlo bajo la óptica de la ley de mercado, es decir, de la oferta y la demanda.

En el caso de las drogas, el problema no ha sido asumido equilibradamente, privilegiandose las acciones sobre la oferta y sus efectos, y no sobre la demanda y otras causas concurrentes, tanto en Estados Unidos y otros países desarrollados, así como en los países productores y de tránsito, relegandose la necesidad de hacer algo respecto de los consumidores como los norteamericanos en nuestro Continente que financian con dólares, su compra y con ello el mercado y la delincuencia organizada.

La lucha contra la demanda.

Es de sobra conocido que los Estados Unidos es el principal consumidor de drogas en el Continente y que constituye el mercado más apetecible para los narcotráficantes, condición que el gobierno de ese país no había querido reconocer, dandole prioridad a la cara externa del problema, es decir, a la supresión de la oferta proveniente de los países productores y distribuidores, y de algunos de los grupos narcotraficantes como los andinos y mexicanos. El direccionamiento por parte de los Estados Unidos a la supresión de la oferta; a la erradicación de plantíos y laboratorios en los países productores; a la destrucción de las redes de distribución en aquéllos y en los países en tránsito; a la intercepción de los productos fuera de sus fronteras.

Aunado a lo anterior, la legislación norteamericana establece programas de acción internacional que resultan lesivos por el sentido político que reviste, como generadores de presiones; da preferencia a los convenios bilaterales con los países productores y de tránsito. Establece el proceso de certificación desde 1986, aplicando sanciones económicas a los países que a su criterio no han cooperado eficazmente. Tampoco ha tomado acciones drasticas en contra de los productores y tráficantes que se asientan en su territorio, que realizan la mayor parte del negocio de la importación de drogas, beneficiandose al final por la prohibición del comercio y del consumo ilícitos. Las campañas de erradicación e intercepción les refuerzan un poder monopólico en el mercado; les otorga la estabilización o el alza de los precios con sustanciales ganancias, incrementando sus capacidades en contra de las acciones políticas, administrativas, policiales y judiciales que, en mayor o menor grado estan orientadas a controlarlos y combatirlos.

Las agencias norteamericanas destinadas para combatir el narcotráfico no han resultado lo suficientemente eficientes en esa lucha,orientando preferentemente sus esfuerzos a los arrestos y decomisos, más que a la inteligencia estratégica sobre la organización y funcionamiento de los traficantes, denotando una falta de confianza en compartir la información entre ellas y con las autoridades de los países productores y de tránsito, asimismo, guardan serias discrepancias y comparten visiones divergentes, originadas por cobrar un papel protagónico que se vea reflejado en la asignación de mayores presupuestos. La perspectiva del lado de la oferta por parte de los Estados Unidos es lógicamente precisa. Si no entraran drogas, entonces no existiría el problema.Y aún cuando las drogas no se puedan eliminar del todo, las leyes del mercado prescriben que la reducción del suministro de drogas elevaría el precio, lo cual a su vez disuadiría a los potenciales usuarios de probar drogas y obligaría a los adictos a la abstención o a buscar tratamiento. Esta perspectiva de las drogas del lado de la oferta tiene un potente atractivo político.

Culpar a los extranjeros de la epidemia cíclica de narcóticos en Estados Unidos, proporciona un blanco conveniente aunque distante a la cólera del público que de otro modo estaría dirigida a los funcionarios electos.

La falta o insuficiencia de resultados ha provocado en el gobierno de los Estados Unidos, en los partidos políticos,en un gran número de organizaciones sociales y en los medios de comunicación, llamados a la escalada en la lucha contra el narcotráfico. Proponiendose el envío de personal de las agencias encargadas en el combate a las drogas y de militares de los Estados Unidos a países de producción y tránsito cuyos gobiernos lo soliciten y acepten, para asumir la represión que -se afirma- los gobiernos de los respectivos países de la región no querrían o no podrían cumplir. Hacer que se deje de cultivar la droga en el extranjero parece que les resulta más fácil que frenar el apetito de drogas en su país. Además, interceptar la entrada de drogas por via aérea o marítima es un reto tecnológico que sólo los Estados Unidos son capaces de realizar, si tomamos en consideración que sus cientificos pudieron hacer llegar hombres a la luna, entonces no cabe duda de que si se lo propusieran pueden acabar con el narcotráfico.

La estrategia del lado de la oferta implementada por los Estados Unidos, ha sido lamentablemente fallida , no obstante los recursos empleados. Las razones del limitado éxito se debe entre otras a que la economía del cultivo va en contra de reducciones sostenidas en la oferta; las cosechas de drogas son muy baratas de cultivar en casi cualquier parte del mundo y los agricultores pobres tienen fuertes incentivos económicos para adaptarse a las cambiantes condiciones. La orientación estrategica y política esgrimida por los Estados Unidos en su afan por considerar la oferta como la clave para acabar con el narcotráfico, los ha llevado a imponer programas de cooperación binacional sin tomar en consideración a los intereses nacionales del otro país, basandose en la premisa de que su gobierno supervise, juzge y sancione en forma unilateral el comportamiento de los sistemas nacionales de seguridad y justicia del otro gobierno, sin aceptación de obligaciones ni rendición de cuentas sobre su propio comportamiento y resultados; es decir, viendo la paja en el ojo ajeno. Dicho proceso ha permitido las presiones del Estado norteamericano sobre gobiernos latinoamericanos, la perturbación de intercambios comerciales, campañas de desprestigio, amenazas de sanciones, insinuación de intervenciones policiales y militares y desestabilizaciones políticas, todo ello en detrimento de la soberanía.

Es menester establecer que en la “ Estrategia para el Control de Drogas 1999”2 de los Estados Unidos, reconoce por primera vez el importante efecto que tiene el abuso de las drogas, señalando que las dos cuestiones principales que las cinco metas de la citada estrategia tiene como fin reducir la demanda de drogas y el suministro y, que mediante programas equilibrados de reducción de la demanda y el suministro podrán disminuir el 50% del consumo y la disponibilidad de drogas ilícitas, así como una reducción del 25% de sus consecuencias. Enfatizando que la demanda debe tener prioridad.

La lucha contra la oferta.

El combate a la oferta se da principalmente en el ámbito de los países productores y de tránsito, siendo relevante en nuestro Continente los esfuerzos desplegados por Colombia, Perú, Bolivia y México en sus correspondientes territorios y por otra parte el que desarrolla los Estados Unidos como parte de su estrategia de proteger sus fronteras contra la penetración de las drogas y reducir el suministro de las mismas de una manera más efectiva en sus comunidades, concentrando sus esfuerzos en la frontera suroeste (México-Estados Unidos), mediante la implementación de operaciones y cooperación con México para reducir el tráfico de drogas a través de esa frontera. Previendo que, a medida de que se obtenga éxito, los narcotráficantes redoblarán sus esfuerzos en dicha frontera y en otras partes. Por lo que han destinado recursos para cerrar otras vias de acceso a su país, tales como las Islas Vírgenes, Puerto Rico, accesos marítimos, frontera canadiense y aeropuertos y puertos marítimos de entrada.

Así mismo,para reducir el tráfico ilícito de drogas en la zona de tránsito entre los países de origen y su país, ha coordinado esfuerzos multinacionales en la Región del Caribe, América Central, y regiones transoceánicas para reprimir el tráfico dentro y a través de las fronteras internacionales. Además, contempla operaciones de reducción del suministro en las fuentes: Cordillera de los Andes para la cocaína y para ciertos suministros de heroína; en México para una parte importante de la metanfetamina, heroína y marihuana.

El combate al narcotráfico en las zonas de suministro, obtuvo resultados estadísticos alentadores al registrarse un descenso en la producción global de cocaína en la Región Andina de un 29%, según la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de los Estados Unidos (ONDCP)3, en el reporte de 1998, así mismo, señala que en Perú el cultivo de coca bajó 56% en tres años, debido a las acciones emprendidas de intercepción aérea y ribereña y que en Bolivia el mismo cultivo disminuyó 22% en el periodo de dos años, sin embargo el combate a las drogas en Colombia no ha tenido éxito, observandose aumento significativo en disponibilidad de cocaína, incremento en la producción anual de heroína que subió de cero a seis toneladas métricas en cinco años, con expansión de la cosecha de hoja de coca en el Sur del país, a pesar de la erradicación aérea éxitosa en el Guaviare, detectandose que casi todo el nuevo crecimiento está en en áreas controladas por guerrillas, asimismo, la cocaína procesada del suroeste de Colombia se mueve a la costa Norte por el puente aéreo Colombiano. Colombia según la ONDCP es el centro de gravedad contra el narcotráfico al abastecer aproximadamente el 50% de heroína y el 80% de cocaína que llega a los Estados Unidos y que en 1998 la exportación de cocaína desde Sudamérica hacia los Estados Unidos fué de 541 toneladas y 66 tuvieron como destino otros países.

La ONDCP estimó en 1998 que 321 toneladas de cocaína (59%), procedentes de Sudamérica tuvieron como destino intermedio el corredor México/Centroamérica, de las cuales 64 toneladas fueron decomisadas en zona de tránsito, 30 en zona de llegada , por lo que 227 toneladas (57%) penetraron a los Estados Unidos. Por el corredor Caribe se movilizaron 161 toneladas (30%) de la zona de producción, de las cuales se aseguraron 17 en zona de tránsito y 8 en zona de llegada, habiendose introducido a dicho país 136 toneladas (35%) y de 59 toneladas (11%) transportadas de la zona de producción directamente a los Estados Unidos 27 de las mismas fueron decomisadas en la zona de arribo, habiendo llegado 32 toneladas que representó el 8%. Es significativo señalar, el movimiento de cocaína por el corredor Caribe con destino a los Estados Unidos que constituyó el 30% según la misma fuente, como a continuación se establece: Haití/República Dominicana 12%; Puerto Rico/Islas Vírgenes 7%; Caribe Oriental/Antillas Holandesas 2%; Jamaica/Cuba/Bahamas 9%.

La lucha contra el narcotráfico se puede establecer que se lleva a cabo en todas sus dimensiones, sin embargo por su carácter transnacional involucra esfuerzos internacionales que se han implementado como parte de la estrategia para vencerlo, para dar ejemplo de lo anterior se establecerá el caso de Colombia y México por su condición de país productor y de tránsito de cocaína en el Continente y de la inherencia que tienen los Estados Unidos. Las razones estan basadas en que dichos actores proporcionan elementos importantes para el estudio de los efectos que trae consigo la citada lucha en la soberanía de los Estados.

La lucha actual contra el narcotráfico en Colombia.

Colombia actualmente no sólo lucha contra el narcotráfico como el resto de los países de América Latina, sino que también se enfrenta a las mafias internacionales que se dedican al contrabando y al tráfico de armas; a la guerrilla (principalmente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -F.A.R.C. y al Ejército de Liberación Nacional -ELN-); a los grupos paramilitares y de autodefensa, a los campesinos ilegales y a la delincuencia común. La guerra civil que tiene que enfrentar Colombia se desenvuelve en un marco cuyos protagonistas principales son: la guerrilla, los narcotráficantes y el Estado Colombiano, que a través de sus Fuerzas Armadas aplica su máxima capacidad de coerción.

