COLEGIO
INTERAMERICANO DE DEFENSA
Fuerte
Lesley J. McNair
Washington, D.C.
TRABAJO
DE INVESTIGACION ACADEMICA
TEMA: LOS AVANCES Y DESAFIOS PARA LA CONSOLIDACION DE LA
DEMOCRACIA EN EL HEMISFERIO EN LA ACTUAL COYUNTURA
POR
C.N.
(M. de G.) Héctor Antonio Lizardo Jorge
República
Dominicana
WASHINGTON, DC., ABRIL DEL 2000
A lo largo de toda la historia del
Sistema Interamericano, el interés de éste por la democracia ha estado latente,
siendo elemento básico desde su creación. Sin embargo, hay que reconocer que en
esa trayectoria hasta nuestros dias la misma ha pasado por momentos de crisis,
inestabilidad y actualmente por un período de mucho auge y fortalecimiento, no
solo en el Continente Americano sino también en todo el mundo.
Los peores momentos para la
democracia en nuestro continente surgen a raíz de la posguerra (Segunda Guerra
Mundial), donde las preocupaciones de los Estados Unidos por una alianza
interamericana comprometida con la democracia, se vieron subordinadas por los
problemas que se empezaron a plantear por la lucha contra el comunismo y la
seguridad hemisférica. Es precisamente ésta la principal causa de que surgieran
en la mayoría de los países latinoamericanos gobiernos dictatoriales en
desmedro de democracias establecidas.
El final de la Guerra Fría ha sido
considerado el fenómeno más trascedental de las últimas dos décadas, motivador de importantes transformaciones en
todo el mundo, muy particularmente en el Continente Americano donde los países
han regrezado a una etapa de confianza, solución de viejos conflictos y lo más
importante, marcando el retorno definitivo de los regímenes democráticos,
aboliendo las dictaduras militares.
La Organización de Estados Americanos
(OEA) ha jugado un papel protagónico en la difusión y fortalecimiento de la
democracia en el hemisferio, muy especialmente en las últimas dos décadas.
En los años 80, la Carta de la OEA fue
objeto de las reformas pertinentes y necesarias, acorde a las exigencias de los
nuevos tiempos. La década de los 90 marcó el nuevo enfoque
hacia la defensa, promoción y fortalecimiento de la democracia, contando con el
interés marcado y especial de los Estados Unidos y de los gobiernos del resto
de los países del hemisferio, los cuales y a través de las Cumbres de Miami
(1994) y de Santiago de Chile (1998), se establecieron los planteamientos
necesarios para la promoción, defensa y fortalecimiento de la democracia en el
hemisferio. Con carácter muy especial, emanó de la primera Cumbre, la instancia
para que la OEA, a través de La Unidad para la Promoción de la Democracia
(UPD), le brinde la asistencia y colaboración a los Estados miembros en los
esfuerzos de fortalecimiento y consolidación de las instituciones y procesos
democráticos, haciendo hincapié especial en las áreas y temas como el poder
legislativo, la promoción de valores y prácticas democráticas, el proceso de
descentralización y participación ciudadana a nivel local y en la organización,
administración y la observación de los procesos electorales.
Mediante el presente trabajo
monográfico, se establecerán los avances que ha tenido la democracia en el
hemisferio, indicando los actores y
factores que han incidido para el logro del actual repunte y fortalecimiento.
Así mismo, lo que creemos lo más
importante, se indicarán y analizarán los principales retos, desafíos y
amenazas que enfrenta la democracia actualmente, y que salvando dichos escollos
representaría la verdadera e ideal democracia anhelada por los países del
hemisferio.
El trabajo monográfico contará de
siete (7) capítulos
El Capítulo I tratará sobre los
antecedentes históricos de la democracia, sus orígenes y de cómo se ha ido
desarrollando a lo largo del tiempo, tras convertirse en una modalidad de
gobierno aplicable no solo a las cuidades-Estados sino también a las
Naciones-Estados, desde las ideas del gobierno representativo auspiciada y
creada por Charles Montesquieu en su obra “El espíritu de las leyes”. De igual
forma se indicarán los primeros modelos democráticos en el Continente Americano
y de qué forma éstos incidieron en el
resto de los países.
En el Capítulo II se analizará la
situación actual de la democracia en el hemisferio, enfocando y resaltando los
hechos que de una forma u otra incidieron en pro o en contra de la misma.
El Sistema Interamericano se tratará
en el Capítulo III, haciendo mención y alcance de los tratados, acuerdos y
convenios de los Estados miembros.
El Capítulo IV (Desafíos y
antagonismos para la consolidación de la democracia) será contentivo de los
principales temas que enfrenta la democracia para su consolidación
definitiva. Estas adversidades
coyunturales, no de corte idealista, que afectan a la democracia son: la
violación de los derechos humanos, la corrupción, el narcotráfico, la pobreza,
la globalización, el vacío de los partidos políticos, el medio ambiente, las
leyes, la explosión demográfica, la marginalidad, las guerrillas y el
terrorismo y el marginalismo de las organizaciones indígenas, entre otras.
El Capítulo V se desarrollará
analizando la incidencia de la Sociedad Civil en el fortalecimiento de las
instituciones del sector público y su participación en la toma de decisiones
por los gobiernos.
Los mecanismos de fortalecimiento de
la democracia y la Carta de la Organización de la OEA se analizará en el
Capítulo VI, indicando los principales instrumentos que para tales fines ha
creado el Sistema Interamericano.
El Capítulo VII está orientado a
analizar el rol de las Fuerzas Armadas en pro de la consolidación y
fortalecimiento de la democracia.
La
metodología usada en el presente trabajo monográfico está basada en la
investigación bibliográfica de todo tipo de documentación publicada y aceptada,
contentiva de material relacionado con el tema que nos ocupa. Asimismo, han
servido de fuente de abastecimiento importante las conferencias que distintas
personalidades impartieron en el Colegio Interamericano de Defensa y en otros
foros, además de los trabajos de comité, entrevistas personales, paneles, la
internet, etc.
En la primera
mitad del siglo quinto antes de Cristo, surgió entre los griegos la idea de que
existiera un sistema político cuyos miembros se considerasen iguales entre sí y
colectivamente soberanos, y dispusieran de todas las capacidades, recursos e
instituciones necesarias para gobernarse. Así empezaron a utilizar la palabra “demokratia”
(“demos”=pueblo, “kratia”=gobierno o autoridad; por lo tanto, “gobierno del
pueblo” o “por el pueblo”), planteando desde sus raices las interrogantes de:
quienes integran el pueblo y que significa que ellos gobiernen? Es así como los
atenienses produjeron la “primera
transformación democrática”[1],
de la idea y la práctica de gobiernos de los pocos, a la idea y la práctica de
gobierno de los muchos.
La concepción
del gobierno de los muchos casi desapareció durante largos períodos, y solo una
minoría de los pueblos del planeta procuraron, y lograron con éxito, adaptar la
realidad política a sus exigentes condiciones en medida significativa. Por
supuesto, para los griegos la única sede imaginable de la democracia era la
ciudad –Estado.
Más o menos por
la misma época en que esa idea del gobierno de los muchos transformaba la vida
política de Atenas y otras ciudades-Estado griegas, arraigó también en la
ciudad-Estado de Roma.
Para una
comprensión adecuada de la amalgama que
ha sido la democracia desde sus orígenes, es conveniente describir sus tres
fuentes más importantes: 1ro. la proveniente de la Grecia clásica; 2do. la
tradición republicana proveniente más
de Roma y de las ciudades-Estados italianas de la Edad Media y el Ranacimiento;
y 3ro. la idea y las instituciones del gobierno representativo.
1.1
La
Grecia clásica.
Si bien
las prácticas de la democracia moderna solo guardan escasa semejanza con las
instituciones políticas de la Grecia clásica, nuestras ideas actuales han
experimentado la poderosa influencia de los griegos, y en particular de los
atenienses. Que las ideas democráticas de los griegos hayan sido más
influyentes que sus instituciones es irónico, ya que lo que sabemos sobre esas
ideas no deriva tanto de los escritos o los discursos de los defensores de la
democracia como de sus críticos. [2]
Estos abarcaron desde adversarios
moderados como Aristóteles, a quien le molestaba el poder que, según él,
necesariamente le iba a dar a los pobres la expansión de la democracia, hasta
francos opositores como Platón, quien condenó la democracia juzgándola el gobierno de los incapaces y abogó por
implantar en su lugar un sistema de gobierno de los ciudadanos mejor
calificados, sistema que tendría más tarde perenne atractivo.[3]
No se puede dudar que la demokratia
implicaba igualdad, en alguna forma, pero nos preguntamos: que tipo de
igualdad?. Antes de que la palabra democracia entrara en vigor, los atenienses
ya se habían referido a ciertas clases de igualdad como características
positivas de su sistema político: la igualdad de todos los ciudadanos en cuanto
a su derecho a hablar en la asamblea de gobierno (isogoria) y la igualdad ante
la ley (isonomia).[4]
Estos términos siguieron utilizándose y, evidentemente, a menudo se consideró
que designaban características propias de la democracia; pero durante la mitad
del siglo V antes de Cristo, cuando fué cobrando aceptación que el pueblo
(demos) era la única autoridad legítima para gobernar, al mismo tiempo parece
haber ganado terreno la idea de que democracia era el nombre más apropiado para
el nuevo sistema.
La visión griega de la democracia,
debía satisfacer seis requisitos primordiales:
a- Los ciudadanos
debían tener intereses suficientemente armónicos entre sí, de modo de compartir
un intenso sentimiento de lo que es el bien general, bien general que no
presenta una contradicción marcada con sus objetivos o intereses personales.
b- Los ciudadanos
deben mostrar un alto grado de homogeneidad respeto de características que, de
otra manera, tenderían a generar entre ellos agudas discrepancias y conflictos
políticos respeto del bien público. Según esto, ningún Estado podría confiar en
convertirse en una buena polis si hubiera una gran desigualdad en los recursos
económicos de sus ciudadanos o en su tiempo libre, si adhiriesen a distintas
religiones, hablasen distintos idiomas o difieren significativamente en su
grado de instrucción, o por cierto si fueran de diferentes razas, culturas o
grupos étnicos.
c- La cantidad de ciudadanos debería ser
pequeña, en el caso ideal, más pequeña aún que los 40 o 50 mil que poblaban la Atenas de Pericles. El pequeño
tamaño del demos era necesario por tres rezones: contribuía a evitar la
heterogeneidad, la inarmonía; los ciudadanos podrían adquirir un mejor
conocimiento de su ciudad y de sus compatriotas, gracias a la observación, la
experiencia y el debate, y esto los ayudaría a discriminar el bien común
diferenciándolo de sus intereses privados o personales; y por último, era
esencial para la reunión conjunta de todos los ciudadanos a fin de actuar como
gobernantes soberanos de su ciudad.
Los ciudadanos
debían estar en condiciones de reunirse para decidir en forma directa acerca de
las leyes y las medidas políticas. Tan arraigada estaba esta convicción que a
los griegos les resultaba poco concebible el gobierno representativo, y aún les
era más difícil aceptarlo como alternativa legítima frente a la democracia
directa. La participación ciudadana no se limitaba, empero, a las reuniones de
la Asamblea: incluía asimismo la administración de la ciudad. Se ha estimado
que en Atenas debían cubrirse más de un millar de cargos públicos (unos pocos
mediante elecciones, el resto echando suertes), casi todos los cuales eran de un año de duración y solo podían
ocuparse una vez en la vida. Aún en un
demos grande como el de Atenas, era casi seguro que todo ciudadano ocuparía
algún cargo por un año, y un alto número formaría parte del importantísimo
Consejo de los Quinientos, que establecía el temario de la Asamblea.[5]
La ciudad-Estado debía ser por completo autónoma, al menos en el caso ideal.
Por más que las ligas, confederaciones y alianzas fuesen a veces necesarias a
los fines de la defensa o de la guerra, no debían privar a la ciudad-Estado de
su autonomía suprema, ni a la asamblea de ese Estado de su soberanía. Cada
ciudad tenía que ser autosuficiente no solo en lo político sino además en lo
económico y en lo militar, o sea tener las condiciones requeridas para una vida
Buena.
1.1
La tradición
republicana.
La tradición republicana, basada en Aristóteles, conformada por las
experiencias de la Roma republicana y de la República de Venecia a lo largo de
varios siglos, fué reformulada, replasmada y reinterpretada en Inglaterra y en
Estados Unidos durante los siglos XVII y XVIII. Durante este proceso varios
temas del republicanismo clásico
desaparecieron, sin embargo la mayoría conservaron su vitalidad.[6]
El republicanismo adoptó la concepción de que el hombre es por naturaleza un
animal social y político; de que los seres humanos deben convivir en una
asociación política si pretenden realizar todas sus potencialidades; de que un
hombre bueno debe ser también un buen ciudadano; de que un buen sistema político es una asociación
constituída por buenos ciudadanos; de que un buen ciudadano es aquel que posee
como atributo la virtud cívica; que la virtud cívica es la predisposición a
procurar el bien de todos en los asuntos públicos y de que, por lo tanto, un
buen sistema político no solo refleja la
virtud de sus integrantes sino que la promueve. O sea, que se sostiene
que el mejor sistema político es aquel en el cual los ciudadanos son iguales en
aspectos importantes: ante la ley y por la ausencia de toda relación de
dependencia (por ejemplo amo y esclavo). Además, implica que ningún sistema
político puede ser legítimo, conveniente o bueno si excluía la participación
del pueblo en su gobierno.
Según la visión republicana, una de las mayores amenazas a la virtud es
la que genera la facción y conflictos políticos:[7] el
pueblo no es una totalidad perfectamente homogénea cuyos miembros tengan
intereses idénticos; normalmente se divide en un elemento aristocrático y
oligárquico y otro democrático o popular (los pocos y los muchos), cada uno de
los cuales persigue diferentes intereses.
Según Aristóteles, se podría añadir un elemento monocrático o
monárquico, un líder o soberano que podría procurar realzar su posición,
prestigio y poder. La tarea entonces es elaborar una constitución que refleje los intereses de todos, logrando un
gobierno mixto, donde existan los elementos de democracia, aristocracia y monarquía. El principal ejemplo de
notorio equilibrio en un modelo
constitucional lo fue la constitución inglesa en el siglo XVIII, quienes con su
maravilloso ordenamiento de la monarquía, la Cámara de los Lores y la de los Comunes, que según Montesquieu, es el verdadero compendio
de un sistema de gobierno perfectamente equilibrado. En América este modelo se
presentaba infuncional, debido a que existía la carencia de aristocracia
hereditaria. Quienes serían los pocos que merecieran un trato especial? Esto
fue imposible, y es así como los redactores de la Constitución norteamericana
en 1787, concluyeron que en una república democrática, los intereses de los
pocos no los califican para tener una cámara propia, y tampoco se aceptaría
proteger el interés monárquico asignándole el Poder Ejecutivo. La idea de
Montesquieu es asumida por los republicanos ante la imposiblidad de establecer
un gobierno mixto en una república democrática: la de la separación constitucional
e institucional de los poderes en tres ramas, la legislativa, la ejecutiva y la
judicial. La teoría republicana conceptualiza que la concentración de estos
tres poderes en un poder único era la esencia misma de la tiranía, y que por lo
tanto debían ser localizados en instituciones separadas, donde cada una de las
cuales pudiese controlar a las otras.[8]
La gran interrogante surge entonces, sobre si este sistema serviría
para establecer una república en sociedades grandes, como Gran Bretaña, Francia
o los Estados Unidos, determinándose que la respuesta al problema de la gran
escala iba a concentrarse en instituciones que hasta entonces habían tenido
poca cabida en la teoría democrática o republicana, y no mucha en la práctica:
las instituciones del gobierno representativo.
1.2
Las ideas del
gobierno representativo.
Montesquieu, en su obra “El espíritu de las leyes” (1748), ensalzó la
Constitución inglesa y declaró que, como en un Estado de gran tamaño le era
imposible a los individuos reunirse en un cuerpo legislativo, debían escoger
representantes que hicieran lo que ellos no podían hacer por sí mismos. A
finales del siglo XVIII, la representación ya era ampliamente aceptada por los
demócratas y los republicanos como una solución que eliminaba las antiguas limitaciones
de tamaño de los países democráticos y convertía a la democracia, de una
doctrina solo apropiada para las
ciudades-Estados pequeñas, en otra que era aplicable a las grandes naciones de
la edad moderna.
John Stuart Mill en su obra “Consideraciones sobre el gobierno
representativo”, cita en las conclusiones del capítulo “La forma ideal del
gobierno”, que el único gobierno capaz de satisfacer plenamente todas las
exigencias del estado social es aquel en el cual participa todo el pueblo, pero como en una comunidad cuyo
tamaño exceda el de un poblado pequeño no es posible que todos participen
personalmente en cualquier cuestión pública que no sea muy secundaria, de ello
se desprende que el tipo ideal de gobierno perfecto debe ser representativo.
Esta nueva concepción de la democracia representativa trajo consigo
nuevas y mejores aspiraciones de los derechos de las personas, la libertad y la
autonomía del individuo, incrementando mucho la capacidad de los ciudadanos de
autogobernarse. Sin embargo, la magnitud misma del estado nacional engendró
intereses y grupos de intereses. Si antes las luchas y conflictos de facciones
se juzgaban destructivas de la democracia, ahora el conflicto político pasó a
ser visto como algo normal, inevitable, y aún como un rasgo conveniente del
orden democrático. Así, el bien público se fragmentó en los intereses de
los individuos y grupos.
1.3
Establecimiento
de la democracia en América.
La historia democrática del
continente Americano, debe sus orígenes a los modelos constitucionales de los
Estados Unidos en el 1787, de Francia en el 1791 y de España en el 1812. Sin
embargo, como las normas fundamentales para su elaboración eran foráneas, estas fueron fracasando y hubo la necesidad de reformarlas o cambiarlas
de acuerdo a la realidad, cultura e idiosincracia de los países que debían
regir. La excepción ha sido la Constitución norteamericana, que fué concebida
con una visión extraordinaria, solo modificada cuando se le incluyen enmiendas
que van acordes con la evolución de la
humanidad, siendo la primera ola democratizadora la que se inicia en los
años 1820, cuando es ampliado el derecho a sufragio de los hombres de los
Estados Unidos de Norteamérica.