La situación que atraviesa Colombia es difícil dado el circulo de violencia que se ha generado por el narcotráfico y la corrupción, sin embargo el problema del narcotráfico no es nuevo, ya que la producción y el tráfico de estupefacientes, que desestabilizan social y económicamente al país, se viene dando desde la década de los setenta. Desde dicha época según escribe Iocco4 “la política del gobierno colombiano relacionada con el narcotráfico no ha sido coherente y sostenida en el tiempo, sino más bien ambivalente. Ello responde a que, en determinadas circunstancias, el poder político colombiano se ha mostrado relativamente enérgico en la lucha contra el narcotráfico, pero en otras, ha quedado poco menos que activo.”

Ante este panorama, el actual Presidente de Colombia Andrés Pastrana gestionó en Washington una estrategia que incorpora todos los retos que afronta su gobierno, desde la atención a los problemas económicos y sociales, hasta el fortalecimiento institucional para combatir el narcotráfico en dos aspectos fundamentales: el policiaco-represivo y el de inversión social. Habiendo manifestado el mandatario colombiano “que las estrategias contenidas en el denominado Plan Colombia no involucra ayuda militar, sino lucha contra las drogas”.

El Plan Colombia de acuerdo con lo manifestado por el mandatario colombiano tendrá un costo total de $ 7, 500 millones de dólares, recursos que aportarán Estados Unidos, la Comunidad Europea y Japón, de los cuales Washington invertirá $ 1, 600 millones de dólares en los próximos dos años. Además, Colombia recibirá en los próximos dos años un prestamo de $ 2.7 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, lo que sumado al paquete de asistencia de Estados Unidos le proveerá de $ 4.3 millones de dólares para intentar superar la crisis social y económica, agravada por los desestabilizadores efectos del narcotráfico. Aún cuando esas cifras son importantes para una economía como la de Colombia, palidece ante el poderío económico de los cárteles de la cocaína, los cuales, según la ONDCP, manejan anualmente recursos de $ 12,000 millones de dólares.

El Plan Colombia contempla la puesta en marcha de diez estrategias diseñadas para erradicar la violencia, la corrupción y el narcotráfico, y construir un estado capaz de afrontar los retos de la globalización, recuperar la credibilidad fuera y dentro del país, garantizar la justicia social, la prosperidad y el progreso nacional. En el prólogo de la iniciativa se establece: “las aspiraciones del pueblo colombiano y las labores de su gobierno han sido frustradas por el narcotráfico y esto ha dificultado los esfuerzos del gobierno en el cumplimiento de sus deberes constitucionales. Un círculo vicioso y preverso de violencia y corrupción ha agotado los recursos indispensables para la construcción y éxito de un Estado moderno”.

El Plan Colombia contiene seis objetivos fundamentales con mira a reducir en 50% el cultivo, procesamiento y distribución de la droga en seis años. Los objetivos son: el fortalecer la lucha contra el narcotráfico mediante esfuerzos integrales dirigidos por las Fuerzas Armadas y de acciones continuas y sistemáticas del ejército y la policía, especialmente en la región del Putumayo y en el Sur del país, donde se establecerá el control militar con propósitos de erradicación; fortalecer el sistema judicial; el combate a la corrupción; neutralizar el sistema financiero de los capos y de los agentes de la violencia aliados a este hecho ilícito; fomentar la cooperación regional e internacional y ampliar los programas de desarrollo alternativo en áreas afectadas por el narcotráfico. El primer objetivo ha desatado controversia de las verdaderas intenciones de Estados Unidos en la implementación del plan, ya que se argumenta que no es casual que en el Sur del país se ubique la zona de distensión guerrillera y tampoco que ahí se instalara la base militar de Tres Esquinas sede del Centro de Comando, Control y Comunicaciones y de los batallones antinarcóticos asesorados y entrenados por los Estados Unidos.

Como parte de la alianza contra las drogas Colombia - Estados Unidos5. en el año de 1999, instructores militares de Estados Unidos entrenaron a 932 soldados en el período del 5 de abril al 15 de diciembre con un costo de $ 3.0 millones de dólares y la ministración de equipo con un costo de $ 3.5 millones de dólares. Los asesores militares estadounidense se ubican en las bases militares de Palanquero, tolemaida y Tres Esquinas, en esta última se ubica el Centro de Inteligencia Conjunto que cuenta con estructura de Comando, Control, Comunicaciones e inteligencia, cuyo costo fue de $ 3.23 millones de dólares, así mismo, Tres Esquinas cuenta con una moderna pista de dos mil metros prevista para una eventualidad en la que aviones AWAK-3 Sentry, Orión P-3 y C-27 del Comando Sur deEstados Unidos puedan realizar sus maniobras de aterrizaje y despegue.

En lo referente al apoyo en el ámbito fluvial/marítimo Estados Unidos lo ha venido proporcionando desde 1997 con infraestructura y lanchas, teniendo contemplado establecer 7 bases avanzadas más, mejorar 3 de las existentes, proveer 25 lanchas de Mando y Control C2 y 54 lanchas patrullas, así como aumentar de 25 a 45 el número de elementos de Combate.

Para apoyar el programa de intercepción aérea de aeronaves que transporten drogas, los Estados Unidos tienen dispuesto radares sobre horizonte relocalizable (ROTHR), radares de vigilancia basados en tierra (GMR), radares de vigilancia aérea (AEW), aeronaves de vigilancia con radar, mejoramiento de aeronaves A-37, AC-47 y OV-10. Como parte de la asistencia militar que enviará Estados Unidos a Colombia, para ayudar a destruir las plantaciones de cocaína y heroína, se contempla por lo menos 30 helicopteros artillados y blindados UH-1N, para proteger las operaciones de los aviones fumigadores de plantíos ilícitos, así como para detectar laboratorios clandestinos y transportar a personal encargado del combate al narcotráfico.

El multicitado plan, contempla el proceso de paz como parte de una alianza estratégica antinarcóticos, vista desde una óptica de permanente vigilancia y apoyo complementario de las Fuerzas de seguridad y defensa, vinculando el éxito del proceso de pacificación con la lucha contra el narcotráfico y los planes de desarrollo y generación de empleos. También hace hincapié en que los movimientos insurgentes, alimentados en parte por la retórica de confrontación capitalista-comunista, lograron ampliar su presencia territorial y su adquisición de influencia política y militar mediante la extorsión y el secuestro, y más recientemente mediante “impuestos” cobrados por los intermediarios del narcotráfico. Sin embargo, no hace referencia a la participación de las llamadas “Autodefensa Unida de Colombia” (AUC), los grupos paramilitares, que en sus inicios actuaban como guardaespaldas de caciques y latifundistas y que con el tiempo se agruparon en pequeños ejércitos bien armados. Con el auge del narcotráfico fueron contratados por los poderosos cárteles de las drogas y por otro sectores que los usan para realizar el trabajo “sucio”, operando en 11 Departamentos o Estados donde ejercen el terror por medio de acciones de fuerza y amenazas de muerte contra funcionarios y civiles que consideran “proguerrilleros”.

El Plan Colombia está resultando muy controvertido, ya que la asistencia está destinada a la lucha contra el narcotráfico, pero dada la asociación de guerrilleros con narcotráficantes es practicamente imposible diferenciar entre la aplicación de recursos estadounidenses exclusivamente al combate de narcos sin un necesario despliege de actividades militares sobre los movimientos insurgentes, ante esta situación la Casa Blanca ha salido al paso manifestando que no existe ni alienta una solución militar al conflicto en Colombia, rechazando tajantemente que el citado plan, sea punta de lanza para financiar la intervención directa de los militares estadounidenses en la problematica interna de países latinoamericanos. En sus argumentos al Congreso, la Casa Blanca sostiene que Estados Unidos “necesita estar allí” en apoyo de Colombia para luchar en contra del cultivo y tráfico de narcóticos, así como para impulsar la paz, incrementar el imperio de la ley, mejorar los derechos humanos, expandir el desarrollo económico e instituir una reforma judicial. Explicando que el paquete de ayuda está diseñado para avanzar el interés de seguridad nacional de Estados Unidos, respondiendo al mismo tiempo y de manera balanceada a los problemas sociales, económicos, gubernamentales y de narcóticos de Colombia6.

La lucha contra el narcotráfico en México.

México ha venido insistiendo en que el narcotráfico es la más grave amenaza a su seguridad nacional, a la salud e integridad de la sociedad, y a la tranquilidad pública de sus ciudades y poblados.Tiene la plena convicción de que la lucha contra ese mal debe partir del reconocimiento de que en todos los países afectados, se dan todos los eslabones de la cadena delictiva del narcotráfico y de que cada nación debe cumplir cabalmente su tarea, al tiempo que se promueva una más efectiva. Promueve la cooperación bilateral, hemisférica y global sobre la base del pleno respeto a la soberanía nacional. El país está combatiendo al narcotráfico en cuatro niveles que se articulan y complementan: al interior reforzando las leyes contra el crimen organizado y el lavado de dinero, fortaleciendo las instituciones encargadas de perseguir los delitos, y capacitando y equipando al personal que arriesga su vida en esta lucha. En el ámbito de la cooperación internacional, ha celebrado 22 acuerdos bilaterales en materia de control de drogas. Algunos de dichos acuerdos les ha permitido fortalecer la cooperación bilatera a través de mecanismos especiales de alto nivel, como el que mantiene con el gobierno de los Estados Unidos.

A escala hemisférica ha alentado y participa activamente en las labores de la Comisión Latinoamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), en el seno de la OEA.

El convencimiento de que para tener eficacia global frente a una amenaza que también es global, es preciso que el tema del narcotráfico sea abordado por la ONU. Respecto a este último aspecto es menester señalar que a iniciativa del Presidente de México se celebró la denominada Cumbre Mundial de las Drogas en el seno de la ONU en 1998, en la que se aprobó la Declaración Política que refleja la tesis mexicana de adoptar un enfoque integral y equilibrado del problema, o sea, delinear estrategias nacionales e internacionales que reduzcan tanto la oferta como la demanda de drogas, reafirmar el respeto total de la soberanía y la integridad territorial.

La Declaración Política subraya la necesidad de dar particular atención al problema de la demanda, asimismo, compromete a todos los estados a lograr resultados importantes y medibles en la citada reducción para el año 2008, aprobandose también la Declaración Internacional sobre los Principios Rectores de la Reducción de la Demanda de Drogas, con lo cual se equilibra el régimen internacional del control de drogas, hasta ahora enfocado en eliminar la producción y el tráfico. Se aprobaron los principios propuestos por México para combatir el lavado de dinero; medidas de control de los precursores químicos; el plan de acción para combatir la fabricación ilícita, el tráfico y el uso indebido de estimulantes tipo anfetamina y sus precursores.La política antidrogas de México busca, más allá de limitar la acción nociva de las redes de narcotráficantes, desmantelar y acabar con las organizaciones mismas. Una mayor cooperación internacional contribuye a este propósito. De muy poco sirve acabar con una organización criminal en un país si puede seguir operando desde otros.