Observamos que a principios del siglo XIX, luego de obtener su independencia,
las repúblicas latinoamericanas elaboran sus constituciones influenciadas en
las corrientes políticas democráticas y liberales. Desde entonces y hasta
nuestros días, la democracia en el Continente Americano ha tenido un proceso de
vaivén, donde repúblicas con aparente solidez democrática se derrumban debido a
la fragilidad de sus instituciones, la dependencia del manto protector de los
Estados Unidos y la influencia ejercida durante la Guerra Fría por la antigua
URSS. Según algunos estudiosos sobre el desarrollo democrático del Continente
Americano, existen variadas teorías que influyen en la variación de la misma,
desde motivos económicos, hasta culturales, políticos y sicosociales, casi
siempre debido a procesos internos. Por encima de esta versión, hay
quienes dicen que la declinación o el
auge de la democracia en el hemisferio, depende del interés, aumento o
disminución del poder de los Estados Unidos[9]. Los
procesos de incorporación de las naciones latinoamericanas en el ámbito
democrático, han estado sujeto a las constantes interrupciones de los mandatos
constitucionales y reformas de las cartas magnas, adecuándose a las exigencias
contínuas de la sociedad y los nuevos tiempos.
Los principales cambios en las constituciones de latinoamérica se
registran por la ola de influencia de las ideas democráticas y liberales, expresándose en los sufragios universales
para los hombres adultos, cuando en México en el 1857, Panamá en el 1904 y
Argentina en el 1912 reconocen constitucionalmente este derecho sagrado. Las
restricciones al voto no fueron exclusivas de los países latinos. Los Estados
Unidos (modelo de la democracia liberal) logró la universalidad del voto
recientemente a mediados del siglo
pasado, cuando se despejaron las trabas de que los ciudadanos ordinarios no
podían participar en política debido a su no conocimiento en este campo. El
sufragio de la mujer fue logrado en el 1920, tanto dentro de los EUA, así como
en las colonias bajo su dominio.
El establecimiento de la democracia se vió mermado durante el período
de la Guerra Fría, donde las
influencias de corte comunista y el resurgimiento de regímenes autoritarios
hicieron fracasar democracias establecidas. Los casos notorios son los de
Argentina y Perú (1962), República Dominicana, Honduras, Ecuador y Guatemala
(1963), Bolivia y Brasil (1964), Argentina (1966), Perú (1968), Bolivia (1971),
Uruguay y Chile (1973). Estos países recobraron su estabilidad y gobiernos
democráticos: República Dominicana (1966), Ecuador (1978), Perú (1980), Honduras
(1981), Argentina (1983), Bolivia (1984), Brasil y Uruguay (1985), Paraguay
(1992), Chile (1990) y Guatemala (1996).
Haití, que logró su independencia en el 1804 (segundo en el
hemisferio), no puede contar en su historia democrática que ha vivido libre de
las constantes anarquías y gobiernos dictatoriales. En la última década del
siglo pasado este país aún no define su estatus democrático, viviendo en la
incertidumbre de la inestabilidad política y económica, producto de golpes de
Estado, ocupación militar y la incapacidad institucional para nombrar sus
dirigentes. Sin la ayuda internacional y el cumplimiento de las ayudas
prometidas, no se vislumbran a corto plazo soluciones al caos imperante en éste
país que tiene el nivel de pobreza más elevado del hemisferio.
Podemos apreciar que en el continente sólo Cuba tiene un gobierno no
electo democráticamente.
CAPITULO II
SITUACION ACTUAL EN EL HEMISFERIO
A lo largo de una historia de más de 200 años de Repúblicas con sistemas democráticos en todo el continente,
se han sentado en sus sociedades, tradiciones y culturas, los verdaderos
principios políticos de organización, participación y desarrollo social. Esta
es la principal base para poder afirmar que hablar de democracia en América no
es un tema nuevo. Sin embargo, es un hecho que los esquemas tradicionales
encuentran hoy día un frente que demuestra una realidad diferente. A partir de
la década de los 80, cuando latinoamérica sufrió una de sus peores crisis económica,
debido al aislacionismo económico, donde las inversiones extranjeras tenían
todo tipo de restricciones y los
gobiernos se oponían a las privatizaciones, paradógicamente coincidió con la
fecha donde la democracia en el hemisferio cobró fuerzas de revitalización.
Fueron estos los principales motivos que llevaron a la mayoría de los regímenes
autoritarios (dictaduras militares) a ceder por distintas vías, el poder a
civiles debidamente constituídos.
Este resurgimiento de la democracia es analizado por Samuel Huntinton[10],
quien justifica en su estudio que: “su ocurrencia como producto de la
profundización de la crisis de legitimidad de los regímenes autoritarios en un
mundo con valores democráticos aceptados y deseados, sumado a la inhabilidad de
muchos de estos regímenes para mantener un desempeño político y económico
legítimo, y en su gran mayoría con economías fracasadas, lo que aceleró su
proceso de agotamiento y descomposición política”.
Las corrientes de globalización y la dependencia económica generalizada,
sumado a los requisitos y exigencias de los organismos internacionales en
cuanto al respeto de los derechos humanos, elecciones libres y confiables,
libertad de expresión, principio de igualdad, etc., fueron suficientes razones
para que los gobiernos militares se convencieran de que se arriesgaban al
juicio general por no satisfacer al mínimo los niveles de vida deseados de la
población.
Desde entonces, los gobiernos han orientado sus directrices: en el
campo político al fortalecimiento de la democracia y en el económico a su
saneamiento. Al respeto (en el campo económico) los primeros pasos fueron
establecer acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde los
préstamos otorgados exigían como garantía disciplinas fiscales impuestas, fiscalizadas
y observadas.
Los hechos más transcendentales de procesos democráticos, fueron los
traspasos de poder entre gobernantes civiles electos (1988-1990) en Argentina,
Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala, y Uruguay.[11]
Asimismo, en Chile y Paraguay se logró desplazar las prolongadas dictaduras del
General Augusto Pinochet y Stroessner.
Entre los años 1993-1995 fueron celebradas 17 elecciones generales en
igual número de países, donde resalta la celebrada en Perú después de la
disolución del Congreso por parte del presidente Alberto Fujimori.
La democracia se ha revitalizado en la última década por el
rechazo generalizado al golpe de Estado
en Haití en el 1991, a los intentos de golpe de Estado en Venezuela en el 1992,
a los cambios de las instituciones en Perú (1992), y al intento de golpe de
Estado en Paraguay (1996). En el marco constitucional, las salidas de los
presidentes Collor de Melo, en Brasil, y de Carlos Andrés Pérez, en Venezuela,
por asuntos de corrupción, son muestras de que el pueblo latinoamericano desea
la opción democrática. [12]
Salvo el caso de Haití, ningún gobierno civil ha sido derrocado por
estamentos militares en los últimos 10 años. Muy por el contrario la democracia
representativa toma vigencia permanente, consolidándose mediante la firma de
las declaraciones de la Cumbre de las Américas de Miami, (1994), Santiago de
Chile, (1998), las reuniones de Denver (1995) y de Cartagena, Colombia, (1996).
Con agendas similares a las Cumbres de las Américas, se celebran las Cumbres
Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, contando con la participación
y cooperación de España y Portugal, y la participación de Cuba. Se suma a la promoción de la democracia los
grupos comprometidos que dirigen sus actividades al fortalecimiento de los
gobiernos locales y a la modernización de los sistemas judiciales.
No obstante, a pesar de la amplia aceptación de la democracia como
régimen político, existen interrogantes en la ciudadanía sobre los sistemas judiciales, los partidos
políticos, los congresos nacionales, las instituciones de administración
pública y el verdadero rol de las asociaciones gremiales. Así también, los
requisitos primordiales del gobierno óptimo carecen de concordancia. Es claro
que los gobiernos latinoamericanos no son muy eficaces en la solución de la
mayoría de los problemas que más interesan a los ciudadanos[13].
Si los objetivos fundamentales, eficiencia, democracia y sostenibilidad, no son
satisfechos, los gobiernos corren el riesgo de poner en peligro su estabilidad
y sostenimiento. A su favor cuentan con el rechazo del autoritarismo y de
gobiernos militares y la aceptación del progreso y el desarrollo, bajo el
entendido de que sí se pueden conseguir en democracia.
Hay mucho camino por recorrer. En la mayoría de los países
latinoamericanos los mecanismos de control gubernamental son escasos y poco
eficaces, y las instituciones públicas resplandecen por su fragilidad,
produciendo insatisfacciones en la búsqueda de soluciones reales a los
fenómenos de la corrupción, debilidad de los partidos políticos y legislaciones
dóciles.
El trato dado a los casos relacionados con los abusos de poder,
corrupción, y de violación de los derechos humanos, ponen en evidencia la
cierta impunidad que aún impera en la región.
Apreciamos, sin embargo, que la democracia en América Latina es un
imperativo, que redundará en resultados positivos para los pueblos como una
mejor y mayor libertad, equidad, justicia, representación y participación
ciudadana, y por ende, ser el medio para la consecución de la democracia
económica y social tan anhelada.
Otro avance importante lo constituye
el papel que está jugando la prensa
como mecanismo de control al servicio de la sociedad civil. Una prensa
independiente y crítica desempeña una función democrática fundamental.[14]
La conducta de funcionarios públicos, investigadas por la prensa
escrita y televisiva demuestran una mejoría en su capacidad. Según un estudio
elaborado por el Sexto Barómetro Iberoamericano sobre Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, los
encuestados expresaron mayor confianza en la radio, la televisión, y la prensa
escrita que en un gran número de instituciones y asociaciones, con excepción de
la iglesia.[15]
La proliferada corriente de estudios y encuestas de opinión pública reflejan
otra forma de control. La toma de medidas basamentadas en los resultados de la
opinión pública, se traducen en un control al comportamiento de los
funcionarios gubernamentales.
CAPITULO III
EL SISTEMA
INTERAMERICANO
El Sistema Interamericano es la “estructura” que regula el
comportamietno de los Estados del
Continente Americano signatarios de tratados, acuerdos y convenios, y que implementa
actividades a través de la utilización de los instrumentos instituídos, para la
obtención de objetivos compartidos, diseminados en cuatro grandes áreas:
a- Desarrollo
Continental.
b- Seguridad
Continental.
c- Solidaridad
Continental, y
d- Fortalecimiento
y Promoción de la Democracia.
El mero hecho de compromoterse internacionalmente, no limita a los
Estados miembros a tomar medidas y decisiones pertinentes a su soberanía y
objetivos nacionales. La estructura que significa el Sistema Interamericano son
la hechura de los Estados miembros, quienes a través de los organismos
establecidos, canalizan sus objetivos, estrategias y políticas generales. En la
medida que esos objetivos concurran y sean iguales entre los gobiernos,
inmediatamente se crean las condiciones para que se adopten las disposiciones y
resoluciones que el sistema aplicará mediante los organismos.
Este sistema, que basa su establecimiento en profundas raíces
idealistas del libertador Simón
Bolívar, desde la creación de la Gran Colombia, donde propugnaba la Unión
Panamericana, ha creado instrumentos básicos para la concecución de los
objetivos: la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), El tratado Americano de
Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá), como instrumento consultivo y asesor la
Junta Interamericana de Defensa (JID) y como instrumento académico el Colegio
Interamericano de Defensa (CID). De estas instituciones, la OEA constituye el
baluarte desde donde y a través del
Consejo Permanente, se monitorean y se le hace un seguimiento al
desarrollo de la ejecución de las políticas generales establecidas por los
órganos de decisión. En su seno aglomera a los embajadores permanentes que son
la voz viva de las políticas y voluntades de las naciones que representan,
quienes mediante propuestas y votos, manifiestan sus aspiraciones en la
Asamblea General, la Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones
Exteriores, el Consejo de la Organización, las Conferencias Especializadas, los
Organismos Especializados y las Entidades Autónomas.
Sin embargo, la realidad es dura de ver. Independientemente de los
logros (que han sido notables), hablar de un Sistema Interamericano unificado
es algo totalmente utópico. La realidad nos muestra un Sistema Interamericano
dividido en dos bloques. Un bloque conformado por los Estados Unidos de
Norteamérica y otro conformado por el resto de los países del continente. El
distanciamiento Norte-Sur, marcado principalmente por las diferencias
económicas y el poco interés mostrado por los Estados Unidos y Canadá por sus vecinos del continente, prefiriendo otros
mercados extracontinentales, nos muestran las desigualdades imperantes en los
extremos.
En la Organización de las Naciones Unidas (ONU) están claramente
definidos los países con voz, voto y veto. La OEA, que ha sido definida como un
organismo político y que es y será lo que los países miembros quieran que sea,
habría que añadirle: siempre y cuando los Estados Unidos quieran que así sea. Las propuestas emanadas del seno de
la OEA y que no han contado con la aprobación y visto bueno de los Estados
Unidos, solo han sido ilusiones.
La posición de Canadá es aún más radical. Desde la creación de la OEA,
este país, con todo el derecho que le asiste como nación libre, había
renunciado a la voluntad de ser miembro de la misma, alegando que a través de
la organización no lograría sus intereses políticos y económicos. Es en los
años 70, cuando Canadá se vé presionada por el Banco Interamericano de
Desarrollo, que exige el requisito de la membresía de la OEA para poder optar
por financiamientos y negociaciones, que ésta consigue, en un caso exclusivo y
extraordinario, ser miembro independiente de la OEA. Hasta el año de 1989
Canadá mantuvo ese estatus. Es a partir de entonces donde ya sus intereses
económicos y políticos con el resto de
los países del continente empiezan a ser considerados de importancia, y es
cuando decide ingresar en la OEA como pais miembro.
El Doctor Richard Millett expresa su concepto sobre la política: “la
política lamentablemente no es moral, la política está marcada por los
intereses”. Este concepto refleja la pura realidad del quehacer rutinario de
las naciones del norte.
El espacio de tiempo, de casi 50 años que significó la Guerra Fría puso
en prueba al Sistema Interamericano. Como señaláramos en nuestro primer
capítulo, el bipolarismo entre los EU y la antigua URSS, ejerció una influencia
catastrófica en los países
latinoamericanos, llegando, aunque guardando la proporción, a divididr
las naciones en las pro-comunistas y las pro-democráticas, incluso más lejos, a
dividir a las mismas naciones. Los Estados Unidos, después del establecimiento
del régimen comunista de Fidel Castro en Cuba (1959), dirigió su política para
que especialmente en el continente no surgieran otros gobiernos de corte
comunista, provocando que en los países con democracias débiles y economías
deficientes, surgieran los gobiernos militares-dictatoriales de extrema
derecha, bajo el argumento socorrido de evitar caer en abismos oscuros
(comunismo).
En el 1965, durante la Guerra civil en la República Dominicana, donde
uno de los bandos (el constitucionalista) propugnaba por el restablecimiento
del gobierno constitucional derrocado en el 1963 (de este gobierno se tenía la
percepción de que era pro-comunista), el país fué invadido por las tropas
estadounidenses que lograron disipar la revolución y establecer un gobierno
provisional hasta realizar elecciones generales un año después.
En el 1983 los Estados Unidos invadieron la isla caribeña de Grenada,
tras sus autoridades tratar de establecer un régimen situado en la órbita de
Cuba.
Panamá fué ocupada por Estados Unidos (1989) bajo el argumento de
capturar al General Manuel Antonio Noriega (que ostentaba el poder) acusado de
narcotráfico. Después de la captura, juicio y condena del general Noriega en
los Estados Unidos de Norteamérica, este país logró de nuevo la hegemonía
que había perdido.
De su lado, el comunismo trataba de infiltrar sus ideologías en todo el
continente, financiaba guerrillas en el Caribe, Centro y Sur América y
propiciaba el caos y la inestabilidad a través del terrorismo y el crimen
organizado.
Como hemos señalado anteriormente, la década de los 80, con el
desmoronamiento de las economías en latinoamérica, significó la caída de la
casi totalidad de los regímenes militares y la vuelta a los gobiernos
legalmente constituídos; sin embargo, el derrumbe del muro de Berlín, que
marcaba el fin de la Guerra Fría, es lo que ha significado el verdadero inicio
para lograr un continente unificado,
democrático y en procura de identificar y hacer homogéneos todos los problemas
del hemisferio. Es en éste período pos Guerra Fría, donde por primera vez en
toda la historia latinoamericana que la democracia significa el norte y
requisito primordial para todo tipo de relaciones (políticas, diplomáticas,
económicas, etc.) entre nuestros pueblos. Surge la primera Cumbre de las
Américas, Miami, Florida, 1994, donde los jefes de Estados y de Gobiernos
elegidos de las Américas hicieron la declaración de principios basados en el
desarrollo y la prosperidad: democracia, libre comercio y desarrollo sostenible
en las Américas. Asimismo, en la Segunda Cumbre de las Américas de Santiago de
Chile, 1998, surgieron medidas para el fortalecimiento de la democracia, el
diálogo político, la estabilidad económica, el progreso hacia la justicia
social y la voluntad para seguir impulsando el proceso de integración
hemisférica permanente. Las medidas emanadas de las Cumbres, en cuanto a libre
comercio, desarrollo sostenido, etc., siguen siendo las tareas que los Jefes de
gobierno se han propuesto cristalizar para el año 2005.
Cabría señalar que las Cumbres Iberoamericanas, donde participan de
forma protagónica España y Portugal además de los países latinoamericanos,
incluyendo a Cuba, ha sido un escenario que ha propugnado políticas similares a
las de las Cumbres de las Américas, logrando hasta la fecha, que el gobierno
comunista de la mayor de las islas caribeñas abra las esperanzas de que surja
un gobierno democrático. Los principales síntomas percibidos en este sentido
han sido: la visita del Papa, apertura de negocios con tendencias al
capitalismo, nuevas relaciones diplomáticas con países del continente,
flexibillidad con la oposición política y la prensa, entre otros. Sin embargo
viendo la situación cubana objetivamente, se podría afirmar que esas jugaretas
políticas del presidente Fidel Castro no son más que salidas momentáneas para
disuadir o aligerar las presiones
internas y externas, medidas éstas que quedan contradecidas en los
pronunciamientos cotidianos del mandatario cubano, haciéndonos crear la
convicción de que en la isla de Cuba habrá comunismo mientras exista Fidel
Castro.
3.1 El Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca (TIAR).
Las declaraciones del Acta de Chapultepec emanadas luego de celebrada
la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, en
México, recomendaron la celebración de un tratado destinado a prevenir y
reprimir las amenazas y los actos de agresión contra cualquiera de los países
de América. En cumplimiento, los países signatarios reunidos en Brasil (agosto
1947), acogieron los postulados del Acta de Chapultepec y celebraron el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) siendo firmado por 18 Estados (de
un total de 23), permitiendo que el mismo entrara en vigor en diciembre del
1948.
Esta celebración vino a satisfacer las voluntades de permanecer unidos
dentro de un sistema interamericano compatible
con los propósitos y principios de las Naciones Unidas, los principios
de solidaridad y cooperación interamericana y perfeccionar los procedimientos
de solución pacífica de las controversias dentro de un ambiente de obligación de ayuda mutua y de común
defensa de las Repúblicas Americanas (ligada a sus ideales democráticos y a su
voluntad de permanente cooperación para realizar los principios y propósitos de
una política de paz).
Este instrumento trajo consigo un sistema hemisférico de seguridad que
se aparta de la voluntad hegemónica de los Estados Unidos y establece el
principio de solidaridad de todos los pueblos americanos, mediante la
definición de criterios e instrumentos de defensa colectiva.
El contenido de los 26 artículos del TIAR reflejaban la voluntad coherente
de los Estados de América. No hubo desperdicios y al momento de su celebración,
todas las necesidades estaban cubiertas. El TIAR constituyó el primer
instrumento internacional de defensa colectiva, estableciendo los mecanismos
definidos de acción conjunta para la obtención de las metas preconcebidas.
Los principios de defensa colectiva del TIAR fueron adoptados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas y
ha servido de modelo para otros tratados de seguridad en el continente
europeo y el asiático.
Hasta la Asamblea General celebrada en San José de Costa Rica en 1975,
el TIAR fue aplicado en (15) quince oportunidades.
Podemos decir, después de analizar todo lo antes expuesto, que el TIAR
(desde 1948 al 1975) ha servido satisfactoriamente a las necesidades que
motivaron su creación, que sus propósitos están debidamente definidos y que
solo la involuntad de sus miembros, al no cumplir con sus mandatos, lo puede
hacer colapsar.
A partir de la Asamblea General celebrada en Costa Rica (1975), para efectuar
las reformas al TIAR, surgieron distintas razones que debilitaron el sistema de
seguridad hemisférica:
1ro. Las
reformas adoptadas no satisfacían las
necesidades globales, lo que motivó que las ratificaciones de los Estados se
vieran marcadas por un gran número de reservas. El Salvador suscribió con la
reserva de que sus artículos no contienen el compromiso de las Partes de
utilizar métodos o procedimientos compulsorios de solución de conflictos, que
El Salvador no puede aceptar. Estados Unidos al firmar, expresó que no aceptan
la obligación o el compromiso de negociar, firmar o ratificar ningún tratado o
convención en materia de seguridad económica colectiva. Guatemala reiteró sus
reservas de hacer valer sus derechos sobre el territorio de Belice. Panamá se
niega a aceptar cualquier cláusula que pueda contravenir los mandatos de su
Constitución o los intereses nacionales. También hicieron reservas Paraguay,
Perú, Bolivia y México. Lo que para
unos era satisfactorio, para otros no lo era, demostranto la realidad
hemisférica, que aunque la mayoría de nuestros problemas son comunes, existen
realidades internas muy particulares y que sólo la voluntad disciplinada
de las Partes las podrían homogenizar
en el continente. Estados Unidos fue el último país en depositar su
ratificación a las reformas (Septiembre del 1979).
2do. En el 1982
durante la Guerra de la Malvinas, la República de Argentina invocó el TIAR al
Consejo Permanente de la OEA, para repeler hemisféricamente la agresión de Inglaterra por reconquistar
las islas Malvinas. Esta invocación quedó en el vacío, teniendo Argentina que
enfrentar unilateralmente el conflicto. El tratamiento que el sistema
interamericano le dió a éste conflicto, de manos cruzadas y ojos cerrados,
desnaturalizó por completo la esencia del TIAR, perdiendo el crédito que había
logrado. En éste comportamiento, lamentablemente incide la postura de los
Estados Unidos, que se vió en la encrucijada de apoyar a América Latina en perjuicio de su principal aliado. Su
decisión de preferencia por los intereses en la OTAN enterraron por completo
los instrumentos de solidaridad interamericana e influyó para que los demás
países del hemisferio se quedaran como simples espectadores, demostrando que la
voluntad de los Estados Unidos marca la ruta a seguir.
3ro. El TIAR
tenía la posiblidad de ser aplicado nuevamente en el 1989, cuando los Estados
Unidos invadió militarmente a Panamá, sin embargo todo transcurrió sin la más
mínima intervención hemisférica, hechando por la borda y desacreditando
definitivamente al TIAR.
Reflexionando al respecto, estas realidades nos llevan a concluir que
el TIAR es un instrumento desfasado, que no se ajusta a las corrientes,
condiciones y circunstancias del momento, y que debe ser actualizado en base a la
realidad de hoy día, especialmente identificando aquellas amenazas a la
seguridad hemisférica que sean comunes a los Estados Unidos y a latinoamérica,
bajo la creencia cierta de que solo cuando sea así, se mantendrá la unidad
continental.
3.2 El Grupo de Contadora. (1983).
La inestabilidad política existente en centroamérica provocó la
iniciativa de Venezuela, México, Panamá y Colombia de propiciar una plataforma
política para conseguir la paz en esa región. Así se reunieron en la isla de
Contadora, Panamá, en el 1983, donde se plantearon las soluciones a los
conflictos imperantes y que presagiaban propagarse a toda latinoamérica. Esta
iniciativa surge ante la derrota diplomática,
tras vanos intentos de solucionar por esa vía el caos y por la imposiblidad
de la OEA de enfrentarlos, por el descrédito que se había ganado después del
inadecuado trato dado al conflicto de la guerra de Las Malvinas, donde
demostraron que los mecanismos internos no operaban para la solución pacífica
de los conflictos en el marco del sistema interamericano.
En una época de problemas económicos generalizados y con una Guerra
Fría campeando por sus fueros, no podía ser más oportuna y atinada la Acción de
Contadora, que con sus esperanzadoras propuestas, se convertió en la primera
opción seria para la obtención de las soluciones a los conflictos
latinoamericanos con acciones latinoamericanas. Su primer objetivo fue crear un
grupo de países latinoamericanos capaces de servir de mediadores en el
conflicto de Centro América y buscar la
paz en la región mediante la negociación; lograr la solución del conflicto dejando fuera de escenario la
confrontación Este-Oeste; revitalizar los ideales democráticos; hacer que los
poderes, mediante la promoción, sean más equilibrados; consolidar el principio
de no intervención y la solución de conflictos multilateralmente, definiendo
claramente la relación de Estados Unidos y el resto de latinoamérica. Los
resultados no se hicieron esperar. Con
el apoyo impresionante de la comunidad internacional y el consenso 100% de sus
acciones, los países en conflicto (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua
y Costa Rica) lograron identificar los temas comunes de la región, evitaron la
intromisión de las potencias, se lograron acuerdos en los problemas económicos,
sociales, políticos y militares, obteniendo verdaderamente las posibilidades
reales para una propuesta de paz.
La ciudad de Esquipulas de Guatemala, fue el escenario para que los
Jefes de Estado de los cinco países en conflicto y los miembros de Contadora se
reunieran en dos ocaciones, en el 1986 y el 1987, siendo éste ultimo año cuando
se firmaron los acuerdo de paz que coronaron el principal objetivo de la Acción
de Contadora: lograr que los propios países de centroamérica, en común acuerdo
y negociación se entendieran para la consecución de la paz. Independientemente
de lo acertado de la Acción de Contadora, el apoyo recibido por la comunidad
latinoamericana y el seno de la OEA, constituyeron el complemento ideal que le
dió la estamina “jurídica” a todo el proceso.
3.3 El Protocolo de Cartagenas de Indias.
(1985).
La acción del Grupo de
Contadora no limitó sus acciones a la región de centroamérica. Aunque su
creación se debió a la crisis de Centro América, el resto de latinoamérica
llevaba sobre sus hombros la imposiblidad de introducir reformas a la Carta de
la OEA por más de 15 años. Es así como
durante la Asamblea Extraordinaria en
Cartagena de Indias, Colombia, en el 1985, el Grupo de Contadora contando con
los países del grupo de apoyo (Argentina, Perú, Brasil y Uruguay) logra que la
Carta de la OEA sea reformada.
Al artículo 2 se le introdujo el literal b: “promover y consolidar la
democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención”.
De esta forma la democracia salía fortalecida y además se despejaban las dudas
sobre la posibilidad del pluralismo como idealismo político.
El campo económico y social recibieron el trato adecuado acorde con los
nuevos tiempos y realidades, al reformarse el artículo 2 literal g: “alcanzar
una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el
mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados
miembros”.
3.4 Resolución
1080. Compromiso de Chile (1991).
En el año 1988 Ramsewak Shankar fue electo presidente constitucional de
Surinan después de 8 años de golpes de Estado y guerrillas. Un año más tarde
era derrocado por un golpe militar, dando al traste con la incipiente
democracia de ese país. Este hecho lamentable provocó la reunión de la OEA,
condenando el golpe e implementando las sanciones reglamentarias.
La condena y las sanciones, sin embargo, no fueron suficientes para que
el gobierno constitucional depuesto retornara a dirigir los destinos de
Surinan, muy por el contrario se arreciaron las restricciones en cuanto a las
libertades públicas, mientras la guerrilla continuaba.
Todos los Estados con regímenes democráticos en América, se hicieron
representar en Santiago de Chile (Junio del 1991) para celebrar la Asamblea
General, de donde emanó la Resolución 1080 que en su esencia señala:
“Frente a una situación de riesgo grave para la democracia por vía de un golpe
o cambio de orden constitucional, el Secretario General (OEA) convocará al
Consejo Permanente, el cual a su vez, convocará a los Ministros de Relaciones
Exteriores, los cuales analizarán la situación
producida y adoptarán las decisiones y tomarán acciones colectivas”.
Esta resolución fue aprobada por todos los países miembros de la OEA, dándole
fortaleza al principio de la democracia representativa, evadiendo las
burocracias y tramitaciones, pués otorga los mecanismos para que el Secretario
General o cualquiera de los países miembros pueda, de urgencia, convocar los
cancilleres del continente. Ese mismo año fueron celebradas elecciones y surgió
un nuevo gobierno legítimo en Surinan y al año siguiente (1992) fue firmada la
paz entre el gobierno y la guerrilla.
3.5 El Protocolo de Washington. (1992).
Lo que se conoce como el Protocolo de Washington es otro importante
avance para el fortalecimiento y defensa de la democracia en el continente. La
voluntad de los Jefes de Estado por buscar una mejor garantía y legalidad en la
aplicación de la Resolución 1080, los motivó a incorporar un nuevo artículo en
la Carta de la OEA que promoviera y defendiera la democracia. Es así como se
origina el protocolo de reforma de la Carta de la OEA, incorporando un artículo
al Capítulo III (Principios) de la Carta, conviertiéndose en el artículo número
9 que dice: “Un miembro de la organización cuyo gobierno democráticamente
constituído sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del ejercicio del
derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión
de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las Conferencias Especializadas,
así como de las comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos que se hayan
creado”. Para su aplicación se añadieron varios causales que dotan al sistema
de las herramientas necesarias para una eficaz aplicación. Las suspensiones
entrarán en vigor después que un mínimo
de dos tercios de los Estados miembros lo aprueben en la Asamblea General y la
misma sanción podrá ser levantada por
decisión adoptada con la aprobación de dos tercios de los Estados Miembros. En
resumen, ésta reforma le permite al
sistema interamericano dotarse de la herramienta necesaria para hacer cambiar
de opinión a quienes intenten o planeen interrumpir la democracia y los
gobiernos legalmente constituídos.
El protocolo entró en vigor en el 1997, luego que la República de
Venezuela lo ratificara y se obtuviera los dos tercios requeridos.
3.6 La OEA en la defensa de la democracia.
Como señaláramos anteriormente, la década de los 90 ha significado el
gran repunte de la OEA y del sistema interamericano para la defensa de la
democracia en el continente. La caída del muro de Berlín y el desmoronamiento
del comunismo y su influencia en latinoamérica, redundaron positivamente en el fortalecimiento de la democracia.
La intervención de la OEA para lograr la restauración del gobierno
legítimo del presidente Jean Bertrand Aristide en Haití, derrocado por un golpe
militar, marcó el inicio de las acciones de la comunidad latinoamericana en pro
del restablecimiento del orden institucional y el poder legalmente constituído.
En el exilio, Bertrand Aristide, fue reconocido como el único representante
legítimo admitido internacionalmente. Se constituyó la misión OEA-DEMOC-HAITI
después de visitas a Haití y contactar en el terreno la situación. En el 1994
se implementaron todo tipo de sanciones,
principalmente el bloqueo económico y comercial, y apremio al régimen militar
para permitir la vuelta del presidente Aristide. El autoritarismo no cedió en
su posición, lo que motivó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
autorizara la intervención militar de los Estados Unidos y otras fuerzas
militares de la región. El regimen militar fue depuesto y al año siguiente se
celebraron elecciones presidenciales libres donde surgió presidente René
Preval, asumiendo la presidencia de Haití en el 1996, aún bajo la presencia de
las fuerzas de paz. Aún la inestabilidad política impera en esa nación ( no han
podido nombrar en cuatro años un Primer Ministro) producto del deteriorado
campo económico (el país más pobre del continente), la oposición del congreso y
la arraigada cultura de gobiernos autoritarios. Desde el 1915 (ocupación militar de los Estados Unidos) hasta el 1995
esa pobre nación no sabía lo que era un
gobierno democrático.
En el caso del auto golpe del presidente Alberto Fujimori de Perú,
conocido como el Fujimorazo, de orientación autoritaria, donde fue disuelto el
parlamento y se emprendió una decidida represión a la guerrilla, la
Organización de Estados Americanos (OEA) ejerció decididamente sus presiones
para el restablecimiento del estado de derecho y el retorno a la democracia.
Bajo su observación, se celebraron elecciones constituyentes para la reforma a
la Constitución y de las nuevas autoridades parlamentarias (1993).
La adopción de un duro programa de ajuste por parte del presidentre
Carlos Andrés Pérez, en Venezuela, y la proliferación de escándalos de
corrupción, culminaron con una intentona de golpe de Estado, encabezado por el
hoy presidente de esa nación Teniente Coronel Hugo Cháves. La OEA
inmediatamente rechazó y repudió la acción, brindándole todo el apoyo al
gobierno legítimo y a las decisiones de orden institucional, como fue la tomada
por el congreso que destituyó al presidente Carlos Andrés Pérez dentro de un
marco Constitucional (septiembre 1993) y llamando a elecciones presidenciales
en diciembre de ese año, donde resultó electo Rafael Calderas.
La intervención oportuna de la OEA frustró la intentona de autogolpe
del presidente Serrano Elías (trataba emular el Fujimorazo) en Guatemala
(1993), obteniendo con su atinada presencia que la incipiente paz lograda en
ese país y la región centroamericana se fuera a pique. El apoyo brindado a las
instituciones establecidas, marcaron las pautas para una salida constitucional.
El presidente Serrano fue destituído, el parlamento eligió nuevo presidente a
Ramiro de León Carpio; se reformó la Constitución siendo aprobada mediante un
referendum y en el 1996 se celebraron elecciones presidenciales resultando
electo el consevador Alvaro Arzú.
Mediante la aplicación de la Resolución 1080, los intentos golpistas
del general Lino Oviedo, de Paraguay, fueron desactivados. El presidente
constitucional Juan Carlos Wasmosy continuó en el poder y se emprendieron las
sanciones pertinentes a los desestablizadores del orden democrático. En este
caso particular de Paraguay, cabe resaltar la intervención directa del
Secretario General de la OEA, César Gaviria, que a a raíz del conflicto se encontraba en Sur América,
y se apersonó en Paraguay para conjuntamente con la comisión de cancilleres de
la OEA resolver la situación en el propio terreno del conflicto.
CAPITULO IV
DESAFIOS Y ANTAGONISMOS PARA LA CONSOLIDACION
DE LA DEMOCRACIA
Para poder establecer los principales dasafíos de la democracia
contemporánea debemos señalar sus principales objetivos:
a- El objetivo
principal del orden democrático es sin duda el de la libertad. Se procura dar a
las personas toda la libertad posible, reconociendo como único límite el de la
libertad del prójimo. A esto obedece la terca preocupación por limitar el poder
de los gobernantes: mientras más poderosos sean ellos, menos libres serán los
ciudadanos. La libertad hace posible
que las personas desplieguen toda su potencialidad innata y se realicen así
como seres humanos. Toda limitación a la libertad comporta un cercenamiento a
la capacidad de desarrollo personal.
b- Para ser libre
se requiere gozar de igualdad. La igualdad y la libertad están hondamente
entrelazadas. La falta de igualdad ante la ley, y la falta de iguales
oportunidades en lo económico y social, marcan una limitación no deseable en el
ejercicio de la libertad personal.
c- Democracia es
igualmente sinónimo de pluralismo. Esto implica que, si bién las dicisiones
suelen ser tomadas por mayoría, el sistema político establece límites en tal
capacidad de decisión para respetar a las minorías y a los puntos de vista
discrepantes. La democracia tiene que garantizar en el mercado político la
libre concurrencia de opciones, de la misma manera como debe ocurrir en la
esfera económica.
d- La democracia
debe estimular la solidaridad. No hay dudas que en un régimen democrático se
debe velar por los más necesitados, sin apelar para ello al paternalismo. La
democracia debe brindar oportunidades compensatorias frente a las
discapacidades y la falta de recursos.
e- La participación.
La democracia no puede desarrollarse si no existe la participación ciudadana.
Las personas aspiran a la participación política para realizarse como sujetos
libres capaces de decidir y de aportar
a la realización colectiva.
La democracia en latinoamérica debe sus inperfecciones a la herencia
colonialista. Durante toda la historia hacia el tránsito para la obtención de
regímenes republicanos, el proceso ha estado determinado sustancialmente por
factores externos y no por transformaciones sociales básicas-endógenas. El
orden social colonial, marginador de las grandes mayorías, fue mantenido
intacto bajo el nuevo ropaje republicano. Cómo pretender construir un sistema
político basado en la premisa de la representación, si a la vez no se garantizan
los derechos fundamentales de aquellos a quienes se dice representar? Nuestra
institucionalidad democrática ha convivido con la vigencia de la esclavitud y
de relaciones serviles de producción. Esta no es una situación superada, pués
aún existen en algunas naciones, las relaciones laborales semi-serviles, no
rige el salario mínimo, ni la seguridad social, ni mecanismos básicos de
protección legal. A todo esto, habría que añadirle la importación de las
instituciones republicanas, que fueron adoptadas sin pasar por un indispensable
proceso de aclimatación. Sólo recientemente aquéllas han empezado a ser
adecuadas a la diversidad étnico-cultural propia de las sociedades
latinoamericanas.
En la actualidad, la democracia latinoamericana se enfrenta
a un sin número de adversidades coyunturales, no de corte idealista, que
amenazan de manera constante su consolidación: la violación de los derechos
humanos; la corrupción; la pobreza; el narcotráfico; la globalización; las
guerrillas; la equidad en la justicia, etc.
4.1 Los derechos humanos.
“Sin derechos humanos no puede existir democracia y sin democracia no
puede haber vigencia efectiva de los derechos humanos”[16].