Por su vecindad geográfica con un mercado tan importante como el estadounidense, México tiene una condición particular en el problema mundial de las drogas. Esa condición, le ha impulsado a mantener y redoblar los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, para lo cual ha implementado el Programa Nacional para el Control de Drogas 1995-2000 en el cual se establecen las estratégias y lineas de acción para una lucha integral contra las drogas ilícitas, participando Instituciones como la Secretarías de Salud, Educación, Comunicaciones y Transporte, Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores, Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Policía Federal Preventiva, Procuraduría General de la República con organismos como la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos contra la Salud, la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado y el Centro de Planeación para el Control de Drogas.

Las acciones implementadas por las instituciones son coordinadas por la Procuraduría General de la República y sus resultados son puestos a consideración del Gabinete de Seguridad Nacional presidido por el Presidente de la República en donde se evalúan y se reorientan las acciones cuando procede. Cabe hacer mención de los operativos denominados “Sellamientos” de la frontera Sur, Golfo de California y Peninsula de Yucatán con el objetivo de negar el espacio aéreo, marítimo y terreste nacional a los narcotráficantes, en los cuales se ha invertido aproximadamente $ 525 millones de dólares, estableciendose como concepto de la operación una linea de alerta temprana con aéronaves de reconocimiento de largo alcance dotadas de radares y sensores de primera generación, una linea de intercepción marítima con buques operando en trinomio buque-helicoptero-lancha rápida, una linea de costa con embarcaciones interceptoras de alta velocidad y grupos de respuesta rápida, bases de intercepciones moviles en tierra adentro, puestos de revisión carreteras empleando detectores electronicos de personas y vehiculos, así como radares de detección aérea y marítima. Asimismo, en labores de erradicación el Ejército tiene involucrado aproximadamente 20 mil efectivos.

El informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), publicado en 1999, reconoce “el fuerte esfuerzo de México” en el combate a los cárteles de las drogas. Pero añade que esto mismo está desplazando las operaciones de los narcotráficantes hacia otros países de América latina y el Caribe. Sin embargo, aún así, México sigue siendo el principal proveedor de marihuana a Estados Unidos y el Oeste de Canadá, señala el documento. La ubicación estratégica de México es determinante, pero no lo sería más si Estados Unidos dejara de ser el principal mercado.

SEGUNDA PARTE.

CAPITULO III.

La soberanía de los Estados.

Origen del concepto de Soberanía

La edad media vió nacer y florecer el feudalismo, que produjo la atomización del poder entre los reyes y los señores feudales, oponiendose los duques, condes. barones y marqueses a los reyes. En Inglaterra los señores feudales y la burgesía naciente lograron límitar las atribuciones del rey y conformar una forma mixta de organización política, mezclando los principios monarquicos y aristocraticos que posteriormente se tradujo en el sistema parlamentario, con una cámara de la burgesía, otra de la nobleza y el rey. En Francia, por el contrario, el rey se impuso a los señores feudales, cerrando las compuertas del absolutismo monarquico. Es así, como surge aún antes de formularse expresamente la idea moderna de la soberanía, como cualidad de poder temporal nacional, es decir de poder humano, alimentada por el poder de la voluntad para análizar libremente las realidades sociales, interpretar el orden divino y natural para el acontecer diario. En el siglo del renacimiento cobra lugar una transformación de los hechos y de las ideas y como lo cita Herman Heller en su obra “La soberanía”7: “La batalla del poder temporal y de los hombres contra el orden ético y jurídico divino que les tenía enajenados y por la conquista de la soberanía para el poder temporal y para el hombre, a fin de hacer posible la creación de un orden terrestre y humano, en el que cupieran todos los hombres y todos los credos.” Juan Bodino contribuyó en la desajenación del poder y del hombre al haber aportado las primeras definiciones de la nueva República y del concepto de soberanía, al señalar que: “República es un gobierno justo de muchas familias y de lo que le es común, con poder soberano. Soberanía es el poder absoluto y perpetuo de la República.”

El concepto de Estado concebido por Maquiavelo se erige como soberano absoluto: nada ni nadie quedaría encima de él; sería el arbitro y el autor de su destino, de su estilo de vida y de su orden ético y jurídico. La soberanía concebida por el pensador Florentino, conlleva que esta no es un atributo del Estado como ente, sino como una cualidad del poder de una comunidad humana. La problematica de la soberanía en la edad moderna se transforma en un escenario de lucha entre la democracia contra la monarquía, del pueblo y de sus hombres contra los reyes, surgiendo un nuevo dilema: soberanía del pueblo o soberanía del principe. Juan Jacobo Rousseau, quebró el pensamiento político de la edad media y moderna al generar las ideas básicas de la nueva democracia y de la soberanía del pueblo. Rousseau proclamó la libertad del hombre y la soberanía del pueblo como las bases inconmovibles de una sociedad orientada a la realización de lo humano; que la estructura del cuerpo político y la conformación del derecho tienen que ser el producto de la voluntad general de los hombres libres dirigida al aseguramiento de la libertad, por lo que sólo pueden considerarse legitimados cuando tienen como base la voluntad libre de los hombres, así mismo ligada íntimamente con el ejercicio de su libertad y de la soberanía; cualquier otro orden normativo será un orden de poder , más no un orden jurídico.

Se puede establecer que la doctrina de la soberanía nació como un concepto político, pero se ha transformado en uno jurídico; fue cualidad de un poder humano, de los reyes o del pueblo, ahora es la potestad necesaria de auto organizarse o de auto determinarse, esto es, la potestad, que es una necesidad, de darse un orden jurídico. La soberanía no es la suma de las atribuciones que ejerce un Estado, ni es tampoco el continente de ellos, sino la posibilidad de crear atribuciones, de señalarse libremente atribuciones. Un Estado no puede existir sin un orden jurídico, porque el caos es una posibilidad téorica más no real. La soberanía es un concepto jurídico formal, lo que es libre es su contenido.

Redefinición de la soberanía.

Las transformaciones de las relaciones de poder mundial que se vienen suscitando producto de la globalización, generan que los modelos conceptuales y teorías políticas asociadas a las estructuras en desintegración sean sometidas a un proceso de redefinición ante el cuestionamiento de su capacidad para dar respuesta a las nuevas relaciones de poder. Lo anterior induce a reflexionar sobre el concepto de soberanía en lo relativo a que si ya ha pasado a tener otra concepción de la misma en virtud de los avances tecnológicos, que como factores inciden preponderantemente en los estados, en su imperium sobre el territorio, aunque por supuesto, cuando se habla de soberanía no es sólo referido al territorio, sino también del dominio político y económico del Estado. Actualmente existen otros adelantos tecnológicos que rompen con el concepto de fronteras nacionales. Internet, producto del desarrollo de la tecnología informática, es uno de ellos. Las comunicaciones han revolucionado lo vínculos entre las sociedades desde todos los puntos de vista, sean culturales, financieros, ideológicos, comerciales, etc. Se observa modificación de pautas territoriales y de soberanía si consideramos por ejemplo el imperio de influencia monetaria frente a los imperios territoriales. La soberanía de los Estados es el único límite a la expansión financiera; no obstante, muy pocos Estados están en condiciones de poner límites o incluso, de manejar la moneda. Además la expansión financiera tiene directa incidencia sobre las personas más que en términos geográficos, por lo que los Estados ven debilitada su capacidad de control.

Existe un alto índice de transnacionalización en la toma de decisiones y en las relaciones globales. Los actores transnacionales no sólo operan como grupos de presión en el marco estatal, sino que han alcanzado, en gran cantidad de casos, la capacidad de operar como factores de poder8. El sistema financiero global es un ejemplo evidente. Se manifiesta que el interrelacionamiento e intercondicionamiento entre Estados se ha hecho más complejo, debido a la proliferación de unidades que intervienen y a su heterogeneidad, incidiendo en la capacidad y funcionalidad de los organismos internacionales, que intentan operar de la misma manera que en las épocas en que el Estado era el actor monopólico, siendo que éste ha ido perdiendo control y manejo de gran cantidad de las operaciones que estaban en su exclusiva esfera de influencia.

El concepto de soberanía original, basado en el modelo de Estado del siglo XVI, establecía como prerrequisito, la independencia, la autosuficiencia, la delimitación geográfica, la impermeabilidad territorial y la independencia política. Hoy, se puede considerar que salvo para Estados como los Estados Unidos de Norteamérica, algunos países de Europa, tal vez Japón, tal vez China, estos requisitos practicamente han desaparecido. Ejemplos de lo antes mencionado se pueden dar: la invasión de los Estados Unidos de Norteamérica a Panamá y la detención de su presidente Noriega, quien fuera juzgado en un tribunal norteamericano y puesto preso en una cárcel de los Estados Unidos; el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba y la aplicación de leyes federales en el marco internacional, como la Torricelli, la Damato y la Helms-Burton; la certificación o descertificación por parte del gobierno norteamericano a aquellos países que siguen o no, a su criterio, pautas adecuadas en el combate al narcotráfico, entre otros. Por lo asentado se puede considerar que existen Estados que tienen supra-soberanía o al menos soberanía, y otros que tienen su soberanía con influencia del más fuerte.

La globalización, llevada a los medios de comunicación significa un rompimiento de las fronteras políticas.Tanto la libre circulación del capital como la globalización de los medios de comunicación significan, pues, un abatimiento de las fronteras económicas, y en diversos aspectos, también de las políticas, de tal manera que el resultado final es que las soberanías nacionales se encuentran en un cuestionamiento sin precedentes. Se trata de un cambio semejante, aunque inverso, al ocurrido con la conformación de los Estados-nación que se originó en el siglo XVI y, en los siguientes. En esa perspectiva, la cultura adquiere un carácter estratégico, ya que la identidad nacional constituye actualmente el único dique frente a la tendencia hacia la desaparición de las naciones.

Soberanía e independencia aparecen usualmente confundidos; se habla de pérdida o recuperación de soberanía cuando en realidad se está pensando en la independencia externa de los estados, y viceversa. Sin embargo, no se trata de cuestiones tajantemente separadas. Cuando la decisión o conjunto de decisiones por las que el estado reclama supremacía, es el resultado de la presión o los condicionamientos de actores externos, es evidente que la soberanía deviene un formato de la pérdida de independencia y el estado actúa simplemente como intermediario entre el poder externo y los actores que operan en su espacio nacional. La soberanía de un Estado se refiere a su capacidad real de imponer sus decisiones con carácter supremo respecto de la población que habita y el territorio que controla. El surgimiento de actores “transterritoriales” es el factor que pone en tela de juicio no tanto el concepto mismo de la soberanía, sino su extensión y su eficacia. Estos actores tienen su sede institucional en una pluralidad de Estados o bien en Estados del mundo desarrollado, de ahí que su cuestionamiento de la soberanía estatal se experimente sobre todo en detrimento de los estados menos desarrollados y se exprese así mismo como una pérdida de independencia. El cambio en los escenarios mundiales reformula y remodela de manera contínua la soberanía de los Estados, pero no lo hace de manera igual para todos. La capacidad de imponer sus decisiones sobre su propia población, o de obtener acatamiento universal a ellas, es mucho mayor en algunos Estados que en otros.