La democracia y los derechos humanos constituyen un matrimonio inseparable,
indivorciable, donde cada uno depende del otro para lograr la objetividad. En
la medida que el sistema democrático se deteriora, así sucederá con los
derechos humanos; lo mismo pasará si los derechos humanos no son respetados y
validados, la democracia dejaría de ser tal.
En latinoamérica las democracias pluripartidistas parecen estables en
la mayoría de los países, sin embargo aún persisten casos dignos de mencionar
por tener gobiernos autoritarios y otros donde los derechos humanos son
violados desde distintas esferas. Recientemente (1ro. de enero del 1999) en la
República de Cuba, Fidel Castro celebró 40 años en el poder, ejercido de forma
autoritaria y dictatorial. En Cuba no se violan los derechos humanos, en Cuba
sencillamente no hay derechos humanos. El centralismo totalitario del gobierno
prohibe la libertad de expresión y pensamiento, la pluralidad de partidos,
libre tránsito, libertad de prensa, etc., condiciones esenciales para el bien
vivir. Lamentablemente, no se avisoran indicios de apertura, muy por el
contrario, se adoptan medidas desafiantes al resto de la comunidad con hechos
como el juicio celebrado a puerta cerrada a cuatro disidentes encarcelados
desde Julio del 1997.[17] Las
autoridades de Cuba, aferradas a los ideales de su revolución, culpan su
destino a la constante política de confrontación de los Estados Unidos y el
bloqueo-embargo económico por más de 40 años. Esta política de los EE.UU. fue
objeto de mayores críticas procedentes de todos los rincones del mundo. Por un
margen histórico, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en octubre
del 1998 una resolución no vinculante pidiendo el fin del embargo
estadounidense contra Cuba, con las únicas objeciones de EE.UU. e Israel. El
embargo aún continua. La experiencia nos demuestra que, salvo algún caso
excepcional, esta confrontanción permanecerá hasta el término del gobierno de
Castro; en ambas partes prima el orgullo. Estados Unidos no se rendirá ante la
comunidad internacional, dejando entrever que su embargo no pudo disuadir el
régimen comunista de la isla y, Fidel Castro, en la postrimería de la vida, no
echará por la borda 40 años de gobierno con el ideal comunista que lo han
mantenido en el poder, para salir ahora con que estaba equivocado.
El indicativo más fehaciente de que el régimen de Fidel Castro no
variará, lo demuestra la política europea con respeto a Cuba que descansa en
firmes principios de derechos humanos. Sin embargo, la Unión Europea (UE),
cuyos miembros se han convertido en importantes inversores en Cuba, no ha
podido traducir una política de principios en logros en materia de derechos
humanos en la isla. La política de participación constructiva de Canadá ha sido
similarmente improductiva.
Las violaciones de los derechos humanos por motivo de conflictos
armados internos en latinoamérica han ido desapareciendo en el ámbito
continental. Los conflictos que tán solo unos años atrás sumían a países como
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Perú han cesado por completo, con
la salvedad de Colombia, el único país de la región que sigue azotado por la
violencia política mientras todas las partes en el conflicto armado interno
cometen horribles violaciones al derecho humanitario. En este conflicto
convergen: las fuerzas de autodefensas (mal llamados paramilitares) que con su
accionar al margen de la ley, han cometido hechos violatorios de los derechos
humanos; las guerrillas colombianas, Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que siguen violando sistemáticamente el
derecho humanitario, mediante asesinatos, secuestros y el mantenimiento de un
estado de sitio. En febrero del 1999 las (FARC) capturaron y ejecutaron a tres
ciudadanos de los EE.UU. que habían visitado a un grupo indígena en la parte
noroeste de Colombia. El (ELN) cometió una serie de secuestros masivos durante
el 1999. En abril de ese año fue capturado un avión de la línea aérea Avianca,
secuestrando a los 41 pasajeros y la tripulación. Un mes después, más de 140
feligreses fueron tomados como rehenes en una iglesia de Cali. Los líderes del
(ELN) justifican sus acciones
calificándola de “política de impuestos” y dicen que mantendrán ésta práctica.
Asimismo, algunos miembros de las
Fuerzas Armadas han sido acusados de cometer hechos violatorios de los derechos
humanos.
En Perú, los reductos del Sendero Luminoso, empleando métodos
sanguinarios contra civiles, y durante la acción de un robo frustrado en la
ciudad de Uchiza, abrió fuego indiscrimado contra civiles, matando cuatro
personas, entre ellas dos colegiales y un policía.
La impunidad de los criminales violentos poderosos, un abismo entre
ricos y pobres, y una judicatura corrupta e ineficaz son los factores que han
conspirado para hacer que muchos países del continente sean víctimas de una
delincuencia aparentemente incontrolable. La incapacidad de éste estamento para
controlar la delincuencia común por medio de la legalidad, ha producido graves
retrocesos en materia de derechos humanos. En tal sentido algunos gobiernos,
bajo el argumento de que las garantías de los derechos humanos constituían una
camisa de fuerza para la lucha contra la delincuencia, instrumentaron acciones
legalizadas a través de sus congresos, tendentes a facilitar el margen de
maniobrabilidad de las autoridades. Es así como vemos que en México, el
presidente envió propuestas al congreso que facilitarían las detenciones
basadas en pruebas mínimas. Para combatir la delincuencia en Perú, el congreso
le aprobó al presidente Fujimori la autoridad de emitir decretos durante quince
días. Entre los decretos que más afectaron los derechos humanitarios se pueden
citar: los acusados de pertenecer a una banda criminal podían ser detenidos sin
cargos hasta 15 días y en ningún caso serían puestos en libertad antes del
juicio; los acusados, hasta los menores de 16-18 años, pueden ser juzgados por
tribunales militares; otros decretos redujeron drásticamente la eficacia del
recurso de habeas corpus contra la detención arbitraria.
Según publicaciones de la Human Rights Watch[18],
la brutalidad policial sigue siendo notoria en Argentina, México, Brasil,
Venezuela, Haití y la República Dominicana.
Otro indicativo de violación de los derechos elementales del hombre se
aprecia en las paupérrimas condiciones
carcelarias en la mayoría de los países latinoamericanos. Es prácticamente un
común denominador el hacinamiento, la escacez de personal y la violencia en los
recintos carcelarios. A ésta grave situación se le suma la práctica de mantener
a sospechosos en detención preventiva, creando situaciones en las que la gran mayoría
de la población carcelaria no ha sido sentenciada y se hacina habitualmente en celdas con delincuentes condenados.
Otro de los hechos de violación de los derechos humanos, lo constituye
la discriminación social y de género, el desamparo de la niñez y el
desconocimiento de las minorías étnicas.
4.1.1 Por la defensa de los Derechos Humanos.
Los derechos humanos guardan una íntima relación con la democracia y como tal es una materia
de sumo interés dentro del ámbito interamericano, incluso, desde la misma
creación de la organización. Con la Carta Constitutiva de la OEA se aprobó
también, en las deliberaciones de abril del 1948, la Declaración de Derechos y
Deberes, instrumento internacional de derechos humanos que es anterior a la
Declaración Universal aprobada en París en diciembre del mismo año, en el marco
de las Naciones Unidas. En 1959, la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores, que se realizó en Chile, creó la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. En esa reunión se adoptó una declaración sobre democracia
representativa, la cual decía en uno de sus apartes: “La existencia de
regímenes antidemocráticos constituye una violación de los principios en que se funda la OEA y un peligro para la
convivencia solidaria y pacífica en el hemisferio”. También expresaba el deseo
de contribuir “a la erradicación de las formas de dictadura, despotismo o
tiranía sin quebrantar el respeto a la facultad que tienen los pueblos de
escoger libremente sus formas de gobierno”[19]
Desde entonces, y en la decadencia de la organización durante el período de las
dictaduras y gobiernos autoritarios en el continente durante las décadas de los
60 y 70 (actividad pasiva de los órganos políticos), fue la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos el
único órgano que se mantuvo efectuando visitas a muchos países, rindiendo
informes sobre la violación de derechos humanos en muchos Estados y condenando
estas situaciones por medio de sus informes y resoluciones.
En el 1969 fue firmada la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Sin embargo sus efectos no fueron posibles hasta 1978, cuando se
estableció la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.
Actualmente existe en el seno de la OEA el compromiso de los gobiernos
representados por el respeto y la vigencia de los derechos humanos. Este tema,
es punto obligado en la agenda de la organización que, a través de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, ha consolidado su papel de garante de ellos en el continente.
4.2 La corrupción.
Las corporaciones de negocios y los bancos multinacionales gozan de un
“poder estructural” desproporcionado sobre la comunidad política y, en
consecuencia, sobre la naturaleza de los resultados democráticos. Para los
representantes políticos sería extremadamente difícil satisfacer los deseos de
un electorado decidido a reducir los efectos adversos del capitalismo de
corporaciones sobre la democracia y la igualdad política. La democracia está
empotrada en un sistema socioeconómico que garantiza la “posición privilegiada”
de ciertos intereses.[20]
La corrupción es un dato común a todos los sistemas políticos
contemporáneos, sin embargo, el inadecuado funcionamiento de los “pesos y contrapesos” dentro de la institucionalidad democrática
latinoamericana, hace a nuestras
naciones tierra fértil para el enriquecimiento ilícito de los políticos, los
funcionarios públicos y los amigos del gobierno de turno. Los modelos
económicos proteccionistas y estatistas atizaron la corrupción estatal, y esto
es algo que lamentablemente sigue ocurriendo en las llamadas economías de
mercado.
Las causas de la corrupción son disímiles y sus expresiones variadas.[21]
Se ha considerado que este fenómeno presenta tres categorias diferentes:
a) La corrupción
que tiene que ver con competitividad corporativa,
b) La corrupción
que es instigada por el crimen organizado, y
c) La corrupción
política.
Llama la atención que en la
última década, en particular los años transcurridos desde 1990, los asuntos de
corrupción hayan tenido una notoriedad sin precedentes. Como lo revela un
documento de la OEA (OEA, 1996, pp. 29-35), en los últimos 6 años al menos seis
Jefes de Estado, más de cincuenta miembros de gabinete, veintenas de congresistas
y cientos de hombres de negocios han perdido sus cargos, su libertad y, a
veces, sus vidas respondiendo por acusaciones de corrupción.[22]
Aunque es difícil decir con certeza si la corrupción ha disminuído o
aumentado en los últimos años, Transparencia Internacional, una nueva
organización que trata de localizar las prácticas de corrupción en el mundo,
reporta un deterioro en este sentido en
un gran número de países en América Latina y el Caribe.
La idiosincracia latinoamericana es muy especial. El problema de la corrupción une dos tipos de conductas
que se confunden en la mente de la mayoría de los ciudadanos: la eficiencia y
la honestidad. De estos comportamientos, la eficiencia parece ser más
importante. En algunos casos, se percibe que la deshonestidad no conduce
necesariamente a una protesta ciudadana significativa si el desempeño es bueno.
En otros, se percibe que la honestidad no es suficiente para calmar el
descontento general cuando el desempeño ha sido malo, aunque pueda constituirse
en un aliciente para preservar el control político y el mantenimiento de la paz
social.
4.3 El narcotráfico.
El impacto del problema de la
droga en América Latina produce efectos que distorsionan el desarrollo
económico, corroe las estructuras democráticas al penetrar, mediante la
corrupción, sus instituciones y autoridades (especialmente las judiciales) y acarrea graves consecuencias sociales por
la forma de operar de las organizaciones de narcotraficantes y la ampliación
del consumo entre la población joven. La problemática de la droga también ha
alterado las relaciones de los países de América Latina con Estados Unidos y
con la comunidad internacional en general. Se ha convertido en un asunto de
seguridad nacional, regional y hemisférica, de soberanía (para algunos países)
y, definitivamente, de gobernabilidad.
La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)
trabaja con los países miembros para adecuar sus leyes, ofrecer capacitación
para programas de prevención, promover el desarrollo alternativo y combatir el
tráfico ilegal de estupefacientes, químicos ralacionados y armas. Siguiendo un
mandato de la Cumbre de las Américas, la Comisión trabaja en la creación de una
herramienta de evaluación multilateral para medir el progreso de cada país y de
la región en conjunto en la lucha contra estos flagelos.[23]
4.4 La pobreza.
La realidad actual de la pobreza en el hemisferio es altamente
preocupante. La gobernabilidad en la mayoría de las naciones latinoamericanas
cobra una especial vigencia ante el viraje radical hacia economías de mercado
que supone la reducción del rol del Estado. Estas transformaciones se han
estado produciendo en medio de la agudización de los problemas económicos y
sociales de vastos sectores de la población y, por consiguiente, de crecientes
demandas sociales.
Las políticas de los gobiernos
estan encaminadas a satisfacer las necesidades básicas de la población y
mejorar las condiciones y calidad de vida de todos sus habitantes. Hasta ahora
esto se mantiene como un reto. Lo
verdadero es que pese a los incrementos productivos, a la apertura
comercial, y a todos los ajustes necesarios, la brecha entre los ricos y pobres
se ha incrementado. Lo peor de todo esto es la proporcionalidad. En el ocho (8) % de la población latinoamericana
está concentrada la riqueza, mientras, en el resto, se encuentra enquistada la
pobreza y la indigencia. Esta concentración de la riqueza en un grupo
minoritario de la población no ha
permitido que sea percibido por las mayorías nacionales los beneficios de la
democracia, y claramente no ha permitido avanzar en la dirección de igualdad de
oportunidades para todos. De aquí se desprende el gran desafío de las
autoridades actuales: conseguir el crecimiento en base a la equidad. Pueden los
gobiernos contemporáneos lograr ese objetivo? Resulta cuesta arriba creer que
lo lograrán con un sistema económico de libre mercado. Según la concepción
democrática, las posiblidades de ejercer poder en el Estado, o más
concretamente en las decisiones del gobierno del Estado, están o deberían estar
equitativamente distribuídas entre todos los ciudadanos. Que éstos tienen que
gozar de igualdad política es, como hemos visto, un axioma decisivo de la
perspectiva moral democrática. En cambio, en la interpretación económica
corriente de la empresa económica competitiva, orientada al libre mercado, no
existen relaciones de poder o autoridad. Su lugar lo ocupan los intercambios y
contratos que realizan libremente los actores nacionales. Por lo tanto, los
economistas neoclásicos no ven ninguna necesidad de ocuparse de fenómenos tan
impalpables, ambiguos y al parecer no cuantificables como son el poder y la
autoridad, y la igualdad de los recursos económicos (que podría contribuir a
facilitar la igualdad política de los ciudadanos, y por lo tanto de la
democracia, y por ende a las libertades a ésta asociadas) no es en su versión
habitual forzosamente un objetivo deseable y mucho menos un resultado probable
de las decisiones del mercado.[24]
En el seno de la OEA, la pobreza es motivo contínuo de debates. A
través del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), la
comunidad hemisférica muestra
directrices para hacer reformas de tipo político y social para conseguir una
integración lo más ideal posible. En ese sentido, se está buscando solución a
la pobreza, mejorando marcadamente la educación, bajo el entendido de que en un
país donde la población esté más capacitada, las oportunidades de mejores
empleos redundará en mejores remuneraciones. Sin embargo esto conlleva todo un
plan que generaría resultados sólo a mediano o largo plazo. Es por esto que en
la actualidad, para combatir la pobreza con efectividad, se nesecita tomar
acciones inmediatas tendentes a una mejor redistribución de la riqueza, mejorar
la cantidad y calidad de los sevicios sociales, ofrecer mejores servicios de
salud, apoyar y propagar la educación especialmente focalizada a sectores de
menores ingresos, propiciar políticas de viviendas a los más necesitados y
revisar las políticas tributarias,
entre otras.
Estas apreciaciones, concuerdan con las emitidas, en los “Asuntos de
Especial Interés”, por los gobernantes reunidos en la VII Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno en noviembre del 1997 en la Isla de Margarita,
Venezuela.
Entre los asuntos de interés, la superación de la pobreza, figura en el
primer encasillado, declarando los gobernantes allí reunidos: “Conscientes que
en el contexto actual el superar la pobreza en la región, demanda la ejecución
de programas que garanticen a la población el acceso a los servicios de
educación, salud, justicia e infraestructura,
de modo que puedan tener una mejor calidad de vida, acceder a mejores
empleos y obtener mayores ingresos, reafirmamos que la inversión social debe
estar dirigida a la promoción de oportunidades para que las personas más pobres
puedan incorporarse de manera productiva y sostenida a la economía.”[25]
4.5 La globalización.
La globalización política actual, es considerada , ante todo, como un
problema nacional. Sostienen los críticos
contemporáneos de las democracias modernas, que las estructuras representativas
no son lo suficientemente responsables ante sus cuidadanos; y, al discutir las
distintas formas de la democracia directa, o al reinvindicar la permanente
relevancia del republicanismo, ponen el
acento en la necesidad de lograr que el proceso político sea más
transparente e inteligible, más abierto y receptivo a los heterogéneos deseos y
necesidades del pueblo. La interconexión regional y global desafía las formas
nacionales tradicionales en que se resolvían las cuestiones claves de la teoría
y la práctica democráticas. El proceso mismo del gobierno puede escapar al
alcance del Estado-nación. Las comunidades nacionales no son de ninguna manera
las únicas fuentes de diseño y elaboración de las decisiones y políticas que
ejercen inflluencia sobre las vidas de sus miembros, y las medidas
implementadas por los gobiernos nacionales no afectan “exclusivamente” a
sus propios ciudadanos. Algunos ejemplos oportunos: una decisión de aumentar
las tasas de interés, dirigida a detener la inflación o estabilizar las tasa de
cambio, es a menudo considerada una decisión “nacional”, aunque muy bien puede
estimular significativos cambios económicos en otros países; una decisión de autorizar la tala de bosques puede
desequilibrar el sistema ecológico de regiones localizadas fuera de los límites
que formalmente circunscriben la responsabilidad de un conjunto determinado de
agencias políticas; la construcción de una planta nuclear cerca de la frontera
nacional, sin consultar a los gobernantes y ciudadanos del país vecino, a pesar
de los múltiples riesgos que deben asumir. Estas decisiones estarían enmarcadas
dentro del dominio legítimo de la autoridad de una nación soberana. Sin
embargo, en un mundo actual globalizado, debemos plantear grandes interrogantes
acerca de la coherencia y la viabilidad en la toma y elaboración de decisiones.
Todo esto representa una paradoja en la actualidad latinoamericana,
donde las naciones y los pueblos abogan por la idea del “gobierno del pueblo”;
pero ello ocurre en el preciso momento en que la eficacia misma de democracia como forma nacional de
organización política es puesta en duda. Puesto que progresivamente áreas fundamentales
de la actividad humana se van organizando a escalas globales, el destino de la
democracia, y del Estado-Nación democrático independiente en particular, está
colmado de dificultades. Es en tal
sentido, que la democracia representativa debe adecuarse profundamente, tomando
en cuenta la superposición de los procesos y estructuras locales, nacionales,
regionales y globales.