Como se ha podido apreciar, existen argumentos y hechos de que el avance de las comunicaciones, el comercio mundial, así como las decisiones de los Estados de ceder ciertas prerrogativas soberanas a asociaciones políticas comunes de mayor envergadura tal como está sucediendo con la Unión Europea, lo cual da pauta a considerar una redefinición del concepto de soberanía estableciendo nuevos limites, ya que la concepción “absoluta y exclusiva” aún cuando nunca ha sido real, excepto en los casos de proyectos políticos de sociedades cerradas, autoritarias o totalitarias, es cuando se ha podido observar tales esfuerzos de definición del concepto de soberanía en terminos absolutos, sin olvidar por supuesto las reflexiones filosóficas en relación al Estado absoluto cuya soberanía no podía ser menos que exclusiva. La redefinición de la soberanía está asociada a la capacidad de los Estados del sistema político para hacer creible el ejercicio de su autoridad y el poder de ejecución de sus decisiones. Esta credibilidad se puede fundamentar en la propia capacidad del sistema político para garantizar el monopolio legitimo de la violencia fisica. A los países con recursos suficientes de poder e influencia, la soberanía no les plantea problemas, ya que en la misma medida en que posean mayor poder, la discusión en torno a la soberanía tendrá menor importancia.

Los países industrializados, con mayores recursos, sobre todo los que poseen armas nucleares, tienen escasas dificultades para ejercer su soberanía. En el Consejo de Seguridad de la ONU, los países con derecho a veto, cuentan con la clave para evitar cualquier decisión que pueda afectar sus intereses vitales vinculados a la soberanía. A los países con escasos recursos sólo les queda apelar al respeto de los principios establecidos en las normas internacionales. Observandose que actualmente los Estados no tienen por sí mismos, capacidad para controlar los flujos globales de capital, de tecnología, los medios de comunicación o Internet. Eso no quiere decir que desaparezcan. Los Estados nacionales son instituciones históricas que representan identidades, coaliciones de intereses, proyectos nacionales y que van a persistir.

El tradicional concepto de soberanía se presenta como una limitación, un obstaculo téorico, cultural y si se quiere jurídico para el desarrollo de las necesidades expansivas no sólo de la economía, sino sobre todo de la posibilidad de intervención en los conflictos –nuevos y viejos- que hipoteticamente tendran como escenario principal los países con menor rapidez en el proceso de acumulación de fuentes de poder. A partir de esta perspectiva, el ejercicio de la soberanía se encuentra asociado a la acumulación de cierta capacidad de decisión del sistema político, aún cuando tales decisiones se encuentren vinculadas -interdependencia- a presiones de distinta naturaleza. En tal sentido, la soberanía reside en la capacidad del Estado para mantener el control del proceso de decisión sobre las demandas criticas provenientes del conjunto de la sociedad en última instancia, ejerciendo su poder para disuadir o evitar que otro decisores supraestatales, multinacionales o internacionales le obliguen bajo amenaza económica, política o militar contra su voluntad a adoptar determinado tipo de decisiones. Precisamente, se trata de debilitar la voluntad de los Estados para oponerse a este nuevo sistema de seguridad global y uno de los pasos es quebrantar el concepto de soberanía prevaleciente hasta el momento en la cultura política de las elites dirigente de los países en via de desarrollo. Sin embargo, la realidad demuestra que la cultura política de los gobernantes y del liderazgo político formados en principios de soberanía e independencia del Estado con relación a cualquier fuente de poder situada en el entorno extra sociedad, resulta muy dificil de modificar, teniendose que producir en los hombres de gobierno una ruptura en el conocimiento que les permita superar los conceptos relativos a la soberanía, que representan un obstaculo intelectual para comprender las nuevas relaciones de poder a las que se veran enfrentados y ante las cuales deberan adoptar decisiones públicas

CAPITULO IV.

Efectos de la lucha contra el narcotráfico sobre la soberanía de las naciones.

Nos hemos acostumbrado a la idea de un sistema político mundial cuya unidad básica es el Estado-nación que ejerce la soberanía sobre un territorio definido donde habita una población cuyos miembros pueden ser divididos sin dudar en ciudadanos y extranjeros. Actualmente, este sistema político se ve amenazado por fuerzas supranacionales que trascienden los límites del Estado-nación y que con frecuencia ponen a prueba su capacidad de decisión soberana: el comercio, las migraciones, los flujos financieros, la producción transnacional de bienes, las comunicaciones, el conocimiento científico, la tecnología y el fenómeno del narcotráfico y sus delitos conexos. Se trata de lo que Abba Eban9 llama la anomalía central de nuestro tiempo: la existencia de una multiplicidad de naciones en un mundo en el que la soberanía ha perdido en gran medida su significado. En un escenario desintegrador, las fuerzas supranacionales tienden a una asimilación que uniforma valores y estilos de vida con poca sensibilidad a las especificidades históricas y culturales de cada nación. Los más importantes de esos valores giran alrededor de los derechos humanos, los cuales han permitido articular un concepto más universal de ciudadanía, cuyo principio de legitimidad ya no se basa en la pertenencia nacional sino en el concepto universal de persona. Como escribe Soysal: “El principio de los derechos humanos asigna un estatus universal a los individuos y sus derechos, minando así los límites del Estado10.

Los efectos sobre la soberanía.

Como se ha podido percibir de lo asentado en los capitulo precedentes, el Estado-nación se encuentra sujeto a fuerzas de carácter transnacional como el narcotráfico cuyo efectos se manifiestan en el ámbito político, económico, social y militar incidiendo en la calidad y capacidad suprema e independiente que tiene un ente político de autodeterminar su destino, es decir, en la soberanía. La lucha contra el flagelo del narcotráfico y sus delitos conexos ha repercutido en la soberanía de los estados por la connotación que ha cobrado de transnacional y por la diversidad de acepciones y de aplicaciones que tiene como concepto. Así mismo,las leyes contra el narcotráfico de los distintos países involucrados en su combate guardan aspectos no coincidentes lo cual plantea escollos que favorecen a los narcotráficantes; la inadecuada observancia del derecho internacional en cuanto a asumir que todos los estados son iguales sin importar el poder de que disponen; la falta de concenso para asumir el narcotráfico como un problema de seguridad nacional por parte de los países afectados en sus diversas modalidades y sobre todo la falta de confianza provocada por acciones unilaterales en la aplicación de los acuerdos binacionales en la lucha contra las drogas a nivel internacional, ha sido fuente de presiones políticas y económicas que han lesionado la soberanía de los Estados.

Es menester señalar que hay que diferenciar entre los efectos que produce el narcotráfico en la soberanía y los que se producen como resultado de la lucha emprendida a nivel bilateral y multilateral, bajo esta última consideración se pretende abordar este capitulo.

Convenios de cooperación y sus efectos.

Los convenios de cooperación bilaterales para combatir el narcotráfico se han realizado entre países del Continente Americano con el fin de coordinar las acciones antinarcóticos y evitar lesionar la soberanía, sin embargo la problematica se origina por iniciativas promovidas por los Estados Unidos que revisten manejos unilaterales asfixiantes, que sesga y pervierten las relaciones. El interés de dicho país de controlar el tráfico de drogas ha puesto a los gobiernos latinoamericanos en una encrucijada, como lo demostró la aguda crisis suscitada por su decisión en enero de 1990 de enviar una fuerza militar a aguas aledañas a Colombia sin acuerdo previo, inmediatamente después de la intervención militar a Panamá. La década de los 90’s marcó un notorio empeoramiento en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia, jugando un papel central el rol que el presidente Bush le quería atribuir a su país de “policía mundial”. Escudandose en ese rol, dicho país endureció sus políticas en algunas temáticas, como por ejemplo “militarizando la cuestión del narcotráfico”. Así mismo, en su continuo énfasis en llevar a cabo una lucha directa contra ese flagelo, priorizó la lucha contra la oferta de drogas en el mismo lugar donde éstas se originan. Esta política basada en la militarización puede verse en la estrategia que aplicó Bush en la Región Andina, que tenía por objeto combatir el tráfico de cocaína utilizando sus propias Fuerzas Armadas. Podemos decir así que, con esa estrategia se “andinizó” el combate contra las drogas, ya que la mencionada región fue el foco central en la lucha antinarcóticos implementada por los Estados Unidos.

Las relaciones entre el gobierno norteamericano de Bill Clinton y el gobierno colombiano de Ernesto Samper se caracterizarón por la crisis, fundamentalmente originada por la acusación hecha a Samper de que había financiado su campaña electoral de 1994 con dinero proveniente del cártel de Cali. Más allá de las sospechas, en 1996, el Congreso colombiano decidió absolverlo. Ante esa situación, la reacción de Estados Unidos fue de repudio, anunciando la revocación de la visa a altos funcionarios del gobierno colombiano, principalmente al presidente Ernesto Samper. Esta medida adoptada por la administración norteamericana demuestra una vez más la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de los países de América Latina. Esa política de intervención también se vió reflejada al no conceder la certificación a Colombia en la lucha al narcotráfico por dos años consecutivos, eximiendolo de las sanciones que sufrió al otorgarle la certificación condicionada por razones de seguridad nacional pasado los años de descertificación.

La política norteamericana de aplicar leyes internas al ámbito internacional, reclamando jurisdicción cada vez que considera que un crimen le impacta, ha sido otra de las formas de intervención de que hace gala. El tratado de extradición signado por Estados Unidos y Colombia desde 1979 ha sido causa de conflictos entre ambos países por la insistencia de los norteamericanos para que Colombia lo cumpla, argumentando que el sistema judicial está corrompido por los narcotráficantes y que sólo mediante la extradición de los delincuentes a su país se podrá hacer justicia. De hecho, se dieron extradiciones de narcos colombianos a Estados Unidos, los cuales habían cometidos ilícitos comprobados en ese país, sin embargo en su afan de gran policía presionaba para que todos a quienes solicitaba fueran extraditados, sin reunir los requisitos legales para tal efecto, exacerbando a la opinión pública colombiana y desatando represalias violentas por parte de los narcotráficantes, polarizando más la situación de violencia y agudizando la problematica política del país sudamericano. En 1999, se dieron casos de extradición de narcotráficantes colombianos a Estados Unidos, tal vez en aras de crear un mejor ambiente político previo a la presentación del Plan Colombia, con el cual los Estados Unidos tendran una mayor inherencia en aspectos del control de las drogas en territorio colombiano y no se descarta su participación en el combate a las guerrillas ya que no se pueden disociar del narcotráfico. La Casa Blanca ha reiterado que su intención no es la de desarrollar un “plan piloto” a ser probado en Colombia a fin de, sin intervenir directamente en la problematica regional, equipar a los ejércitos del área para intervenir en casos necesarios en la solución de conflictos internos. Sin embargo, tomado el narcotráfico como un elemento de presión de la Casa Blanca sobre los países latinoamericanos, la estrategia de Estados Unidos descansa en el concepto de colombianización: no tanto de los perfiles negativos de la descomposición social y política por la presencia de los cárteles de la droga en la vida cotidiana,sino por el hecho de que Colombia le entregue a Washington el control total de la política antidrogas.