Vista la situación objetivamente, nos damos cuenta que la democracia en
los países sub-desarrollados en latinoamérica, debe estar acorde con la
realidad internacional.
Como señaláramos anteriormente (4.4 la pobreza), la globalización en el
área económica, es la que más incide en el deterioro de la democracia. Después
de la caída del muro de Berlín, ya no hay nadie que tenga alternativas al
capitalismo.[26]
Compartimos ese criterio; pero si lo
hacemos, debemos propugnarlo como una copia fiel de quién creó ese sistema: los
Estados Unidos. Se dice que debemos copiar el modelo norteamericano,
liberalizando al máximo la actividad económica a través de la no intervención
estatal. Las sociedades se forman para proteger los derechos de los individuos
y fomentar su acción en pro del bienestar. La democracia responde a la voluntad
de la mayoría pero respetando los derechos de las minorías. Como dijera Santo
Tomas de Aquino “no se puede esperar la práctica de la virtud en un estómago
vacío”. Es así que en los Estados Unidos existe toda clase de leyes y reglamentos para garantizar el orden y la
justicia en la actividad económica, y al mismo tiempo, proteger a los más
débiles. Apertura y libertad, pero enmarcando esas acciones protegiendo a los
desposeídos, es la política a seguir.
La globalización económica trae consigo la política de privatización de
las empresas propiedad de los Estados y la abolición del proteccionismo
estatal, redundando ésta actividad en el
incremento del desempleo. En tal sentido, creemos de vital importancia e
interés, que en los procesos de privatización se incluyan cláusulas específicas
que protejan a los empleados, ya sea con remuneraciones justas de liquidación o
mediante la garantía de permanencia en sus
puestos de trabajo.
4.6 Los partidos políticos.
La función de los partidos políticos dentro de una sociedad es
considerada como factor esencial e insustituible en la formación de la opinión
pública para la expresión libre de la voluntad popular.
Los diversos roles que juegan hoy los partidos políticos pueden diferir
por su importancia y su ámbito de influencia en la estructura del Estado, de
acuerdo a las legislaciones y a la concepción ideológica en que se sustentan.
No debería pués, haber ningún cuestionamiento de su existencia y
más bien el partido político moderno va adquiriendo nuevas funciones que
constituyen una adecuación a nuestra realidad social en América Latina que vive
una época de fortalecimiento de la democracia, insertándose cada vez más en una
generalizada sociedad latinoamericana democrática que va tomando una nueva fisonomía en el contexto de la
evolución política actual, orientada hacia una participación ampliada, que
dejando de lado la democracia de las minorías, se orientan hacia una auténtica
democracia de partricipación plena.
El logro de esta condición es difícil, más no utópico. Aquí está el
gran reto de los líderes partidistas, que han de constituir, por ello, el medio
efectivo para que el hombre común pueda defender sus intereses, su dignidad
personal y su vida misma (los partidos políticos). Para ello, debemos
incorporar a la vida diaria del hombre común
el sentimiento de libertad que solo puede arraigarse en una experiencia
vivida. Porque, la práctica de la democracia y el ejercicio de la libertad, son
los fundamentos de la posibilidad de la justicia y el bien común que es la
aspiración última de una sociedad organizada.
La democracia representativa basa su esencia en la existencia de los
partidos políticos. Son organizaciones de personas, con carácter estable,
destinada a adquirir el poder para ejercer desde él un programa político general. Sin embargo, ésta característica,
ha perdido vigencia en muchos partidos y movimientos políticos que desempeñaron
un rol protagónico en el panorama
político de diversos países del continente. La crisis actual de descrédito, es
una muestra de que muchos programas políticos y económicos se han quedado en la
zaga frente a los cambios de la
actualidad. Los partidos y movimientos políticos se comportan pocos receptivos
a nuevas demandas provenientes, por ejemplo, de sectores ecologistas, feminista
y juveniles que tratan de insertarse en
la arena política, lo que está
provocando la desafiliación de partidistas.
Otro hecho que está deslegitimizando los partidos políticos es la
corrupción rampante de los dirigentes políticos con deteriorada imagen y
credibilidad, que interpretando con sentido utilitario la frase de Weber, “viven
más de la política que para la política” y festinan partidas específicas y
otros gastos, para obtener el favor del pueblo[27]. A
esto se le agrega la abstención electoral, que en latinoamérica está alcanzando
niveles extraordinarios, provocando gobiernos elegidos por una minoría y por
ende una crisis de representatividad.
La ciudadanía considera que sus inquietudes, necesidades y
reivindicaciones de carácter económico,
político, social, ético y espiritual no están debidamente reflejadas en las
propuestas de los partidos, traduciéndose en una actitud electoral contraria a
los grupos que tradicionalmente contaron con el apoyo de los ciudadanos.
La falta de credibilidad en los partidos políticos ha dado cabida para
que otros movimientos alternativos (ONG’s, nuevos foros) se consoliden,
representando intereses de pequeños sectores, gremios y comunidades de base,
logrando en la actualidad algunas representaciones parlamentarias en sus
respectivos países.
Algunos de los hechos concretos que manifiestan la actual crisis de las
instituciones partidarias son: la pérdida paulatina y creciente de
representatividad; la carencia de macanismos para la renovación de los cuadros
dirigenciales; la falta de ejercicio de una verdadera democracia interna; y la
desvinculación entre la agenda de las cúpulas partidarias y las propuestas y/o
reclamos de los electores y la denominada sociedad civil.[28]
La opinión mayoritaria en todos los países latinoamericanos, respecto
del comportamiento de las organizaciones
partidarias en los gobiernos y parlamentos es sumamente crítica y de
desencanto acerca de la forma en que la clase política partidaria está
asumiendo sus responsabilidades tanto en el gobierno como desde la oposición.
Esta situación ha sido calificada por
la Comisión Andina de Juristas como una verdad alarmante en la mayoría de
países latinoamericanos.[29]
Andrés Stambouli señala: “Así como los partidos han sido los
instrumentos de la modernización y de la democracia, no es menos cierto que
también, en no pocas ocasiones, han contribuido, por acción u omisión, al
quiebre democrático, por fallas en los mecanismos de negociación inter e intra
partidista, en función de la estabilidad y de la conservación del régimen. La
intolerancia y la predisposición a no convivir han sido generadoras de las
condiciones de diversas intervenciones antidemocráticas.”[30]
Se puede decir que la demanda social de renovación partidaria es,
empero, una exigencia popular, que de no ser atentida podría liquidar a más de
una organización política. El debilitamiento y la liquidación de éstos puede
tener graves consecuencias para la democracia en todo el continente. Consciente
de esta realidad, el presidente de México, Ernesto Zedillo, durante su visita a
la República Dominicana en abril del 1999, y ante la Asamblea Nacional, donde
pronunció un discurso, dijo: “La democaracia es fuente de la legalidad y
armonía social que son indispensables para proyectar con toda su fuerza el
trabajo por el progreso y la justicia. De ahí la conveniencia de contar con
partidos políticos fuertes que actúen en todo momento a favor del interés
nacional de largo plazo, por encima de intereses personales o de grupos. Por
ello, la necesidad de hablar siempre con la verdad haciendo a un lado la
manipulación, el engaño y la demagogia, subrayó.”[31]
4.7 El medio ambiente.
Drásticos aumentos en la temperatura y en el nivel de los mares, el
redireccionamiento de los polos, la fragmentación de los ecosistemas, la
escasez de agua y los constantes cambios climáticos con fuertes períodos de
sequías e inundaciones y el deterioro de la capa de ozono entre otros, serán
algunas de las consecuencias que enfrentarán las próximas generaciones si la
humanidad no entra en sintonía con el medio ambiente.
Recientes estudios del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que es posible que la
humanidad haya sobrepasado los niveles sostenibles de explotación de ciertos
recursos, como las emisiones de dióxido de carbono por la acumulación de gases
de efecto invernadero en la atmósfera que provocarán con el paso del tiempo un
calentamiento significativo del planeta.
Se estima que para el 2100 la temperatura aumentará entre 1.5 y 3.5
grados centígrados. El clima se verá igualmente afectado en la frecuencia de
eventos climáticos como las tormentas e inundaciones que generarán un aumento
progresivo del nivel del mar por el deshielo de los glaciales montañosos,
afectando principalmente a las costas de los países en vías de desarrollo y a
las pequeñas islas.
Mientras más rápido combie el clima, mayores serán los riesgos de
deterioro de nuestro medio ambiente. Las zonas climáticas y los ecosistemas y
zonas agrícolas podrían cambiar la dirección de los polos entre 150 y 550
kilómetros para el 2100. Muchos ecosistemas se fragmentarían y las especies
individuales desaparecerían. El cambio climático traerá consigo, además, el
riesgo potencial de enfermedades y problemas de salud y otros impactos
secunadarios como el cambio en sistemas ecológicos y sociales que incluyen,
entre otros, el desplazamiento de la población y la quiebra de la economía.
A su vez, el debilitamiento de la capa de ozono con el consecuente
aumento de la intensidad de la radiación ultravioleta causará significativas
enfermedades en las décadas venidaderas como el cáncer en la piel, las
cataratas y otras enfermedades de la vista y la disminución de la capacidad de las personas para resistir
enfermedades infecciosas.[32]
Las soluciones tecnológicas para estos problemas, no son neutras;
algunas de ellas pueden alterar los estilos de vida de la población: pueden no
ser las más adecuadas por haber sido concebidas para otras realidades; o pueden
afectar el desarrollo económico al comprometer mayores recursos. Por ello, la
selección tecnológica pasa a desempeñar un papel determinante en las políticas
sectoriales. La reducción efectiva de los niveles de contaminación pasa por la
transformación productiva del sector industrial; este deberá modernizarse,
mejorando sus niveles de productividad, elevando el grado de competitividad de
sus productos e invirtiendo en creatividad, inteligencia, ingeniería,
organización, planificación, investigación, desarrollo, ciencia y tecnología,
lo que elevará los precios de los productos terminados y consecuentemente será
un ente inflacionario.
4.8 Las
leyes.
Cómo depende la democracia de la ley y viceversa? El derecho y todo lo
relacionado con él, es decir, instituciones legales, actores, culturas y
normas, tiene una estrecha relación con la democracia y su evolución, o sea, su éxito o su fracaso. Este es el punto de
partida común, aún cuando existan discrepancias en cuanto a la naturaleza de
esa relación. Unos se sitúan en la perspectiva: “El respeto a la ley es uno de
los principios escogidos que hemos llegado a considerar esenciales para la
actuación efectiva y equitativa del gobierno popular. Como buen principio
democrático, obliga tanto a los gobernados como a los gobernanates”[33].
Otros parten de esta otra perspectiva: “En la política democrática, todo el
mundo da por sentado que la ley refleja los valores de las coaliciones
políticas dominantes. En efecto el deseo de controlar la formulación de la ley
y su aplicación informa toda la empresa política”.[34]
Hay tantos vínculos entre la democracia y la ley y abarcan tantas cosas
que es fácil englobar todo lo que tiene relación con la ley en la esfera de la
democracia, y viceversa. Pero hay elementos importantes en la práctica de la
democracia que dependen más de otras cosas que de la mera existencia de la
ley, por ejejmplo, de la capacidad de los
partidos políticos de organizarse de manera efectiva, de hacer amplias llamadas
electorales y gobernar bien. La ley, o
al menos las leyes, también se pueden
emplear para establecer y mantener las prácticas más antidemocráticas. Como
ejemplo, no hay más que recordar las leyes que establecieron y mantuvieron el
racismo y la esclavitud de los negros en los Estados Unidos.
Pero, si bien en el hemisferio contemporáneo no es fácil encontrar
ejemplos, no es muy difícil pensar en regímenes no democráticos o monarquías
hereditarias, quizás allí donde más se exalta el imperio de la ley poniéndolo
incluso a la misma altura de los gobernantes.[35] El
hecho más palpable de ésta percepción, ocurre en aquellos estamentos
congresionales, dotados con la facultad de crear, derogar o modicar las leyes, y hacen ejercicio de sus
funciones para acomodar leyes para beneficio particular y de los estamentos
políticos que representan. En Brasil, después de 1985, bajo un régimen civil,
los dirigentes democráticos decidieron que la Constitución de 1967 (reformada
en 1969) introducida por los militares, debía ser derogada y sustituída por
otra verdaderamente democrática. El resultado fue la Constitución de 1988,
actualmente en vigor. Esta Constitución incorporaba una reacción democrática
contra un posible resurgimiento autoritario en muchos aspectos institucionales,
los más importantes: a) el fortalecimiento del poder legislativo frente al
ejecutivo; b) la adopción de una larga y detallada lista de derechos; c) el
aumento de las garantías constitucionales para la protección judicial de los
derechos fundamentales; y d) un federalismo fiscal caracterizado por una amplia
distribución impuesta por la Constitución, de los ingresos federales a los
gobiernos locales. De aquí se desprende lo importante que es para una
democracia fuerte y sana, poseer una cultura legal que valore el imperio de la
ley y otorgue legitimidad a los tribunales y demás instituciones legales.
La igualdad de condiciones para todos los ciudadanos ante la ley, está
contemplada en las Constituciones; sin embargo hay un gran trecho entre la
literatura y el espíritu. La realidad nos dice que la igualdad ante la ley no
funciona debido a factores de peso que evitan la equitativa aplicación de la
misma. Los principales factores serían: la gran incidencia de los medios de
comunicación de masas, ejerciendo presiones inadecuadas sobre la justicia; la
falta de independencia del poder judicial; y la inoperabilidad de los sistemas.
4.9 La explosión demográfica.
A pesar de que la tasa de fecundidad de las mujeres ha disminuido y el
tamaño de las familias ha decrecido, la explosión demográfica en el mundo sigue
a un ritmo de 80 millones de personas por año.
Esto es debido a que hay más seres humanos en edad reproductiva que
ayudaron a que la población se duplicara de 3 mil millones en 1960 a 6 mil
millones en el 1999. Según las proyecciones de la ONU, para el año 2,050 los
seres humanos llegarán a los 9,800 millones, mientras que para el final del
siglo XXI la cifra rondaría los 10,500 millones de personas.[36]
El gran problema es que el 98 por ciento del crecimiento demográfico se
concentra en los países más pobres o en vías de desarrollo, hecho que
contribuye a la ampliación de las desigualdades sociales. El crecimiento
demográfico también tendrá un fuerte impacto sobre el medio ambiente, ya que la
humanidad sobrepasará los niveles sostenibles de explotación de ciertos
recursos naturales, como el agua y la madera, y provocará una saturación de
contaminantes por el uso de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas).
4.10 Marginalidad.
La marginalidad es uno de los graves
problemas socioeconómicos que viven los pueblos del hemisferio. Una gran
parte de la población latinoamericana (50%)
ocupa actualmente una posición límite en uno o varios sitemas sociales y
por tanto se encuentran excluídos de la participación y de los privilegios que disfrutan los miembros de esos sistemas.
Existen desigualdades de opotunidades y condiciones referentes a la
educación, la salud, justicia y el acceso a bienes, que provocan situaciones de marginalidad social,
cultural y económica.
4.11 La
Convivencia pacífica entre los pueblos. Guerrillas y terrorismo.
Aunque la amenaza de un holocausto nuclear de carácter global se redujo
considerablemente con el fin de la
Guerra Fría, la paz, como lo ha sido históricamente sigue siendo un sueño para
la humanidad.
Después de terminado el conflicto bélico entre Ecuador y Perú, por
problemas de delimitación de sus fronteras, hoy las guerras convencionales
entre Estados son prácticamente inexistentes en nuestro hemisferio, pero los
conflictos internos por causas étnicas, religiosas, económicas o simplemente
políticas vienen en aumento. Y lo grave es que casi siempre hay poderes
(gobiernos o grupos) soportando a uno u
otro bando.
En nuestro hemisferio la única
guerra es en la República de Colombia, que según la Policía Nacional de ese
país, cuesta cada año un promedio de 4,000 vidas. En México y el Perú, también
hay grupos guerrilleros, pero en el
caso peruano se trata de reductos aislados, cada vez menores, mientras que en
México, si bien el gobierno reconoce la existencia de tres grupos insurgentes,
ninguno realiza hoy operaciones militares ofensivas.[37]
Por casi 51 años la guerrilla ha estado presente en la vida colombiana.
Desde el 1949, cuando el partido comunista inició la insurrección guerrillera,
hasta nuestros dias, ese país ha vivido la más intensa e inestable situación
política del hemisferio. Además de grupos guerrilleros que propugnaban por la
solución de las necesidades propias de la población (pobreza, distribución
equitativa de la riqueza, etc,), la misma se recrudeció con la aparición de
nuevos grupos de orientación castrista, maoísta o nacionalista, como el M-19,
que tiene en su haber el asalto al palacio de Justicia (1985), que interrumpió
temporalmente las negociaciones con los grupos guerrilleros. En la actualidad
existen dos grupos guerrilleros y una fuerza de autodefensa (mal llamados
paramilitares) que mantienen en zozobra a esa nación. Las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) y El Ejército de Liberación Nacional (ELN)
(de corte castrista) son los actores guerrilleros, que en componenda con el
narcotráfico, mantienen en vilo la vida pacífica en el país. A éstos se le suman la fuerzas de
autodefensas, que actuando al margen de la ley y las autoridades, se han tomado
la defensa y/o venganza por sus propias manos en contra de los guerrilleros,
acacionando un nuevo frente para las autoridades legales.
En el Perú, aún quedan reductos del grupo guerrillero maoísta Sendero
Luminoso, grupo éste, que según los estudiosos en la materia, ha sido
calificado como el grupo guerrillero más deprabado, sanguinario y arbitrario en
el mundo. Su accionar es muy limitado en la actualidad debido a que sus cuadros
dirigenciales se encuentran encarcelados y otros en la clandestinidad tanto en
el pais como en el extranjero. Aún así, cabría preguntar: Fué derrotada la
guerrilla en Perú? Creemos que no. Si bien es cierto que ha sido minimizada
totalmente, aún persisten cuadros aislados que han hecho presencia terrorista
esporádicamente en los últimos años.
En México, las noticias provenientes de los Estados de Chiapas, Oaxaca
y Guerrero son como termómetro del calentamiento de la situación del país.
Aunque ninguno de éstos focos guerrilleros realizan operaciones militares
ofensivas, es preocupante que en plena transición a la democracia aparezcan
focos rojos de violencia e ilegalidad, pero igual debe inquietar que éste
resurgimiento ocurra en los Estados más pobres y miserables del país donde se
repite, en ciclo ominoso, la misma situación.[38]
Otro gran problema es la proliferación de armas de destrucción masiva
(nucleares, químicas y biológicas) cuyos métodos de fabricación ya no son un
secreto esclusivo de los cinco grandes (EE.UU., Francia, Reino Unido, China y
Rusia).
Asimismo, el terrorismo es otro ente disociador, que ataca
principalmente a los EE.UU. y a latinoamérica en los países donde existen focos
guerrilleros, especialmente en Colombia.
Los ministros de Estado y los Jefes de Delegación de los Estados
miembros de la OEA, reunidos en Lima, Perú, en ocasion de la Conferencia
Especializada Interamericana sobre Terrorismo, con la firme voluntad de cumplir
los objetivos generales expuestos en la Declaración de Lima para prevenir,
combatir y eliminar el terrorismo, acordaron el Plan de Acción Sobre
Cooperación Hemisférica Para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo,
que establece, entre otros, los siguientes acuerdos:
a- Procurarán, cuando aún no
lo hayan hecho, tipificar en sus legislaciones internas los actos terroristas
como delitos comunes graves.
b- Promoverán la pronta
suscripción, ratificación y/o adhesión de los convenios internacionales
relacionados con el terrorismo, de acuerdo con sus respectivas legislaciones
internas.
c- Como expresión de su
firme voluntad política de utilizar todos los medios legales para prevenir,
combatir y eliminar el terrorismo, promoverán el fiel y oportuno cumplimiento de los tratados de
extradición aplicables o, de ser procedente, cuando existan suficientes bases
legales para procesar a los presuntos responsables de actos terroristas de
conformidad con sus legislaciones internas, los someterán a sus autoridades
competentes para su procesamiento.
d- Adoptarán, de acuerdo con
sus legislaciones internas, las medidas necesarias para negar concesiones a los
terroristas que tomen rehenes y para asegurar que sean puestos a disposición de
la justicia.
Asimismo, las medidas contra el terrorismo deben incluir acciones eficaces
para impedir la corriente de fondos de que dependen las organizaciones
terroristas para la obtención y el mantenimiento de armas, equipo y otros
materiales y para sufragar el costo de entrenamiento, viajes, documentación
falsa, reclutamiento, salarios, comunicaciones y/o cualquier otra actividad que
tenga por finalidad financiar actos con fines terroristas. Una parte importante
de las necesidades financieras de las organizaciones terroristas se satisfacen
con el producto de actividades delictivas comunes y con los pedidos de
contribuciones aparentemente para fines caritativos, humanitarios, y
filantrópicos, algunas de las cuales se desvían para financiar operaciones
terroristas.[39]
Se puede apreciar que en general este fenómeno perdió sustento ideológico y hoy
más bien tiene una necesidad económica de subsistencia, al margen de la ley; se
ha unido y servido del narcotráfico,
gurpos indígenas, etc.
4.12 Democracia y las organizaciones indígenas.
Ignorados durante siglos, los pueblos indígenas latinoamericanos
emergen hoy como nuevos actores políticos y sociales en el continente, en un
desafío que está haciendo cambiar la menera de hacer política en torno a esta
problemática en la región.[40] En
los últimos años los indígenas latinoamericanos dejaron de ser objetos pasivos
del cambio histórico, para convertirse en sujetos activos del proceso de
transformación que tiene lugar en nuestras sociedades.
Según Rodolfo Stavenhagen[41],
algo ha cambiado en las circunstancias de existencia de las poblaciones
indígenas; antiguos reclamos y nuevas demandas se han conjugado para forjar
nuevas identidades, nuevas ideologías
están compitiendo con paradigmas viejos y establecidos, al referirse a la
situación actual de más de 400 grupos indígenas latinoamericanos que, en su conjunto,
constituyen una población de alrededor de 40 millones de habitantes. En la
actualidad, las demandas indígenas trascienden sus intereses para entrelazarse
con los reclamos de otros sectores mayoritarios de las sociedades
latinoamericanas. Si bien durante décadas los movimientos indígenas recordaban
al público la subordinación histórica de sus pueblos y su pobreza secular, y
reclamaban a los gobiernos cierta retribución y justicia, las cosas han ido
cambiando en los últimos años, convirtiendo a estos sectores en actores
decisivos de su propia transformación.
En efecto, temas como su status legal, su organización social y
jurídica, la participación política de sus organizaciones, el derecho a la
tierra y su identidad cultural siguen siendo hilos conductores de viejas
reinvidicaciones que, sin embargo, se perfilan ahora hacia problemas más
específicos, como el acceso al crédito agrícola, a la educación, la salud y la
cooperación técnica, de cuya solución se hace responsables a los gobiernos de
la región. También hoy los pueblos indígenas latinoamericanos reclaman el
respeto a sus derechos humanos, democracia, desarrollo
y protección del medio ambiente; demandas
éstas que entrelazan sus necesidades con las de grupos mayoritarios en las
sociedades latinoamericanas.
En la Declaración de Principios de la Cumbre de las Américas, 1994, los
Jefes de Estado y de Gobierno declararon que en consideración a la Década
Mundial del Pueblo Indígena, enfocarán sus energías a mejorar el ejercicio de
los derechos democráticos y el acceso a servicios sociales para los pueblos
indígenas y sus comunidades. Es así como, en el 1997, fue aprobado el Proyecto
de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde se
declaran, entre otros, los siguientes
artículos:
a) Pueblos
indígenas. Esta declaración se aplica a los pueblos indígenas, así como a los
pueblos cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los distinguen de
otras secciones de la comunidad nacional, y cuyo estatus jurídico es regulado
en todo o en parte por sus propias costumbres o tradiciones o por regulaciones
especiales.
b) Plena vigencia de los derechos humanos. Los pueblos indígenas tienen derecho al goce
pleno y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas
en la Carta, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos
internacionales de derechos humanos y nada en ésta Declaración puede ser
interpretado en el sentido de limitar, restringir o negar en manera alguna esos
derechos, o en sentido de autorizar acción alguna que no esté de acuerdo con
los principios del derecho internacional, incluyendo el de los derechos
humanos.
c) Derecho a
pertenecer a los pueblos indígenas. Los individuos y comunidades indígenas
tienen derecho a pertenecer a los pueblos indígenas, de acuerdo con las
tradiciones y costumbres de los pueblos respectivos.
d) Personalidad
jurídica. Los pueblos indígenas tienen derecho a que los Estados dentro de sus
sistemas legales, les reconozcan plena presonalidad jurídica.
e) Rechazo a la
asimilación. Los pueblos indígenas tendrán derecho a preservar, expresar y
desarrollar libremente su identidad cultural en todos sus aspectos, libre de
todo intento de asimilación.
f) Garantías
especiales contra la discriminación. Los pueblos indígenas tienen derecho a
garantías especiales contra la discriminación que puedan ser requeridas para el
pleno goce de los derechos humanos reconocidos internacional y nacionalmente.
g) Derechos a
la integridad cultural. Los pueblos indígenas tienen derecho a su integridad
cultural, y a su patrimonio histórico y arqueológico, que son importantes tanto
para su supervivencia como para la identidad de sus miembros.
h) Concepciones
lógicas y lenguaje. Los pueblos indígenas tienen el derecho a sus lenguas,
filosofías y concepciones lógicas como componente de la cultura nacional y
universal, y como tales los Estados deberán reconocerlos, respetarlos y
promoverlos, en consulta con los pueblos interesados.
i) Otros
artículos se relacionan al derecho a la educación, a la libertad espiritual y
religiosa, el derecho a la salud y el bienestar, el derecho a tener un medio ambiente seguro y sano, y el derecho
a la asociación, reunión, libertad de expresión y del pensamiento.[42]
No obstante los acuerdos establecidos y la intención internacional por
el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, la realidad hemisférica en
este caso, nos muestra una situación tradicional de descriminación y
separación. Como muestra, vemos el caso de los indígenas de Chiapas, en México,
de alguna manera representados por el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional. En las negociaciones de paz, una de las propuestas que se había
logrado acordar con el gobierno mexicano era precisamente la posiblidad de la
autodeterminación política y la autonomía. Fue el único acuerdo que se alcanzó
en una de las tantas mesas de negociación, y recientemente el presidente
mexicano lo negó diciendo que esa autodeterminación y autonomía no era posible
porque atentaría contra la soberanía, pués era ilógico pensar en un Estado
dentro de otro Estado. Hubo un acuerdo firmado y luego una negación expresa del
presidente mexicano.
En el resto de latinoamérica existen conflictos latentes con los
pueblos indígenas; desde Canadá, con sus problemas en las Cuatro Naciones de
Hobbena, Estados Unidos, México, Centro América y Sur América, donde
recientemente en el Ecuador, los indios indígenas de una forma u otra
incidieron en la destitución del Presidente Mahuad.
CAPITULO V
LA SOCIEDAD CIVIL. DESARROLLO.
Las sociedades civiles surgen ante la necesidad de fortalecer las
instituciones del sector público a
efectos de que cumplan con sus
deberes establecidos en la Cosntitución
y las Leyes, y estimular una mayor participación de la sociedad civil en el
sector público. La diversidad de instituciones de este tipo, en la actualidad
constituyen un freno para la violencia y el desorden de demandas, ya que se
convierten en espacios políticos para el ejercicio del reclamo justo y la
obtención equitativa de soluciones de consenso.
La vigencia y arraigo de éstas instituciones provienen del descalabro e
incredulidad de los partidos políticos y de los que viven de la política. La situación de los países de latinoamérica, desde la perspectiva de
las reformas necesarias en su nivel político institucional, deja mucho que
desear en los campos de liderazgo
político, corrupción, calidad de la justicia, calidad de la burocracia, etc.
Asimismo, pese a los significativos logros de la democracia en el hemisferio,
un gran porcentaje no está satisfecho con su desempeño y muestran desconfianza
en el modelo económico que cada vez más los hunde en la pobreza. Como
señaláramos anteriormente, la escasez de partidos políticos sólidos y políticos
que después de conseguir el poder le dan una interpretación muy particular a
las normativas democráticas, restan mucho a la consolidación y fortalecimiento
de la democracia.
La “sociedad civil” está asociada a organizaciones no estatales, no
gubernamentales y apolíticas, aunque en su esencia tenga que ver con lo
político. Comprende todo un engranaje de instituciones, que si bien tienen un
componente llamado “Sociedad Civil”, en sentido limitado, como sistema supone
el ordenamiento organizativo (institucional en el sentido operativo) de una
nación, como un todo. Bajo este esquema, se destacan dos áreas: el Estado y la
Sociedad Civil. De ésta división se desprende que Sociedad Civil es todo
aquello que no es Estado y viceversa. El dualismo supone separar lo público y
lo privado, con énfasis en la capacidad de la sociedad para gobernarse a sí
misma, mediante ideas, instituciones y organizaciones propias. En esa
concepción está la esencia de la Sociedad Civil: asociaciones intermedias
existentes entre el individuo y el Estado, que expresan la heterogeneidad y el
pluralismo de una nación y que son necesarias aún para el funcionamiento y
perfeccionamiento del Estado.[43] Este armazón social contiene los elementos y
vínculos organizativos propios del consenso, diferencia, voto dividido,
tolerancia (inter o intrapartidista), apoliticismo, crítica y consejo que
necesita una sociedad para vivir en democracia, sin violencia, sin
autoritarismo o totalitarismo.
Las sociedades civiles, como categoría de análisis se ha ido
diferenciando, siendo hoy desglosada en varias partes, a fin de poder destacar
los distintos componentes especializados que están presentes en las actividades
de una nación. Es así como vemos al analizar una nación desde un marco referencial
y operativo, que a la sociedad civil le
interesan cuatro áreas de acción social posibles, con categorias
interrelacionadas como las siguientes: Estado Democrático, Economía, Sociedad
Civil y Sociedad Política.
5.1 Estado democrático.
El Estado democrático incluye todo lo que funciona –como gobierno- por
el presupuesto nacional. Presupuesto de base cero, sin déficit y preferiblemente con saldo positivo. Tiene el
poder normador u ordenador sobre las otras áreas y como agente de dominación y
de negociación con la sociedad, monopolizando los instrumentos de violencia,
orden y seguridad.
Se debe propugnar el estado de derecho, haciendo que todos los
ciudadanos sean iguales ante la ley, no sospechando de lo que no controla y
mantener los tres poderes del Estado independientes y limitados.
Promover políticas de desarrollo para crear riquezas y bienestar en los ciudadanos. Asimismo ser el
fomentador de empleos y de mejoras en el ingreso y en los servicios públicos.
En el campo de la inversión y gasto público debe buscar impactos más
equitativos (igualdad de oportunidades) aminorando desigualdades y protegiendo
a los grupos vulnerables: infantes, madres, solteras, ancianos, discapacitados,
damnificados, etc.
El Estado debe promover políticas sociales que fomenten la sociedad
comunitaria y liberal, oponiéndose al colectivismo, muy por el contrario,
respetar la propiedad privada, individual, social o comunitaria. Combatir el
monopolio, contrario a cualquier monopolio sea privado o público, fomentando la
competencia para satisfacer la demanda.
Portador de un proyecto moral y valórico, donde la ciudadanía pueda
auditar a la gerencia pública.
Con libertades de expresión y organización política, con espacio
público para el debate ciudadano, sin
represalias de ingreso, empleo, oportunidades educativas y culturales contra
disidentes y opositores.
5.2 Economía.
Se propugna por una economía de mercado, competitiva, donde los vicios del mercado sean
controlados por cambios en el mercado, y no mediante regulaciones estatales.
Una economía formal, con crecimiento sostenido y autosuficiencia alimentaria,
donde la inversión pública debe ser ejecutada con firmas de contratistas.
Apoyo a las empresas privadas
para que sean rentables como instituciones básicas, reconociendo las distintas
modalidades de empresas: individual, familiar, cooperativa, anónima,
corporativa, nacional, multinacional, etc., y que estén sujetas a balance
social: efecto en el medio ambiente, género, grupos de edades, grupos sociales,
regiones, municipios, etc.
5.3 Sociedad Civil.
La sociedad civil en conjunto, debe estar caracterizada por su
diversidad y pluralismo, con
organizaciones y asociaciones sin fines de lucro, autónomas y dinámicas,
inspiradas en diferentes concepciones, con múltiples proyecciones y
actividades.
Evidencian una misión y visión propias, reconociendo lo que les
interesa del entorno que le rodea, autodefiniendo sus respectivos horizontes.
Operativamente responden a un eje ordenador interno, que decide políticas, recursos,
proyecciones y vínculos externos. Internamente, su dinámica produce acuerdos
voluntarios propios de agentes libres y autónomos.
Las asociaciones reflejan la diferenciación y heterogeneidad de la
población, reconociendo la autonomía de
los sujetos sociales: 1ro. particulares de sus miembros en razón de clase,
profesión, religión, cultura,
territorio, etc, ; 2do. Sociales, comunitarios, municipales, regionales,
culturales, ambientales de género; y 3ro. de bien común, de derechos humanos,
nacionales, internacionales, etc.
Las instituciones básicas de la sociedad civil son la asociaciones de
profesionales, sindicatos, patronatos, culturales, religiosas, deportivas,
ambientales, ONGs, fundaciones, etc.
5.4 Sociedad Política.
La sociedad política debe ser pluripartidista, con dos o más partidos
que compitan por llegar al poder en
elecciones libres. Existencia de partidos mayoritarios y minoritarios; partidos
de gobierno y partidos de oposición, todos participando en el debate público.
Estos deben propiciar y establecer elecciones primarias abiertas a candidatos
de dentro y fuera de la maquinaria del partido.
Debe mitigar o si es posible hacer desaparecer las seis tendencias
viciosas partidistas:
a- Oligárquico
(decisiones controladas por la maquinaria).
b- Esquizofrenia
política (discurso político ajeno a la conducta real).
c- Plutocracia
(grupos económicos dominan plan de gobierno).
d- Clientelismo
(sin censuras en pago al activismo político evidenciado durante la campaña).
e- Gasto e
inversión pública confabulados (coalición entre actores estratégicamente
situados a los sectores privado y público).
f- Continuismo
(partido dirigido por la maquinaria de acceso y conservación del poder).
Cada partido político debe tener su proyecto de gobierno, que
signifique una opción alterna y competitiva.
CAPITULO VI
MECANISMOS DE FORTALECIMIENTO DE LA
DEMOCRACIA Y LA CARTA DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS (OEA).
La tercer ola democrática, que se ha implementado y fortalecido en casi
todos los países de América Latina[44], ha
producido un consenso histórico y un compromiso interamericano para la defensa
y promoción colectiva de éste sistema. Después del fracaso, colapso y la desilución con la alternativa
socialista o comunista, la democracia se ha convertido en un sistema cuya
legitimidad no tiene cuestionamiento. Es por esto que existe la convicción
generalizada entre los pueblos y gobernantes de que la democracia es el
sistema de gobierno más apropiado para
la región, lo que se ha convertido en un mandato expreso de los Estados
Miembros de la OEA para que ésta incorpore entre sus principales objetivos y
funciones la promoción y defensa de la democracia representativa.
“La democracia representativa es condición indispensable para la
estabilidad, la paz y el desarrollo de la región” está establecido en
la carta constitutiva de la OEA. Esta preferencia se expresa en una serie de
instrumentos jurídico-políticos vinculantes que se inician con las reformas a
la Carta de la OEA de 1985, donde los Estados miembros disponen que uno de los
propósitos esenciales de la Organización, es promover y consolidar la
democracia representativa dentro del respeto al principio de la no
intervención.
Lo propio sucedió en Santiago de Chile, 1991, con el diseño de la Resolución
AG/RES 1080, “Democracia Representativa”. En ella los Estados
Miembros otorgan a la OEA el mandato para actuar en forma inmediata y colectiva
cuando se produzca en un Estado miembro una interrupción abrupta o irregular
del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del
poder por un gobierno democráticamente electo.
Otro instrumento, que ya ha sido ratificado por la mayoría de los
países miembros, es el Protocolo de Washington, en diciembre del 1992,
que enmienda la Carta de la OEA, pretendiendo prevenir o disuadir a aquellos
que tengan la intención de interrumpir el proceso democrático de un Estado
miembro. Estipula la posible suspensión de las actividades de la Organización
de un Estado miembro cuyo gobierno democráticamente constituído sea derrocado
por la fuerza.
Los Estados miembros de la OEA, con éstas medidas, dan respuesta clara
y precisa de su intención de que la democracia no perezca, especialmente en
situaciones de crisis que amenacen interrumpir el proceso democrático de un
Estado miembro.
6.1 La Unidad para la Promoción de la
Democracia (UPD).