México representa otro estudio de caso en cuanto a las relaciones bilaterales en el ámbito del combate a las drogas con su vecino estadounidense, por sus efectos en que se ha visto lesionada la soberanía mexicana, para ello daremos cuenta de hechos relativamente recientes, como a continuación se establecen: “la operación Casablanca” dada a conocer por el Departamento del Tesoro y de Justicia de los Estados Unidos el 18 de mayo de 1998, en la cual acusaron a tres grandes bancos mexicanos, y a funcionarios de 12 de las 19 principales instituciones financieras mexicanas de haber lavado 85 millones de dólares para los cárteles de Juárez y Cali, en la más grande investigación sobre blanqueo de dinero producto de las drogas, según externaron los secretarios de esas instituciones estadounidense. La investigación fue realizada a partir de 1995 de manera muy “cerrada” sin que el gobierno mexicano fuera notificado por Washington. Como resultado de esa operación fueron arrestados veintidos funcionarios bancarios mexicanos (de bajo nivel dentro de las instituciones bancarias ), en Los Angeles, California y en Las Vegas, Nevada mismos que previamente fueron “invitados” por personal encubierto de las agencias de los Estados Unidos, a pasar un fin de semana con todo los gastos pagado a dichos lugares.

La Operación Casablanca, produjo una crisis en las relaciones bilaterales en virtud de la accion unilateral de los Estados Unidos, ante la flagrante injerencia presuntamente efectuada por agentes de la DEA en territorio mexicano, misma que fue violatoria de la soberanía mexicana, que demostró como el gobierno estadounidense puede proceder con absoluta independencia de sus compromisos con México y desdeñar los aspectos de alianza y apoyo mutuo concertados en múltiples acuerdos. Los impactos negativos que las investigaciones sobre lavado de dinero tuvieron en la economía mexicana se manifestaron en una fuerte caída de las acciones de los bancos mexicanos y la leve depreciación de la moneda. La postura de México con relación al suceso la estableció el Presidente Ernesto Zedillo en un discurso pronunciado en un acto oficial, al afirmar que no se puede aceptar transgresiones a la soberanía, pues ésta no se negocia. También, que no se puede admitir que en aras de cumplir leyes, otros países realicen actos abiertos o encubiertos que violen la jurisdicción internacional. Ante cualquier acto, de manera deliberada o por negligencia, que amenace la soberanía, se responderá con los medios que da el derecho y la diplomacia y con la autoridad moral de una nación de principios firmes e irrenunciables. México está convencido –agregó- de que la cooperación implica respeto a la soberanía y a la observancia de las normas del derecho internacional; los atropellos a la soberanía son inadmisibles, como cualquier vulneración de las leyes que atente contra las normas de la cooperación internacional.

Las palabras del mandatario mexicano, constituyeron la rúbrica a una oleada de indignación nacional ocurrida tras el anuncio de la citada operación Casablanca, que con muy magros resultados ( $ 35 millones de dólares asegurados), fue anunciada con gran pompa publicitaria. Las palabras del presidente Zedillo y las notas diplomaticas cursada por el gobierno mexicano, hizo comprender a su contraparte estadounidense que no se estaba dispuesto a seguir tolerando el abuso de la cercanía geográfica. La procuradora estadounidense Janet Reno, señaló que no se trataba de acusar al sistema bancario mexicano, sino a empleados corruptos que cometieron los delitos y que lo sucedido de ninguna manera debe verse como una incriminación a México. En Estados Unidos existe un perceptivo olfato sobre cuestiones de opinión pública. La airada reacción producida en México fue la consecuencia de una manera de actuar prepotente, despreciativa de tratados y de todas las normas de la cooperación bilateral. Pero aún más, hizo sospechar a muchos que que detrás de todo había presiones políticas e intento de apoderamiento de los paquetes accionarios de la banca mexicana. Ahora bien, eso no quiere decir que se tenga que cegar a los pecados de establecimientos financieros mexicanos. Pero la manera en que actuó Estados Unidos y sus repercuciones a nivel mundial, causó un gran daño a la imagen del país azteca.

Las acciones establecidas en los convenios bilaterales para la lucha contra las drogas entre México-Estados Unidos, se ha visto plegado de incidentes que han afectado la soberanía de México, en la lógica geopolítica de dominación de los Estados Unidos, un hecho ocurrido el 29 de noviembre de1999 en Ciudad Juárez, Chuhuahua puede servir de ejemplo. En dicha ciudad se encontraron a 65 agentes estadounidenses realizando labores sin esperar a que las autoridades mexicanas estuvieran en el lugar del supuesto narcocementerio que según la DEA un informante les había proporcionado esa información. El hecho que después fue asumido como parte de la cooperación con autoridades de México por el Procurador General de la República, le sirvió a los Estados Unidos para tratar de demostrar que México no es capaz de luchar con efectividad contra el narcotráfico, que este sigue creciendo y que el aumento de la presencia estadounidense en dicho país es una necesidad norteamericana. El caso de los narcocementerios desató una campaña de desprestigio en contra de México, ya que los medios de comunicación en Estados Unidos dieron un tratamiento incendiario al asunto, creando un daño, a largo plazo, a la imagen de ese país, al calificarse lo sucedido como “el peor desastre de relaciones públicas que golpea al citado país en años”. El caso guarda importancia por que tiene todos los elementos de que fue preparado, ya que como resultado de la reunión bilateral del Grupo de Contacto de Alto Nivel celebrada en Washington, el gobierno mexicano decidió dar por concluida la cooperación militar con Estados Unidos. Así mismo devolvieron los helicopteros UH-1H Huey que habia recibido para la lucha contra las drogas en virtud de que desde su recepción se determinó el mal estado en que se encontraban, aunado a la serie de requisitos impuestos para su operación, destacandose la supervisión por parte de personal de los Estados Unidos en territorio mexicano. El mismo día en que se dió a conocer el descubrimiento de los narcocementerios, el periodico “The Washington Post” publicó como noticia principal un reporte sobre el aumento del flujo de drogas de México a Estados Unidos.Y al día siguiente, aún con información parcial sobre la veracidad de las sospechas del número de cadaveres enterrados clandestinamente, el presidente Clinton habló del “horror” del narcotráfico criminal en México y comparó a México con Colombia. Pocas veces un presidente de Estados Unidos utiliza precipitadamente un incidente salvo cuando quiere dejar sentado una tesis de seguridad nacional. El 4 de diciembre en el programa “One on One” de John McLaughlin se utilizó el caso de los narcocementerios para cuestionar la integridad política del presidente Zedillo y para insistir en su vinculación personal con el narcotráfico debido a que no procesó a ninguno de los integrantes de la lista negra de 18 políticos mexicanos presuntamente señalados por Estados Unidos como relacionados con el narcotráfico. Esta lista fue entregada, dijo McLaughlin, a Zedillo el día de su toma de posesión.

En el fondo, con el caso de los narcocementerios la principal violación de la soberanía se puede establecer en la geopolítica. Estados Unidos, intentó demostrar que México no está capacitado para combatir el narcotráfico, que las drogas en Estados Unidos pasan por México, que la corrupción es el principal problema y que debe aumentar su presión para supervisar dentro de México los programas de lucha contra el narcotráfico.Esta sería, en realidad, la verdadera colombianización de México: Estados Unidos a cargo de la lucha mexicana contra el narcotráfico.

La politización que hacen los Estados Unidos de la lucha contra el narcotráfico para ejercer presión en otros países como México, acusandolo de la gravedad del problema en lugar de adoptar una actitud razonable aceptando la realidad tal como es, de que son ellos, finalmente quienes hacen posible que se mantenga firme la cadena productiva del narcotráfico, y nunca se ha sabido que las autoridades estadounidenses hayan dado algún golpe demoledor contra los grandes capos que movilizan y venden toneladas de estupefacientes entre sus más de 20 millones de adictos. De ahí que cause asombro la firmeza con la que el embajador de Estados Unidos en México Jeffrey Davidow afirmó en una conferencia con ex alumnos de la Universidad de California, en el Club de industriales de la capital mexicana que “ las sedes del mundo del narcotráfico ya están en México. Añadiendo que los “dueños y gerentes” más importantes del narcotráfico son mexicanos, colombianos, dominicanos y rusos. Rechazando que en Estados Unidos operen narcomafias poderosas.

Intromisiones como la descrita se estan volviendo sistematicas, incrementandose en los meses previos al proceso de certificación y para capitalizar coyunturas que les otorgen elementos de presión para lograr sus objetivos. Las exigencias de Washington, cada vez más estrictas, pretenden que se le resuelva el problema incontrolable por ellos en su territorio. Siendo sus demandas intervencionistas y vulneran la soberanía de los Estados. México por ser considerado en Washington un país esencial para la seguridad de esa nación le puede conducir a injerencias crecientes y a una confrontación política tal vez dañina para el cada vez mayor comercio bilateral tan beneficioso para ambos países.

La Certificación implementada por los Estados Unidos.

Por otra parte, se hace menester señalar el potencial conflictivo del problema de las drogas en la relación bilatera México- Estados Unidos que ha sido claro a lo largo de la historia, sin embargo el Congreso estadounidense realiza evaluaciones unilaterales o certificaciones del esfuerzo de México y otros países para combatir el narcotráfico, así como ha buscado promover la aplicación extraterritorial de la ley al combatir el narcotráfico. Por ello, en las discusiones sobre la cooperación antidrogas, tanto en el ámbito bilateral como en el multilateral, el gobierno de México insiste en la validez de los principios de la igualdad de los estados y el repeto a la soberanía y las leyes de cada nación. La certificación como procedimiento pensado para presionar a los gobiernos para que colaboren intensamente en la lucha norteamericana contra el narcotráfico, so pena de recibir algunas sanciones de tipo económico, ha impactado a México ya que cada año es victima de las presiones por parte de los Estados Unidos lo cual lesiona las de por sí dificiles relaciones entre ambos países, provoca que ambos se culpen mutuamente del problema, y genera un ambiente que en nada contribuye en mejorar la cooperación bilateral en esta materia. En un balance general, parecería que la certificación en realidad obstruye, en lugar de impulsar la lucha contra el narcotráfico, además de ser un motivo de constantes fricciones y recriminaciones entre los países involucrados.

Los principales argumentos que se han esgrimido para negar la certificación a México y que hasta la fecha no se ha concretado quedando solo en presiones desestabilizadoras como las siguientes: que sigue siendo un importante punto de tránsito para la cocaína procedente de Sudamérica hacia Estados Unidos, así como un importante productor de heroína y marihuana; que produce o importa muchos de los precursores químicos para la producción de drogas ilícitas, y que las organizaciones mexicanas del narcotráfico controlan la distribución de metanfetaminas; que México es un punto de elección para el lavado de dinero procedente del narcotráfico. Las razones de este tipo en realidad no reflejan la falta de disposición del gobierno mexicano para luchar contra los capos, sino la fuerza de éstos, lo cual no es su culpa (o de ningún otro), sino de las características de esta rentable industria y sus exhorbitantes utilidades. También es resultado, como mucho se ha dicho, de la involuntaria cercanía geográfica con el principal mercado de estupefacientes. Esgrimir estas razones es confundir causas y consecuencias. Sin embargo existen algunas otras razones que en principio sí apelarían a la responsabilidad del gobierno de México en los altibajos resultados alcanzados en esta lucha, tales como que el gobierno mexicano ha rechazado muchas solicitudes para extraditar sospechosos de estar vinculados con el narcotráfico, en alguna de sus múltiples facetas y que no ha sabido tomar medidas adecuadas contra la corrupción, y en los últimos años una serie de funcionarios de alto nivel han sido acusados de corrupción vinculados con el narco. En realidad, tales argumentos hablan, de nuevo, del enorme poder corruptor de las organizaciones criminales, lo que lleva a suponer no tanto que el gobierno no haya sabido evitarla, sino que no ha podido hacerlo, que es muy distinto.

Como una nueva faceta de su unilateral lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos empezará a aplicar a más tardar el 1 de junio del 2000, la “Ley para la designación de narcotraficantes extranjeros significativos”, mejor conocida por sus siglas en inglés como FNDKA11. Esta nueva legislación será un auxiliar para la certificación que anualmente realiza Estados Unidos contr los países productores de drogas o que sirven de tránsito para que la cocaína, heroína y drogas sintéticas lleguen hasta los consumidores estadounidenses. La citada ley fue aprobada el 3 de diciembre del año pasado por el presidente Clinton y el Congreso de Estados Unidos, y cuyos efectos se conocerán a mediado de este año, cuando aparezcan en una lista elaborada por las agencias dedicadas a la lucha contra el narcotráfico de ese pís, los nombres de personas y empresas extranjeras sospechosas de mantener alguna asociación con bandas del narcotráfico o presuntamente participar en la triangulación de dinero ilícito para “lavarlo”. Lo más grave de esa ley, es que sin juicio previo y contra todo principio del derecho, Estados Unidos acusará y sancionará, sin acudir a ningún tribunal, a cualquier extranjero que por simple sospechas, intrigas, suposiciones o hasta errores, se presuma que tiene vínculos con operaciones ilícitas. Las sanciones serán hasta de 10 años de prisión, multas por 10 millones de dólares y bloqueo de propiedades y cuentas bancarias que se ubiquen en Estados Unidos. Más allá, sin embargo, de las censurables unilateralidad y antijuricidad de la nueva ley estadounidense, y más allá incluso del injustificable estado de indefensión en que deja a los ciudadanos extranjeros con vínculos económicos de cualquier indole y magnitud con Estados Unidos, se encuentra la aún más injustificable y censurable ideología de gran potencia que exhibe el gobierno de esa nación, la que se traduce en la más amplia falta de respeto a países y gobiernos.

Según escribió Oppenheimer en un articulo períodistico12 : “ Hasta ahora, la mayor parte de las criticas contra el proceso de certificación anual venía de los demócratas de centroizquierda y los moderados, quienes –junto con prácticamente todos los países latinoamericanos- argumentaban que la evaluación unilateral de Estados Unidos es un ejercicio de arrogancia política por parte del principal consumidor de drogas del mundo”.

Gobernabilidad y soberanía. Cuando el narcotráfico y sus delitos conexos, promovidos por intereses no estatales penetran las estructuras de la política, la economía y la sociedad no resulta dificil entender que la soberanía se puede ver subvertida, sin embargo la lucha contra este flagelo no sólo ha degradado aparatos de impartición de justicia, sino que los ha distraido, por así decirlo, de sus múltiples tereas, lo que ha dado lugar a la aparición de nuevos problemas. Lo anterior ha sucedido sin que se hayan logrado avances significativos en el abatimiento del mercado ilegal de drogas. Ante la desigualdad financiera y organizativa de los aparatos de seguridad e impartición de justicia, a la lucha gubernamental responden los narcotráficantes con la intensificación de las acciones de soborno, corrupción, terror, amenaza intimidatoria, agresión y asesinato. Sus principales blancos son políticos, periodistas, jueces, altos funcionarios de la justicia, policías, militares, dirigentes y cuadros de organizaciones sociales y políticas. Se perfilan como desafíos a la legitimidad y efectividad de las autoridades, a la soberanía y a la seguridad del estado. El poder financiero del narcotráfico lo convierte en una amenaza no sólo para la estabilidad democrática sino para el correcto funcionamiento de las propias instituciones democráticas. El narcotráfico puede financiar tanto guerrillas como partidos políticos.

Las fuerzas de seguridad pública en muchos países ha sido revasada por el narcotráfico, incrementandose la gravedad de la violencia, poniendo en riesgo la gobernabilidad, requiriendose la participación de las Fuerzas Armadas para coadyuvar en su combate, sin embargo se han manifestados problemas de corrupción en algunos de sus miembros lesionando a las instituciones castrenses como garantes de la soberanía y la defensa nacional, creando inquietudes en la sociedad al contemplar que el último reducto de lucha sea penetrado por el poder corruptor del narcotráfico, quedando a merced de sus aviesos intereses. Muchos Estados han considerado al narcotráfico como una amenaza a su seguridad nacional, con lo cual se justifica la intervención de las Fuerzas Armadas, pero también hay que estar conciente de las presiones de que son objeto los países en el plano de los acuerdos bilaterales y multilaterales para lograr resultados en la lucha contra las drogas, sobre todo en los ámbitos de la intercepción y errradicación, lo cual hace necesario la participación de las Fuerzas Armadas dada la infraestructura con que cuenta y los recursos humano de que dispone.

En la lucha contra el narcotráfico se han presentado casos que lesionan la soberanía de los estados, como el de intercepción marítima que ayudaron a estropear las relaciones de los Estados Unidos con Jamaica y Barbados entre la primavera de 1996 y el verano de 1997, afectando la cooperación contra las drogas13. La insistencia de los Estados Unidos por realizar sobrevuelos de sus aéronaves en los espacios aéreos de otros estados ha creado presiones políticas, sobre estos estados, con el argumento de que no se quiere combatir el tráfico de drogas.

Por otra parte hay que considerar que es determinante la capacidad fiscal del Estado para extraer los recursos para hacer políticas públicas, constituyendose en uno de los grandes desafíos que tiene el estado en la economía global. En la medida en que existe la posibilidad de desplazar capitales y establecer sedes de empresas en paraísos fiscales, la contabilidad interna de muchas empresas multinacionales y de muchos bancos es prácticamente imposible de controlar por muchos Estados. Sobre todo por estados de menor capacidad técnica o económica. Entonces, sin contar la enorme cantidad de economía informal y economía criminal que por definición escapa al estado, y sin contar los fraudes fiscales masivos que se producen en todo el mundo, hay también una incapacidad creciente de los Estados para controlar la contabilidad de las empresas. Si a esto añadimos la estrategia neoliberal de reducir la base fiscal del Estado, se está en una situación en la que a los Estados se les pide cada vez más pero tiene cada vez menos con que cubrir esas necesidades y, por consiguiente, estan en una situación más de incitar y negociar que de decidir y ordenar.

En la lucha contra el narcotráfico, se presentan controversias en su desarrollo, por lo que se hace imperativo que quienes formulen y ejecuten las políticas antidrogas deben tener en mente no lesionar la soberanía de los estados ya que esto podría socavar el esfuerzo. Los Estados latinoamericanos en sus alianzas de cooperación tienden a preocuparse de la posibilidad de verse lesionados en su soberanía por acciones enmarcada en el combate contra el flagelo. Por ello frecuentemente demuestran una extrema sensibilidad en cuanto a la soberanía, por lo que se debe ser cuidadoso en la implementación de las tácticas y estrategias contra las drogas.

CAPITULO V.

Conclusiones.

El problema de las drogas no ha sido asumido equilibradamente privilegiandose las acciones sobre la oferta y sus efectos, y no sobre la demanda y otras causas concurrentes, tanto en Estados Unidos y otros países desarrollados, así como en los países productores y de tránsito.

La transnacionalización desgasta la distinción entre países productores, de transito y consumidores, afectandolos por igual, al integrarlos en una relación de interdependencia y comunidad en la desigualdad.

El narcotráfico penetra y opera con relativa impunidad en un buen número de países simultaneamente, su mimetismo es una de sus fortalezas más inexpugnables y más estratégicas.

La nueva tecnología sirve al crimen organizado para enmascarar sus acciones mediante el uso de transferencias financieras electrónicas, acceso a internet y equipo de comunicación, con lo cual mueven imperios económicos

El tamaño, envergadura y eficacia de las organizaciones criminales, reducen las posibilidades y logros de la lucha contra el narcotráfico que es asumida por los gobiernos de muchos países.

El tráfico de drogas contribuye al debilitamiento del Estado, desde su interior y desde su exterior. En lo interno, crea o refuerza los factores que erosionan al Estado a través del peso y de la presencia en la economía, la política y sociedad. En lo externo, contribuye a la transferencia de los centros y poderes de decisión hacia afuera de las fronteras de los Estados; reduce o desvirtúa sus capacidades para la acción nacional y para la internacional; vuelve porosa o irrelevante las fronteras de los países; desafía o impugna la noción clasica de soberanía y pone en tela de juicio la seguridad nacional.

La lucha contra el narcotráfico como fenómeno transnacional ha implicado el establecimiento de políticas de cooperación internacional y de un esfuerzo integral para su combate.

La estrategia de combatir la oferta implementada por los Estados Unidos, ha sido fallida, no obstante los recursos empleados, llevandolos a imponer programas de cooperación binacional sin tomar en consideración los intereses nacionales del otro país, basandose en la premisa de que su gobierno supervise, juzge y sancione en forma unilateral.Presionando a los gobiernos latinoamericanos, perturbando las relaciones y desestabilizandolos, en detrimento de la soberanía.

El concepto de soberanía basado en el modelo del Estado del sigloXVI, que establecía como prerrequisito, la independencia, la autosuficiencia, la delimitación geográfica, la impermeabilidad territorial y la independencia política, practicamente han desaparecido, salvo para países como Estados Unidos y algunos países de Europa.

El surgimiento de actores transterritoriales es el factor que pone en tela de juicio no tanto el concepto mismo de la soberanía, sino su extensión y su eficacia.

Los países con escasos recursos para controlar los flujos globales de capital, de tecnología, los medios de comunicación o internet, sólo les queda apelar al respeto de los principios establecidos en las normas internacionales.