Como una manera también de prevenir posibles rupturas o interrupciones
del orden democrático en los países de la región, independientemente de las
medidas señaladas anteriormente, los Estados miembros decidieron crear un
instrumento ejecutivo, de menor dramatismo y visibilidad, que le permita a la
OEA promover el fortalecimiento y la consolidación de las instituciones y
procesos democráticos. Es así como, en la Asamblea General celebrada en Asunción,
Paraguay, 1990, los Estados miembros crearon la Unidad para la Promoción de
la Democracia (UPD) y le asignaron el objetivo de responder con prontitud y
eficiencia a los Estados miembros que, en el pleno ejercicio de su soberanía,
soliciten asesoramiento o asistencia para preservar o fortalecer sus
instituciones políticas y procedimientos democráticos.
Desde estonces, la Unidad para la Promoción de la Democracia, ha venido
dando asistencia y colaboración a los Estados miembros en sus esfuerzos de
fortalecimiento y consolidación de las instituciones y procesos democráticos,
principalmente en las siguientes áreas y temas:
a) el poder
legislativo,
b) el proceso de
descentralización y participación ciudadana a nivel local,
c) la promoción de
valores y prácticas democráticas, y
d) la
organización, administración y la observación electoral.
Además, se han apoyado procesos de reinserción y reconciliación
nacional, fortalecimiento institucional y consolidación democrática en
situaciones de pos-conflicto con programas multidimensionales e integrales como
en Guatemala, Haití, Nicaragua, Suriname; o con un programa de asistencia para
la remoción de minas antipersonal en Centro América.[45]
La tarea de la UPD de promover la democracia es de mediano y largo
plazo, porque de lo que se trata, esencialmente, es cooperar con los Estados
miembros en sus esfuerzos para desarrollar una cultura política democrática. En ese sentido, el apoyo de la UPD, se
efectúa a través de varios mecanismos de cooperación o de prestación de
servicios como seminarios, talleres, o cursos de capacitación, especialización,
o actualización; proyectos de investigación comparada y publicación; misiones
de asesoramiento técnico; misiones de observación electoral y; foros de
análisis, diálogo e intercambio al más alto nivel técnico y político. En los
procesos que contribuye son:
a) La generación y
difusión de nuevos conocimientos e información sobre el funcionamiento de
instituciones democráticas en la región, así como sobre valores y prácticas
democráticas,
b) La formación de
expertos y la capacitación y actualización de funcionarios, asesores y
practicantes de la política democrática para que la perfeccionen y la protejan
debidamente,
c) El acercamiento
y la interacción entre la academia y el mundo de la práctica política para
cruzamiento de conocimientos y experiencias,
d) La
modernización organizacional de las instituciones (administración, gestión,
informática, etc.),
e) La vinculación
y cooperación entre representantes de instituciones políticas de los Estados miembros para intercambiar conocimientos
y experiencias nacionales sobre el fortalecimiento de las mismas,
f)
El diálogo político al más alto nivel para la búsqueda de políticas
públicas comunes y solidarias para facilitar el menejo de problemas y desafíos
compartidos impuestos por la globalización y la interdependiencia.
El programa de Apoyo a Instituciones y Procesos Legislativos de la
Unidad para la Promoción de la Democracia, es consecuente con el Plan de Acción
emanado de las Cumbres de las Américas, que instaron a la OEA a fin de que, a
través de la UPD, apoye los esfuerzos encaminados a fortalecer las
instituciones democráticas. Es así como por mediación de éste programa se
colabora con las legislaturas nacionales, los parlamentos regionales e
instituciones académicas en la promoción del diálogo y la cooperación
inter-parlamentaria, el fortalecimiento y la modernización institucional, la
conformación de redes y foros regionales, la formación de expertos en la
materia, la actualización de legisladores y asesores y la generación de nuevos
conocimientos en el campo legislativo. Esto se trata de conseguir a través de
la realización de actividades como seminarios de intercambio y actualización,
asesorías, cursos de formación y difusión, investigaciones comparativas,
publicaciones, etc.[46]
Las principales diligencias de éste programa hasta el año 1999,
estuvieron dirigidas en actividades bilaterales y regionales. En Argentina,
con la realización del seminario/taller sobre “La informática en el Poder
Legislativo” se concluyó con el proyecto “Perfeccionamiento Legislativo”. La UPD celebró en Bolivia el
Seminario/Taller sobre Informática, Archivo y Redacción Legislativas, con el
objetivo de contribuir a la actualización de legisladores y funcionarios del
Congreso Nacional a nivel auxiliar. Esto contó con el apoyo del Centro de
Investigación del Congreso Nacional de Bolivia. En Guatemala, mediante
el Programa OEA-BID de Apoyo Jurídico,
se apoya la labor que realiza el Organo Legislativo para dar cumplimiento a los
acuerdos de paz.
Regionalmente, la UPD ha dado respuesta a necesidades de bloques de
países del hemisferio. En el Caribe, a solicitud del gobierno de Trinidad y
Tobago, y en consulta con otros Estados miembros del Caribe, se ha venido
colaborando con la Facultad de Leyes de la Universidad de las Indias
Occidentales (UWI), en la celebración de un taller corto anual sobre Técnicas
de Redacción Legislativa, como respuesta a las preocupaciones manifestadas por
los Estados miembros sobre la falta de nacionales capacitados en esa materia.
En Centroamérica, se realizó el Primer Seminario sobre los Procesos de
Modernización Legislativa en América Central y República Dominicana, celebrado
en San José, Costa Rica, donde se conocieron los avances relacionados al
fortalecimiento institucional de las legislaturas de la región, afianzando al
mismo tiempo el compromiso político para facilitar la cooperación y el
intercambio de experiencias. De aquí surgió la necesidad de contar con
instrumentos como una Red de Información Legislativa de Centro América y
República Dominicana, para facilitar el intercambio de información de calidad
sobre los planes de la modernización legislativa y el análisis comparado de
leyes y procedimientos.
En Colombia, emanó el libro Congresos y Democracia en los Países de
la Región Andina, Deficiencias y Estrategias, luego de la
realización de un estudio comparativo sobre funcionamiento de los Congresos de
la región andina, apoyando al Centro de Estudios Internacionales de la Universidad
de los Andes, Colombia.
Otras actividades regionales son: la realizada en la República
Dominicana, 1998, entre el Diálogo Interamericano y la Secretaría General,
para la organización de una reunión de Líderes Legislativos de las Américas; el
acuerdo de cooperación entre el Parlamento Andino y la OEA (1996), se
desarrolla el programa de apoyo al Fortalecimiento del Poder Legislativo en la
Región Andina; en colaboración con el Programa de Asesoría Legislativa de la
Corporación 2000, de Chile, se concluyeron en 1997 una serie de
investigaciones sobre Asesoría Técnica Parlamentaria en América Latina.
6.1.1 La Acción Integral Contra las Minas
Antipersonales (AICMA).
La Organización de los Estados Americanos, a través de su Unidad para
la Promoción de la Democracia, es la entidad encargada de proveer la
coordinación política y diplomática general del programa, recaudación de fondos
en la comunidad internacional y la transparente administración y contabilidad
de los fondos internacionales. Asimismo la UPD es también la entidad encargada
de las campañas de educación preventiva para la población civil.
El problema de las minas personales en Centro y Sur América es una de
las principales preocupaciones del hemisferio, debido a los efectos directos e
indirectos que provocan. Aparte de la muerte que podrían ocacionar, existen efectos limitantes tales como: las
tierras que se encuentran contaminadas hacen que se reduzca la actividad
agrícola. Las minas terrestres antipersonal han hecho que comunidades enteras hayan
quedado aisladas y deprimidas económicamente, obstruyendo caminos que
anteriormente eran transitados y que ahora, han quedado inutilizados por el
peligro; los caminos y puentes que se encuentran minados interrumpen
actividades de salud pública y preventiva en la comunidad y repercuten en un
mayor número de muertes, sobre todo entre los niños; y las heridas y
amputaciones producidas por un MAP requieren de un mayor número de demanda de
sangre de emergencia y esto puede producir el riesgo latente de realizar
transfusiones con sangre contaminadas por HIV y malaria, entre otras
enfermedades.
Los países beneficiados del
programa de desminado de la OEA son, en centroamérica, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y Guatemala, y en suramérica se han iniciado actividades encaminadas
a apoyar el desminado en Perú y Ecuador. Aunque en centroamérica las minas se
colocaron sin contar con planos previos y la fuerza de la naturaleza las ha
desubicado o dispersado, haciendo imprecisa su ubicación geográfica, se ha hecho un estimado general de 98,000
minas.
El costo de las minas antipersonales es sumamente barata. Producirla
cuesta aproximadamente un dólar, por ésto, para algunos, el usar este tipo de
artefactos explosivos es todavía rentable como arma de guerra. Sin embargo, el
costo de removerlas y hacerlas explotar oscila entre los 1,000 y 3,000 dólares
por mina, sin contar el inmenso costo humano, social y ecológico que una mina
produce.
El Tratado de Ottawa, el cual se puso en vigor en marzo de 1998, es el
mecanismo de control contra el uso, producción y distribución de las minas
antipersonales. Su propósito principal es la eliminación de este tipo de arma
de guerra. Sin embargo existen resistencias de muchos países por ratificar éste
tratado. De un total de 190 países, lo han ratificado 84 y de los 35 Estados
miembros de la OEA lo han ratificado 24.
El concepto dado a “mina antipersonal” en el Tratado de Ottawa
es digno de enunciarse: “una mina antipersonal es la mina concebida para que
explote por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona y que
incapacite, hiera o mate a una o más personas”. Y “la mina está diseñada para ser colocada debajo, sobre o cerca de la
superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebida para explotar
por la presencia, proximidad o el contacto de una persona o un vehículo”.
Actualmente, la Organización de Estados Americanos (OEA), además de las
actividades de remoción de artefactos explosivos, también está operando en
actividades de educación preventiva, alertando a la población sobre el peligro
potencial que representan las minas antipersonales; en Nicaragua se cuenta con un proyecto piloto de
rehabilitación para víctimas que han sido afectadas por este tipo de artefactos
explosivos; además, la extensión del programa de rehabilitación física,
psicológica y laboral para víctimas de minas a un nivel de carácter regional,
así como la elaboración de un programa de recuparación de tierras para su uso
productivo.[47]
CAPITULO VII
LAS FUERZAS ARMADAS Y SU ROL EN LA DEMOCRACIA
Para poder comprender el actual rol de las Fuerzas Armadas del
Continente Americano, debemos remontarnos necesariamente a los inicios de la
llamada Guerra Fría, fenómeno que de una forma u otra incidió en la orientación
de las ideas fundamentales de las fuerzas.
Viéndolo desde un punto de vista conceptual, podemos decir, que el
fenómeno de la Guerra Fría incidió en las FF.AA. de los paises americanos, ocasionando la relegación a
planos más bajos los conceptos tradicionales de soberanía nacional, integridad
territorial, la independencia y el mantenimiento del orden interno, dando
preferencia a la Seguridad Nacional por encima de la percepción de seguridad y
defensa.
La doctrina de Seguridad Nacional generó todo el organigrama de la
misión antisubversiva, pero que por otro lado, la lucha declarada contra el comunismo
dió motivo a que se fomentaran los golpes militares, las dictaduras
castrenses y la intervención de los militares en el quiebre del orden
constitucional y los derrocamientos sucesivos de los gobiernos democráticos de
corte liberal o tímidos para enfrentar la lucha contra el enemigo comunista, en
la dimensión e intensidad que reclamaba la gran lucha estratégica.[48]
Las fuerzas militares adoptaron roles
policiales, se militarizaron los cuerpos policiales y la inteligencia militar
fue politizada, ocacionando la constante violación de la institucionalidad.
Otro aspecto perjudicial de la Guerra Fría en los ejércitos, fue la
actitud invasora de las Fuerzas Armadas en las demás estructuras del Estado,
explicándose este fenómeno en la medida
que se entiende el hecho de que durante este período para la doctrina de
Seguridad Nacional y su derivado, la guerra antisubversiva, el Estado tenía la doble condición de objetivo militar y campo
de batalla. Para los subversivos, la meta estratégica, en una actitud ofensiva,
era la toma del poder por la vía de las
armas, y para los ejércitos la defensa del Estado era una actitud
legítima y claramente definida. Esta incursión en las demás estructuras del Estado
se produjeron a través de dos modalidades: tomando el poder totalmente,
convirtiéndose en gobiernos militares, y la otra modalidad era ocupando
parcialmente el poder con el consentimiento de los gobiernos, mediante el
nombramiento de altos mandos militares
en posiciones claves del Estado. Al derrumbarse el bloque socialista y
producirse la caída del Muro de Berlín, se detuvo la invasión de los ejércitos
en otros estamentos del Estado y se inició un repliegue hacia sus ocupaciones y
misiones originales en los cuarteles, aunque con ciertas condiciones que fueron
la clave en la negociación con la civilidad en la mayoría de los llamados
procesos de paz o durante los procesos de transición.[49]
7.1 Reconversión de los militares pos Guerra
Fría.
Uno de los puntos indispensables en la transición y el fortalecimiento de la democracia en el
hemisferio, ha sido la modificación de las relaciones civiles-militares después
de la Guerra Fría, porque las Fuerzas Armadas en nuestros países jugaron un
papel muy importante, casi como centro del poder político. En latinoamérica, en
la generalidad de los casos, durante la Guerra Fría, los protagonistas de los
procesos políticos fueron los militares. Es por esto, que hablar de
construcción de una etapa democrática en latinoamérica sin mencionar la
modificación substancial de las relaciones civiles-militares, resultaría
utópico.[50]
Como en otras partes del mundo, los militares latinoamericanos
atraviesan una etapa de redefinición de sus funciones y reconversión de sus
instituciones en relación al escenario de finales de siglo. Con más intensidad
que en otros continentes, experimentan la merma de la primera justificación de
su existencia, la defensa del territorio y la soberanía ante ataques armados
extranjeros, así como la tendencia de la conclusión de los conflictos armados
internos, otro justificativo del tiempo de la Guerra Fría.
El heterogéneo grupo de nuevas funciones que las Fuerzas Armadas buscan
atribuirse, hace referencia a la búsqueda de conservación institucional y de
espacios de poder. Todo ello ocurre en un escenario en que como hemos señalado,
la democracia política no logra expandirse hacia lo económico-social, generando
problemas de gobernabilidad de cuya resolución depende la consolidación de la
democracia.
De aquí se desprende la necesidad de modificar el esquema de las
relaciones cívico-militares en función del desarrollo democrático; pero ya no
bajo los parámetros del pasado, en que la cuestión era cómo someter el poder
militar al control civil, ya que la tendencia es que los uniformados no
cuestionen la legitimidad del poder civil. Esta vez la decisión se refiere a
qué rol debe asignar la sociedad a las Fuerzas Armadas en cuanto a la búsqueda
de gobernabilidad, que esten acorde con las funciones fundamentales señaladas
en las respectivas Constituciones. Una decisión así debe emanar del consenso
entre la sociedad civil y la política, con participación de los uniformados,
pero no dejando a éstos la capacidad de autodecisión sobre sus nuevas
funciones.
Durante los últimos años de la década pasada y aún en éstos días, se
mantiene el cuestionamiento de si el nuevo escenario de seguridad
latinoamericana y sus necesidades de desarrolo hacen necesario el mantenimiento
de fuerzas militares y la respectiva asignación de parte de los escasos
recursos de la nación, o podría pensarse en un paulatino fortalecimiento de las
fuerzas de seguridad y reducción de los Ejércitos, en un proceso similar al de
Costa Rica, país que llegó a la abolición total del Ejército. Esta suposición
de desmilitarización total existe por consiguiente a nivel teórico y
eventualmente se puede recoger en la proyección de largo plazo, aunque
ciertamente no tiene mayor viabilidad como una propuesta de política inmediata
ni futurista, debido al peso de la tradición histórico-cultural sobre la
participación de las Fuerzas Armadas como definitorias de la nacionalidad,
especialmente en el Cono Sur, y el peso real que las instituciones (FF.AA.)
tienen en la sociedad política latinoamericana, representando hoy día las reservas morales por excelencia.
Sin embargo, sí es posible impulsar la reconversión militar para hacer
a la institución coherente con la nueva realidad. Primero, la definición de la
agenda militar no debe plantearse como una búsqueda de nuevas funciones que
justifiquen un rol, sino como el aprovechamiento racional de los recursos
humanos y materiales que se asignan a las Fuerzas Armadas, vistas las
necesidades del país. Sin embargo, ello no conduce a aceptar la transferencia
automática a los Ejércitos de tareas que, finalmente, ya tienen muy poca o
ninguna relación con las finalidades originales de una institución militar; por
el contrario, el procedimiento puede ser determinar qué parte de la nueva
agenda corresponde aún al ámbito militar, y de allí concluir en qué tipo de
Fuerzas Armadas necesitan los países.
7.2 Las Fuerzas Armadas en la sociedad
democrática.
La actuación de cualquier país en su dimensión internacional está
estrechamente ligada a la dimensión nacional. Es por ello que no se puede
hablar de lo externo sin antes referirnos a lo interno. Es así que podemos
decir que la función del Ejército en una sociedad democrática se relaciona de
manera intrínsica con la célebre tesis weberiana sobre el Estado como la
entidad que posee el monopolio de la violencia legítima. Obviamente esto
implica que no puede haber más que una Fuerza Armada al servicio del Estado,
pero también que el imperium, la facultad de imponer sanciones y de hacer
ejecutar coactivamente, si es necesario y conforme a derecho, sus decisiones,
es justamente la esencia de la soberanía y del propio Estado.
Hay que estar conscientes de que el monopolio que ejercen las Fuerzas
Armadas sobre la violencia requiere de la legitimidad de su ejercicio. La
legitimidad como todos sabemos, va más allá de la legalidad. Actuar conforme a
la ley es muy importante, es fundamental en todo Estado de Derecho. Nadie es
superior a la ley y tanto los funcionarios civiles como los oficiales deben
sujetar su comportamiento, escrupulosamente, el mandato legal.
La esencia del rule of law es justamente esa: no hay poder arbitrario,
todo el poder se ejerce en nombre y por mandato de la ley. Esto implica que
cualquier violación del orden legal (que cuando es cometida por agentes del
Estado asume con frecuencia el carácter de violación de los derechos humanos)
debe ser sancionada por la ley. Si esto no ocurriese así, caeríamos en el
problema de la impunidad que, ni más ni menos, significa que en un país puede
haber cierta categoría de personas por
encima de la ley gracias a la protección, tolerancia, complicidad y/o
impotencia del gobierno. El problema de la legitimidad es distinto al problema
de la legalidad. [51]La
legitimidad alude al contenido de la conducta, así como a los resultados que
produce el comportamiento humano, si los resultados se adecuan a las
necesidades del ser humano son legítimos. De lo contrario no.