Las fuerzas supranacionales tienden a una asimilación que uniforma valores y estilos de vida con poca sensibilidad a las especificidades historicas y culturales de las naciones, perdiendo la soberanía en gran medida su significado.

La voluntad de los Estados se ha debilitado ante un escenario desintegrador como es el de la globalización, que intenta quebrantar el concepto de soberanía prevaleciente hasta el momento en la cultura política de las elites dirigentes de los países en vias de desarrollo.

La lucha contra el flagelo del narcotráfico y sus delitos conexos ha repercutido en la soberanía de los Estados por la connotación que ha cobrado de transnacional y por la diversidad de acepciones y de aplicaciones que tiene como concepto.

Las leyes contra el narcotráfico de los países involucrados en su combate guardan aspectos no coincidentes, lo cual favorece a los narcotráficantes; la inadecuada observancia del derecho internacional; la falta de concenso en asumir al narcotráfico como un problema de seguridad nacional por parte de los países afectados y sobre todo la falta de confianza provocada por acciones unilaterales en la aplicación de los acuerdos binacionales en la lucha contra las drogas a nivel internacional, es fuente de presiones políticas y económicas que lesionan la soberanía de los Estados.

La soberanía de los Estados ha sido transgredida, en aras de cumplir leyes,otros países han realizado actos abiertos o encubiertos que violaron la jurisdicción internacional.

La certificación que implementa los Estados Unidos como procedimiento para presionar a los gobiernos para que colaboren en la lucha conta el narcotráfico, obstruye, en lugar de impulsar la lucha, además genera fricciones y recriminaciones entre los países involucrados.

Los Estados Unidos han tomado la lucha contra el narcotráfico como un elemento de presión sobre los países latinoamericanos, descansando su estrategia en el concepto de colombianización: no tanto de los perfiles negativos de la descomposición social y política por la presencia de los cárteles de las drogas en la vida cotidiana, sino por el hecho de que los Estados involucrados les entreguen el control total de la política antidrogas.

Las intromisiones realizadas por los Estados Unidos al aplicar leyes internas al ámbito internacional, reclamando jurisdicción cada vez que considera que un crimen le impacta ha generado crisis en las relaciones bilaterales al proceder con absoluta independencia de sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico.

APENDICE A.

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. (CICAD).

Estrategia antidrogas en el hemisferio Americano.

Introducción.

Los países del hemisferio, en las proximidades del siglo XXI, convencidos de la importancia de los esfuerzos desarrollados por nuestras naciones para hacer frente a los problemas ocasionados por el uso indebido, la producción , tráfico y distribución ilícitos de drogas y sus modalidades conexas; al mismo tiempo admitiendo que es imperativo modernizar y mejorar las estrategias y acciones relacionadas con esta materia, han decidido la formulación de la presente Estrategia Antidrogas, la cual se aplicará sobre las bases de los siguientes términos:

1. El problema de las drogas, que ha venido adquiriendo creciente importancia en el mundo, se manifiesta de manera compleja cambiante y tiene un enlace global.

2. Los problemas del uso indebido, la demanda de drogas, la producción, el tráfico y la distribución ilícita de drogas, incluidas las drogas sintéticas o de “diseño,” siguen siendo graves e interrelacionados. Motivo de especial preocupación son las negativas consecuencias que conllevan las drogas ilícitas y demás sustancias controladas, así como los delitos conexos, en la medida que constituyen una seria amenaza para la salud e integridad de las persona humana y para el normal desarrollo de los pueblos, al tiempo que imponen enormes costos sociales, económicos y políticos a los Estados. También merecen atención el uso indebido de sustancias psicoactivas lícitas, como el alcohol, el tabaco,los psicofármacos y los inhalantes, que son comprobadamente peligrosos para la salud.

3. Los paises del hemisferio manifiestan su preocupación por las tendencias que favorecen la aceptación del uso indebido de drogas, en consideración a los graves problemas que son inherentes a dicho uso. El control de las drogas ilícitas debe ser parte de una política integral que, además de prevenir el consumo y contribuir a la rehabilitación de los afectados, asegure por medio de la legislación adecuada, la no disponibilidad de estas y la correspondiente sanción a los responsables de las actividades ilícitas.

4. Los Estados del hemisferio reconocen, ante la complejidad y globalidad del problema, la necesidad del fortalecimiento de la cooperación internacional y de una constante revisión y perfeccionamiento de las políticas nacionales, teniendo en cuenta las particularidades con que se manifiesta el fenómeno en cada país.

5. A los efectos de facilitar y dar coherencia a las actividades antidrogas, los países del hemisferio convienen en la importancia de la acción de las respectivas comisiones nacionales de control de las drogas situadas a un alto nivel político cuya finalidad es la de coordinar la planificación y la ejecución de los respectivos planes nacionales antidrogas que incluyan, entre otras, prevención, tratamiento, asistencia, desarrollo alternativo y aplicación de la ley.

6. La estrategia antidroga en el hemisferio contempla el problema de las drogas desde una perspectiva global y multidisciplinaria. Todos los paises del hemisferio reconocen que comparten la responsabilidad de asegurar que se aborden todos los aspectos del fenómeno de manera integral y equilibrada, teniendo en cuenta sus capacidades y recursos nacionales disponibles. Las medidas que se sugieren se desarrollarán teniendo presente capacidades y recursos nacionales disponibles. Las medidas que se sugieren se desarrollarán teniendo presente el contexto socio-económico y cultural en la cual tienen lugar y en estricta observancia del oreden jurídico interno de los países del hemisferio.

7. Los países del hemisferio coinciden en que la aplicación y compatibilización de las legislaciones nacionales pertinentes, así como la firma y adhesión de convenciones y demás instrumentos internacionales y la celebración de acuerdos bilaterales sobre la materia, constituyen señales irrefutables de su determinación de aunar esfuerzos para superar este problema. Coinciden además en la importancia de aplicar los mecanismos de cooperación internacional previstos en la Convencion de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (Convención de Viena de 1988).

8. En el desarrollo de esta estrategia hemisferica, los países reafirman el importante rol que les corresponde a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) como foro regional competente. Así mismo, reconocen la necesidad de que esta estrategia se implemente en armonía con los planes y programas de otras instituciones multilatelares involucradas.

9. La estrategia constituye un esfuerzo hemisferico por definir una guia con carácter recomendatorio para orientar la cooperación, que permita a nuestros países adoptar un conjunto de medidas y acciones que, al ser llevados a la práctica, fortalezcan los esfuerzos nacionales.

10. En la implementación de esta estrategia,los Estados reafirman su compromiso de respetar los principios del derecho internacional en particular los de soberanía nacional, integridad territorial y no intervención en los asuntos de los Estados.

Reducción de la demanda

11. Los países del hemisferio reconocen que el uso indebido de drogas constituye una grave amenaza a la vida y la salud, no sólo de quienes las consuma, sino también para la comunidad en general .La forma en que ha evolucionado este problema demuestra que la reducción de la demanda debe ser un componente clave de las políticas para hacer frente al problema.

12. La demanda sigue siendo una poderosa fuerza que impulsa la producción y el tráfico de drogas. Cada país de la comunidad global tiene la responsabilidad de abordar el tema de la demanda y disminuir este incentivo. Los países del hemisferio reconocen la necesidad de continuar considerando la reducción de la demanda como una prioridad de la política antidrogas, que comprenda programas integrales de reducción de la demanda y de aplicación de la ley.

13. Entre otros elementos escenciales de los programas integrales de reducción de la demanda, se consideran, la investigación, la prevención,el tratamiento, la rehabilitación, la reinserción social, el desarollo de programas, la educación, la capacitación, la acción comunitaria, la elaboración de políticas y la aplicación de medidas orientadas a crear una mayor conciencia social en contra del consumo de drogas y alentar a quienes no consumen para que lo hagan.

14. Los programas nacionales de reducción de la demanda tendrán en cuenta las condiciones culturales,sociales y económicas de los grupos de población a los cuales se dirigen. De igual forma fomentarán el diálogo con instituciones de enseñanza e investigación y con organizaciones no gubernamentales, a fin de lograr una mejor comprensión de las tendencias y manifestaciones del problema de la demanda de drogas y su evolución en el tiempo, así como la posibilidad de emplear criterios científicos para medir los resultados de las estrategias desarrolladas.

15. Tambien deberían considerar la promoción de espacios de participación ciudadana, la difusión sobre los efectos nocivos del consumo de drogas a través de los medios masivos de comunicación y el tratamiento y la rehabilitación de drogadictos, así como otras medidas alternativas. Los países podrán solicitar asistencia a la OEA/CICAD y al PNUFID para el desarrollo de programas y estrategias de reducción de la demanda, así como para el desarrollo de sistemas de base científica que les permita conocer las dimensiones y tendencias del fenómeno de la demanda y evaluar los resultados de las estrategias adoptadas.

16. En tal sentido, los países fortalecerán sus programas de educación preventiva para reducir el consumo, los niveles de dependencia y las consecuencias del uso de drogas. La elaboración de programas de prevención depende de una estrecha colaboración de consulta y asociación con la comunidad. Dichos programas estarán especialmente dirigidos a los grupos de altos riesgo.

17. La recolección, el análisis y la difusión de información son componentes importantes de la reducción de la demanda y sirven para identificar los grupos de alto riesgo, sus características y necesidades, los obstaculos a la prevención y el tratamiento y las tendencias emergentes.

18. El tratamiento de y la rehabilitación proporcionan a los consumidores de drogas los medios necesarios para romper con el uso indebido y vivir vidas más libres,saludables y productivas, y constituyen un deber ético de la sociedad en general.

19. Cada país deberá realizar un esfuerzo especial para compartir con otros su experiencia y conocimientos en este campo con el fin de optimizar los programas de reducción de la demanda en el hemisferio.

Reducción de la oferta.

20. En esta estrategia integral y equilibrada de reducción de la oferta, los países del hemisferio reconocen que su acción se orientara a hacer frente a todas las categorias de drogas, es decir, las de origen natural, las sintéticas y las sicoactivas de uso farmacéutico, estas últimas que devienen en ilícitas al ser desviadas de sus propósitos.

21. Los Estados reconocen que la oferta ilícita de drogas, tanto de origen natural como sintético, constituye otro problema esencial en el hemisferio que exige la adopción y el perfeccionamiento de medidas destinadas a eliminar su disponabilidad. En el caso de las drogas de origen natural, podrian aplicarse medidas integrales, como el desarrollo alternativo, y de aplicación de la ley para suprimir su producción y tráfico. Estas medidas se aplicarán respetando las condiciones y circunstancias particulares de cada país . La determinación, definición y aplicación de las mismas serán responsabilidad exclusiva de cada Estado, conforme a sus programas nacionales y sus ordenamientos jurídicos internos.

22. Los países del hemisferio reconocen en el desarrollo alternativo un componente de importancia para generar y promover opciones económicas licítas, viables y sostenibles que posibiliten la superación de los factores que condicionan el fenómeno y que llevan a la oferta ilícita de drogas.

23. En la ejecución de los programas de reduccion de la oferta, los países brindarán especial atención a la variable ecológica del problema que permita una adecuada protección del medio ambiente.

24. Los países del hemisferio destacan la importancia de adoptar medidas de fiscalización de psicoactivos de uso farmacéutico y coinciden en la necesidad de fortalecer los órganos responsables de su aplicación , así como en la eliminación de la producción de aquellas sustancias que no cumplan con una finalidad terapéutica.

25. Los países del hemisferio reconocen la necesidad de eliminar la producción indiscriminada de sustancias psicoactivas de uso farmacéuticos que no guarden relación con las necesidades terapéuticas . Esta medida coadyuvará a una mejor aplicación de la fiscalización sanitaria.

26. Los países del hemisferio están dispuestos, de conformidad con sus capacidades, a cooperar con medios técnicos y económicos para que estos programas resulten efectivos y permitan a la Región cumplir con sus objetivos en pos de resolver el problema de la oferta ilícita de drogas. De igual manera, continuarán buscando el apoyo de otros países y organizaciones internacionales para ampliar y fortalecer el desarrollo de dichos programas.

Medidas de control.

27. El demantelamiento de las organizaciones delictivas y sus redes de apoyo debe ser otro de los objetivos clave de las iniciativas que tomen los países del hemisferio contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos . La aplicación de las ley respecto de los agentes, los instrumentos y los beneficios derivados de la actividad delictiva son eficaces disuasivos de la participación en esta actividad ilícita.

28. Los países del hemisferio intensificarán sus esfuerzos para intercambiar información y recabar las pruebas y evidencias que faciliten el enjuiciamiento y condena de los dirigentes y démas miembros de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo , en el marco del pleno respeto del debido proceso.

29. Los países del hemisferio reconocen que se debe otorgar prioridadal desarrollo de sus sistemas jurídicos , recordando en especial la índole compleja del problema del tráfico ílicito de drogas y delitos conexos. Asimismo reconocen la necesidad de adoptar mecanismos jurídicos que contribuyan a armonizar las respectivas legislaciones nacionales y los procedimientos de investigación y recolección de pruebas.

30. Los países del hemisferio reconocen la importancia de contar con sistemas judiciales modernos para una estrategia eficaz contra el problema del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos y la necesidad de contar con procedimientos de extradición adecuados.

31. Los países del hemisferio expresan que le control al desvío de precursores y químicos esenciales es una de las estrategias más eficaces y eficientes de que se dispone para enfentrar el problema de las drogas. Por ello, es necesario establecer y reforzar los mecanismos internos de control de precursores y químicos esenciales , de acuerdo con las disposiciones de la Convencion de Viena de 1988 y conforme al Reglamento Modelo para el Control de Precursores y Sustancias Químicas , Máquinas y Elementos de la CICAD. Con preocupación verifican el surgimiento de nueva sustancias químicas utilizadas en la elaboración y producción de drogas debiendo cada uno de ellos actualizar sus listas de sustancias químicas controladas cuando fuere necesario. Asimismo los países del hemisferio reconocen la importancia de contar con acuerdos de cooperción que permitan prevenir y controlar el desvío de precursores y químicos esenciales frecuntemente utilizados en la fabricación de drogas , teniendo en cuenta las nuevas tendencias de desvío que se fueren detectando.

32. Los países observan que la aplicación de legislaciones y procedimientos compatibles promueven una mejor cooperación entre países exportadores e importadores de sustancias químicas. Es preciso fortalecer la cooperación en materia de controles transfronterizos sobre químicos esenciales y precursores.

33.Los países del hemisferio animan a la OEA/CICAD que promueva la cooperación destinada al control de estas sustancias, e incrementen la capacitación en esta materia, incluso en colaboración con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y demás organismos internacionales pertinentes.

34.Los países del hemisferio reconocen los progresos alcanzados para establecer controles más estrictos tendientes a impedir el movimiento de dinero y bienes provenientes de actividades ilícitas y facilitar el decomiso de activos con ellas relacionadas. En ese sentido resulta necesario que los países implementen medidas con el objeto de evitar que las organizaciones delictivas encuentren mecanismos para legalizar el producto del delito.

35. Para el logro de este objetivo resulta necesario que los países se comprometan a efectuar una cooperación hemisférica efectiva, tanto en la esfera de la OEA/CICAD, como en la esfera de la Cumbre de las Américas, tomando medidas compatibles con el Reglamento Modelo de la CICAD, con la Declaración de Principios y Plan de Acción de Buenos Aires, y con las futuras medidas que sean acordadas en la materia, en especial dentrodel ámbito de la OEA o de la ONU.

36. El contrabando de drogas y de sustancias químicas esenciales y precursores para la elaboración de las mismas, en especial a través de puertos y en contenedores de carga, es uno de los problemas de más rápido crecimiento a nivel internacional.

37. Los países del hemisferio reconocen que el contrabando dedrogas, sustanciasquímicas, armas y explosivos, así como el trasiego de activos adquiridos en forma ilícita, a través de la frontera por cualquier medio o método utilizado para evadir la detección, constituyen un problema grave para nuestras sociedades.

38. Los países del hemisferio reconocen además que la implementación de programas nacionales y una efectiva cooperación internacional, en el ámbito del intercambio de información, capacitación y la realización de operaciones encaminadas a detectar, investigar y confiscar estos embarques ilícitos, entre otros, son importantes aspectos de una estrategia integral a desarrollar, respetando la soberanía y la integridad territorial de cada país.

39. El fortalecimiento de loas medidas para el control de armas y explosivos se halla entre las prioridades de la estrategia hemisferica contra las drogas. Los países del hemisferio realizarán esfuerzos para fortalecer las medidas destinadas a controlar y vigilar el comercio de armas, municiones y explosivos, con el fin de evitar su desviación, a estos efectos se promoverá la comunicación entre los países de origen y destino respecto de las transacciones internacionales.

40. Los países respaldan la contínua necesidad de contar con estadísticas sobre el contrabando de armas y explosivos y el intercambio de información respecto a armas y explosivos decomisados para facilitar la identificación y determinación del origen de los mismos; así como el enjuiciamiento de los responsables de su tráfico ilícito.

APENDICE B.

Plan de acción para la implementación de la estrategia antidrogas en el Hemisferio.

Reducción de la demanda.

1. Encomendar al Grupo de Expertos sobre la Reducción de la Demanda que continue examinando la temática y que se incorporen periodicamente al Plan de Acción sus conclusiones y recomendaciones.

2. Establecer un mecanismo para compilar y difundir información sobre las experiencias y los éxitos relacionados con los programas e iniciativas de reducción de la demanda .

3. Preparar estadisticas sobre consumo de drogas en los países, incluidas las drogas ilícitas y los productos farmacéuticos lícitos.

4. Compilar y difundir información sobre las mejores experiencias en materia de prevencion y tratamiento en relación con grupos especiales como los jovenes, las mujeres, los grupos indigenas, etc.

5. Fortalecer su capacidad y asistir a a los países en la vigilancia de tendencias y la promoción de investigaciones sobre el abuso de drogas, incluidas la realización de estudios sobre el costo social y de salud que represente el abuso de sustancias.

6. Promover, en las reuniones técnicas que se realicen en el seno de la CICAD sobre el material para la elaboración de unos lineamientos claros que brinden unn esquema acerca de los aspectos y factores con los que debe contar un programa de prevención nacional, desde la perspectiva conceptual y metodológica con el propósito de lograr una estandarización interamericana, con base en las experiencias exitosas desarrolladas hasta el momento.

Reducción de la oferta.

7. Asistir en la promoción de una mayor coordinación entre los organismos /funcionarios encargados de la aplicación de la ley y los sistemas judiciales de los Estados miembros.

8. Promover y facilitar una mejor coordinación internacional en la recopilación/intercambio de inteligencia y en las investigaciones relacionadas con las drogas a nivel internacional.

9. Establecer un mecanismo para la recopilación y la difusion de informacion relacionada con la experiencia en materia de esfuerzos y programas (incluidos aquellos de ONG).

10. Asistir a los Estados miembros en las presentaciones efectuadas a las instituciones financieras internacionales (IFIS), con el fin de solicitar apoyo fianciero para iniciativas de desarrollo alternativo.

11. Desarrollar un mecanismo para la verifiacación del cultivo de drogas ilícitas, el daño ambiental y la identificación de recursos económicos para el desarrollo de dichas zonas en los Estados miembros.

Medidas de control.

12. Proporcionar apoyo y asistencia en la revisión y modificación de leyes como parte de una armonización de la legislación y revisión judicial.

13. Establecer sistemas y procedimientos para el control de precursores químicos, sin interferir en el comercio o en el uso comercial o industrial legitimos de estas sustancias.

14. Desarrollar mecanismos para el control de los precursores quimicos.

15. Promover la colaboración y la cooperación entre países acerca del movimiento de precursores químicos, mediante el empleo de diversos mecanismos, como formularios y procedimientos de verificación estandarizados.

16. Reforzar las iniciativas de capacitación relacionadas con el control de precursores químicos, incluida la eliminación segura y aceptable de dichas sustancias y la neutralización de subproductos químicos en el medio ambiente, con la asistencia de expertos en estos campos.

17. Proveer asistencia/adiestramiento en el uso de información en investigaciones y en juicios.

18. Crear un mecanismo para el intercambio electrónico de información acerca de la reforma judicial y la modernización en los procedimientos juridicos/criminales.

19. Compilar,preparar y difundir un compendia de legislación modelo para la aplicacion de la ley, basada en la legalización y las reglamentaciones modelo preparadas por los Estados miembros, otros organos de la OEA y otras organizaciones internacionales.

20. Encomendar al Grupo de Expertos sobre Lavado de Dinero que se reunan dos veces al año, y promover en otras formas la continuidad de su labor, encomendandole además que trate todos los temas sustantivos relacionados con esta materia .

21. Redoblar los esfuerzos ante el Banco Interamericano de Desarrollo, destacando la importancia de las recomendaciones del Comunicado de la Reunion Ministerial de Buenos Aires y el tipo de asistencia que se requiere de la OEA para acelerar la aprobación del financiamiento propuesto en relación con dichas recomendaciones (con los buenos oficios del Secretario General de la OEA y los Estados miembros).

22. Hacer un mayor uso de ejercicios de tipología en la labor de los grupos de expertos (como en el Grupo de Expertos sobre Lavado de Dinero) para identificar los métodos y formular las medidas preventivas eficaces.

23. Promover y estimular la cooperación hemisferica en materia de control aduanero y marítimo entre los Estados miembros.

24. Estimular a los Estados miembros a que entablen un dialogo constructivo con el sector privado con el fin de identificar mecanismos para el control de contrabando de drogas.

1 Kaplan. M. 1991.El Estado Latinoamericano y el Narcotráfico. (primera. Ed.) .México. Editorial

Porrúa.S.A.

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11 EU: medidas agraviantes.(00/15/02). Excelsior. P. editorial.

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