En el caso de las Fuerzas Armadas, los resultados de sus acciones deben
juzgarse de acuerdo con la necesidad humana que deben satisfacer y que
justifica su existencia. Esta es, obviamente, la necesidad de seguridad, la
cual abarca a nivel macro la dimensión territorial del Estado y el ejercicio de
su soberanía (seguridad externa, defensa), pero a nivel micro supone que las
Fuerzas Armadas deben ser también una garantía de seguridad de los habitantes
del territorio. Ir en contra de la ley (al violar los derechos humanos) coloca
a las Fuerzas Armadas en una situación de tal naturaleza que, en lugar de ser
fuente de seguridad, se convierten en fuente de inseguridad. Esto implica la
deslegitimización del ejercicio de la violencia por parte del Estado y, por
tanto, teóricamente se legitima la posibilidad de recurrir a la fuerza para
restaurar un orden legítimo. Eso es lo peligroso de las políticas de violación
de los derechos humanos: no son eficientes, ya que en lugar de producir
seguridad producen inseguridad. Y, por ende, justifican el recurso a la
violencia y legitiman los movimientos rebeldes o insurgentes que presentan la
violación de derechos humanos como la causa principal de su lucha, concitando
en la comunidad interrnacional simpatía, apoyo y solidaridad.
Lo anterior nos demuestra por qué las Fuerzas Armadas deben someterse
al imperio de la ley en toda sociedad democrática, y también demuestra por qué
el respeto a la legalidad constituye la mejor fuente de seguridad y es a la vez
sustento de la tesis respeto a que el Ejército en una sociedad democrática debe
estar absolutamente subordinado a las prescripciones legales, así como mantener
una forma de actuación que permita sostener y consolidar la legitimidad de la
institución.
Así como el respeto a la ley es la fuente básica de la legitimidad
interna, también lo es de la externa. En este mundo globalizado e
interdependiente de hoy en día la comunidad internacional está muy bien
informada acerca de lo que ocurre en cualquier país del mundo. En la actualidad
ya no es posible acultar nada, y tratar de engañar o distorsionar los hechos
es, a la vez, patético y ridículo.[52]
La comunidad internacional juzga drásticamente a todos aquellos países
que se apartan de los cánones de la legalidad y de la legitimidad
internacionales. Entre otras razones porque con su ineficiencia provocan
mayores problemas que los que, supuestamente, deberían resolver.
CAPITULO VIII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los avances logrados en el Continente Americano en la consolidación y
fortalecimiento de la democracia en las últimas dos décadas son ejemplarmente
notorios y significativos, destacándose principalmente la desaparición de los
regímenes militares y autoritarios y el establecimiento de la paz en Centro
América (Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica) y Sur
América (Ecuador-Perú), quedando pendiente el proceso interno de gran magnitud
en Colombia y el régimen comunista de Cuba. Sin embargo, aún persisten
innumerables problemas de significativa importancia, que de no buscarse las
soluciones satisfactorias, la democracia
podría verse afectada en muchos paises del continente.
En las Cumbres de Jefes de Estado y de gobiernos del continente, Miami
(1994) y Santiago de Chile (1998), se han ubicado y señalado los principales
problemas comunes que afectan a nuestros pueblos y fueron definidas las voluntades y prioridades políticas para la
región, recogidas en una declaración de principios basados en el desarrollo y
la prosperidad: fortalecimiento de la
democracia, libre comercio, desarrollo sostenible en las Américas, el
diálogo político, la estabilidad
económica, el progreso hacia la justicia social y la voluntad para seguir
impulsando el proceso de integración hemisférica permanente. La focalización de
estos temas y la implementación de las políticas tendentes a solucionarlos son
enteramente necesarios para imprimir la garantía de una verdadera gobernabilidad
y servir de base y sostén para el fortalecimiento de la democracia. De
coronarse las metas y objetivos trazados se lograría una sociedad más justa,
más equitativa, más libre y más humana, que en sí significan el objeto final de
la verdadera democracia.
La Organizacón de Estados Americanos (OEA) y el Sistema Interamericano
en general, desde su creación, han puesto interés en el tema de la democracia.
Sin embargo, la ideologización de las relaciones hemisféricas derivadas de la
lógica de la Guerra Fría, hicieron que la retórica prevaleciera en la mayoría
de las oportunidades. Desaparecido el Muro de Berlín y acontecido el
desmoronamiento del comunismo, en el continente Americano se le ha dado
prioridad al tema de la democracia representativa, contando con el decidido
compromiso del gobierno de los Estados Unidos (administración del Presidente
Clinton) para forjar una verdadera sociedad de las Américas, fortalecer las
instituciones democráticas, defender los derechos humanos, luchar por la
justicia social y apoyar reformas económicas y libre mercado, además de
proteger el medio ambiente. En la reunión de Presidentes y Jefes de Gobierno
celebrada en Miami (1994), convocada por el Presidente Clinton, la OEA prestó
no solo su apoyo sino que desarrolló un activo papel durante las reuniones que
la antecedieron.
La Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD) es uno de los
instrumentos y mecanismos con que cuenta la OEA para apoyar a los Estados
miembros en sus esfuerzos para consolidar y fortalecer las instituciones
democráticas. Los Estados miembros que, en el pleno ejercicio de su soberanía,
requieran colaboración o asistencia para preservar o fortalecer sus
instituciones políticas y sus procedimientos democráticos, la Unidad para la
Promoción de la Democracia ofrece un programa de apoyo para el desarrollo
democrático con el cual se pueda responder pronta y efectivamente.
La Resolución 1080 (Santiago de Chile, 1991), aprobada por todos los
países miembros de la OEA, otorga los mecanismos necesarios para que el
Secretario General de la OEA o cualquiera de los países miembros pueda, de
urgencia, convocar los cancilleres del continente, cuando surja una situación
de riesgo grave para la democracia por vía de un golpe o cambio de orden
constitucional.
Para buscar una mejor garantía y legalidad en la aplicación de la
Resolución 1080, los Jefes de Estado
dieron otro significativo avance para el fortalecimiento y defensa de la
democracia en el continente con el Protocolo de Washington, 1992, incorporando
un nuevo artículo en la Carta de la OEA que promoviera y defendiera la
democracia, frente a situaciones de derrocamiento por la fuerza de gobiernos
democráticamente constituídos.
Para fortalecer y afianzar la democracia hay que tener en cuenta a
primera mano los principales objetivos de la misma:
1ro. La
libertad, principal objetivo del orden democrático. La libertad apegada a las
leyes, hace posible que las personas desplieguen toda su potencialidad innata y
se realicen así como seres humanos. Toda limitación a la libertad comporta un
cercenamiento a la capacidad de desarrollo personal.
2do. La
igualdad. La falta de igualdad ante la ley y las desigualdades en las
oportunidades en lo económico y social, marcan una limitación no deseable en el
ejercicio de la libertad personal.
3ro. El
pluralismo. En el pleno ejercicio de la democracia, debe existir el respeto a
las minorías y a los puntos de vista discrepantes de las decisiones tomadas por
la mayoría.
4to. La
solidaridad. Sin apelar al
paternalismo, en un régimen democrático se debe velar por los más necesitados,
brindando oportunidades compensatorias frente a las discapacidades y la falta
de recursos.
5to. La
participación. Si no existe la participación ciudadana la democracia no podría
desarrollarse. Toda persona aspira a la participación política para realizarse
como sujetos libres capaces de decidir y aportar a la realización colectiva.
La consolidación de la democracia en muchos países del continente
podría fracasar, si los problemas significativos que han sido detectados no son
solucionados. En este proceso, aunque existe la generalidad de problemas comunes en los países latinoamericanos,
intentar homogenizar una receta modelo para su solución en la región, resultaría
en un error debido a la variedad de democracias y a las particularidades de
cada país. Así vemos orígenes democráticos distintos en cada país, variando en
tradiciones y culturas políticas. También democracias que se ven afectadas por
conflictos internos peculiares, ya sea
por guerrillas, narcotráfico o por corrupción. Otras democracias pasan por
situaciones distintas que las contradicen, como es el caso del desarrollo de
reformas económicas e institucionales, que garanticen un adecuado crecimiento
económico sustentable en el tiempo.
Aunque existen estas peculiaridades y situaciones especiales que
indiquen acciones priorizantes, en lo general existen tareas similares que
deben enfrentar las democracias de América Latina. En el contexto actual de
interdependencia y globalización económica, los países se ven en la necesidad
de mejorar su credibilidad y su desarrollo en forma sostenida, que para poder
realizarse es prioritario el desarrollo institucional que le de sustentabilidad
y transparencia.
Para proseguir en la consolidación del camino democrático
latinoamericano, es necesario enfatizar sobre algunas iniciativas que son
insdispensables:
1. El respeto a
los derechos humanos y la promoción y desarrollo de las libertades políticas y
los derechos civiles. El conjunto de derechos y libertades considerados como inherentes a la naturaleza
humana, implica especialmentete su aplicación y respeto por todo el poder
político. En mayor o menor escala, en todos los países del continente existen
violaciones de estas facultades, que los gobiernos se han comprometido a
solucionar mediante acciones conjuntas y particulares. Cabría señalar los casos
donde la intervención interamericana es priorizante y necesaria, debido a la
acentuada violación y supresión de derechos civiles, humanos y libertades
políticas: El caso de Colombia merece la atención y cooperación continental, porque los problemas internos
de las narco-guerrillas mantienen en estado de situación a gran parte de ese
país, ya no solo con sus acciones de terrorismo, secuestros y estatus al margen de la ley, sino que los
mismos trascienden sus fronteras, convirtiéndose de un problema nacional a un
problema regional-continental y hasta mundial; Haití vive una situación
extremadamente preocupante debido a la falta de institucionalidad, provocando
la ingobernabilidad, la constante violación de los derechos básicos del hombre
y el recrudecimiento del alto índice de la pobreza, por lo que se hace
imperante la asistencia interamericana y de la comunidad internacional a través de
ayudas humanitarias, observadores y asesores fijos que puedan orientar y
conducir a las autoridades por el camino del restablecimiento institucional; Cuba se encuentra prácticamente aislada de la comunidad
interamericana debido a su sistema de gobierno comunista que prohibe la libertad
de expresión y pensamiento, el libre tránsito y de prensa y la pluralidad de
partidos políticos. En la medida que el pueblo cubano pueda disfrutar de la
interacción entre las naciones y de la
comercialización con apertura de mercado que el actual bloqueo económico,
impuesto por los Estados Unidos, le suprime, en esa misma medida el propio
pueblo hará que las autoridades reorienten sus políticas de conducción de la
nación.
Es imposible
pensar que en un ámbito general serán respetados los derechos humanos, pero sí
es factible que con la voluntad y decisión política de los gobernantes se
puedan minimizar las violaciones, dándole cabida y respeto a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, además de las políticas y medidas internas en cada país.
2. La batalla
contra la corrupción. La voluntad firme y decidida de los gobernantes para
combatir todo tipo de acto de corrupción, debe estar encaminada a la acción de
fortalecer y actualizar los instrumentos jurídicos y de control, dejando a un
lado la retórica tradicional politiquera y asumiendo con responsabilidad los
acuerdos arribados en la Cumbre de Presidentes en Santiago de Chile.
3. La cooperación
y asistencia entre los pueblos para combatir al narcotráfico. El flagelo de las
drogas es un problema común a todos los países del hemisferio y del mundo,
desde los productores, los que sirven de puente y tránsito, hasta los de alto
índice de consumo. Las drogas ilícitas se han convertido en un asunto de seguridad
nacional, regional, hemisférica, de soberanía para algunos países y,
definitivamente, de gobernabilidad, por lo que se requiere de acciones
conjuntas para adecuar la leyes, ofrecer capacitación para programas de
prevención, promover el desarrollo alternativo y combatir el tráfico ilegal de
estupefacientes y control adecuado de los químicos relacionados.
4. La superación
de la pobreza en la región. La realidad actual de la pobreza en el hemisferio
es altamente preocupante. En el 92% de la población latinoamericana está
enquistada la pobreza y la indigencia, lo que es un claro indicativo de la
inequidad en la distribución de la riqueza. De aquí se desprende el desafío de
las autoridades actuales: desarrollar reformas que permitan obtener economías
sanas y en crecimiento sostenido tomando como base a la equidad e igualdad de
oportunidades para todos, donde sea factible la movilización social ascendente,
mejorar la cantidad y calidad de los servicios sociales, ofrecer mejores
servicios de salud, apoyar y propagar la educación especialmente focalizada a
sectores de menores ingresos, propiciar políticas de viviendas a los más
necesitados y revisar las políticas tributarias.
5. Adecuación y
fortalecimiento de los partidos políticos. La democracia representativa basa su
esencia en la existencia de los partidos políticos, organismos éstos cuya
función dentro de la sociedad es considerada como factor esencial e insustuible
en la formación de la opinión pública para la expresión libre de la voluntad
popular. Existe en la actualidad una crisis de
descrédito de los partidos políticos, debido a lo anticuado de los
programas políticos y económicos frente a los cambios vigentes, a la poca
receptividad de las demandas provenientes de distintos sectores que tratan de
insertarse en la arena política, la corrupción de los dirigentes políticos que
viven de la política y de los beneficios y oportunidades que esta propicia,
entre otros males.
Se hace necesario pues,
que los dirigentes políticos propicien medidas orientadas hacia una participación ampliada y diversa, que
dejando de lado la democracia de las minorías, se orienten hacia una auténtica
democracia de participación plena; que los partidos se fortalezcan y que actúen
a favor del interés nacional, por encima de intereses personales o de grupos,
hablando siempre con la verdad y omitir la manipulación, el engaño y la
demagogia; que los partidos desarrollen con claridad ante la sociedad los
proyectos de gobierno, de manera que la población pueda identificarse con el
más apropiado para la nación, y; que los líderes estén comprometidos con las
estructuras que representan, y que tengan las características esenciales de
honestidad, con altos estándares morales y éticos.
6. El respeto al
imperio de las leyes y la adecuada
creación de las mismas. La actuación efectiva y equitativa de todo gobierno
popular, utiliza esencialmente el principio de respeto a la ley, tanto a los
gobernados como a los gobernantes. Este principio democrático (respeto a la
ley) es la base esencial y primordial para la excelencia de los puros
gobiernos. La igualdad de condiciones para todos los ciudadanos ante la ley,
está contemplada en las Constituciones, sin embargo existe una gran distancia
entre la literatura y el espíritu. La realidad nos dice que la igualdad ante la
ley no funciona debido a factores de peso que evitan la equitativa aplicación
de la misma: la gran incidencia de los medios de comunicación de masas que
ejercen presiones inadecuadas sobre la justicia; la falta de independencia del
poder judicial, y; la inoperabilidad de los sistemas.
Resulta necesario el
fortalecimiento del poder judicial frente a los demás poderes del Estado, con
la creación de nuevas garantías constitucionales para la protección judicial de
los derechos fundamentales, con una independencia en el manejo presupuestario.
Asimismo que los jueces elegidos, que
tendrán en sus manos la administración de la justicia con autoridad y potestad
para juzgar y sentenciar, resulten personas probas, honestas, honradas y
rectas, con un gran sentido de responsabilidad y equidad.
Por otro lado, los
responsables de la creación de las leyes, deben tener siempre pendiente que las
mismas (las leyes) también se pueden emplear para establecer y mantener las
prácticas más antidemocráticas, como por ejemplo las leyes que establecieron y
mantuvieron el racismo y la esclavitud de los negros en los Estados Unidos, y
aquellas que son creadas para favorecer y beneficiar a particulares y a los
estamentos políticos que representan. De aquí se desprende lo importante que es
para una democracia fuerte y sana, poseer una cultura legal que valore el
imperio de la ley y otorgue legitimidad a los tribunales y demás instituciones
legales.
7. El aumento de
participación de la ciudadanía en los procesos políticos a través del
fortalecimiento de la sociedad civil. La ciudadanía en general tiene los medios
a través de las sociedades civiles, de fortalecer las instituciones del sector
público a afectos de que cumplan con sus deberes establecidos en la Constitución
y las leyes. Las sociedades civiles constituyen en la actualidad un freno para
la violencia y el desorden de demandas, ya que se convierten en espacios
políticos para el ejercicio del reclamo justo y la obtención equitativa de
soluciones de consenso. A la ciudadanía que acciona en las sociedades civiles,
por tanto, se le requiere una formación y alto desarrollo de la educación y
conciencia cívica y política, que sepan poner el país por encima de intereses
específicos.
8. Las Fuerzas
Armadas como soporte primordial de la democracia. El principal garante de la
institucionalidad democrática lo constituye hoy día las Fuerzas Armadas de las
naciones. Las Fuerzas Armadas constituyen
la única institución del Estado capaz, además de cumplir las
responsabilidades tradicionales de defensa de la soberanía nacional, integridad
territorial, la independencia y el mantenimiento del orden interno, de asumir
otras responsabilidades civiles y policiales como son la protección del medio
ambiente, la lucha contra el narcotráfico, combate al tráfico de ilegales y de
armas, asistencia en la ocurrencia de desastrres naturales, entre otros. Es por eso que se hace necesario cada vez
más: el fortalecimiento de las instituciones militares; la erradicación total
de la política de los cuarteles; la profesionalización de sus miembros, y;
establecer a sus miembros sueldos justos y razonables y cobertura social,
médica y educacional para sus familiares.
Existe el espíritu y la voluntad política de los gobiernos del
continente de fortalecer y afianzar la democracia en todo el hemisferio, en un
proceso contínuo y ascendente, que se logrará con la equitativa distribución de
la riqueza, con el robustecimiento institucional, con una gobernabilidad dentro
de los parámetros, con una sociedad civil siempre activa y vigilante y el respeto al imperio de la ley.
Hay mucho
camino por recorrer y los obstáculos nunca dejarán de estar presentes en éste
proceso para obtener la democracia deseada. Servirá siempre de estímulo para
seguir adelante las comparaciones con otros sistemas de gobierno y el recuerdo
de las historias amargas de los gobiernos autoritarios y déspotas.
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Información de la Cumbre de las Américas. Foro Democrático. Democracia y
Derechos Indígenas. Fuente internet:www.summit-americas.org/indigenous.
[43] Tertulia sobre sociedad civil. Ricardo A. Puerta. 1998. Dentro de la tradición estadista (Platón, Hobbes, Marx, Lenin, Stalin) se enfatiza lo inverso: La sociedad civil es la organización política del Estado y existe para expresar y perfeccionar los asuntos y proyectos polícos del Estado. Sólo se acepta y promueve la gobernabilidad política, no la social. Dentro de este paradigma, el contenido lo da el Estado y la forma es la sociedad civil, buscando en su dinámica la unidad monolítica de las masas y las clases en el pensar y actuar.